El Gobierno rechaza eliminar el régimen de promoción económica de la provincia de Tierra del Fuego, que promueve una serie de incentivos fiscales y podría habilitar una recaudación equivalente a unos US$1300 millones.
“No lo vamos a tocar por seguridad jurídica y para no perder la confianza de los inversores en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Son contratos que ya están firmados y el sistema se prorrogó hasta 2038. Hay que preguntarle a los diputados que lo votaron por qué lo hicieron”, le expresó a TN un funcionario cercano a Javier Milei.
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Cómo funciona el régimen especial de Tierra del Fuego
El régimen de promoción de la industria fueguina se aprobó en 1972 a través de la Ley 19.640 y aplazado por Alberto Fernández mediante el decreto 727/2021 hasta el año 2053, condicionado a una evaluación de resultados en el año 2038. La Cámara de Diputados lo convalidó en la Ley de Presupuesto que se trató en 2022.
El marco establece beneficios fiscales como la liberación de pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en compras y ventas, la exención de Ganancias y de aranceles a la importación. Reduce también el pago de alícuota en Impuestos Internos (6,5%) para productos alcanzados por una alícuota del 17%.
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En el denominado gasto tributario de 2024, la liberación del IVA significa $412.227.000.000 (0,12% PIB), la exención de Ganancias representa $241.177.000.000 (0,07% PIB) y la alícuota reducida en Impuestos Internos sobre productos electrónicos se estima en $238.287.000.000 (0,07% PIB). En tanto, los derechos de exportación representan $254.151.000.000 (0,07% PIB).
Los principales productos electrónicos alcanzados por este esquema son aires acondicionados, hornos, microondas, teléfonos celulares, monitores, televisores, equipos de audio y video, entre otros. El régimen está cerrado para el ingreso de nuevas empresas y productos, pero el decreto 479/95 habilita que las empresas puedan solicitar la sustitución de productos obsoletos por otros de mayor relevancia comercial.
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La Coalición Cívica (CC) presentó un proyecto para eliminar el régimen en 2022 que propone el cobro de impuestos a las empresas beneficiadas de forma progresiva en cuatro años: del 25% al 50% y luego el 75%. El último año ya estarían liberados de exenciones fiscales.
Sus integrantes apuntan contra el Gobierno por no liberar el régimen o habilitar el pago de algunos impuestos. Se respaldan en que la Ley 19.640 prevé una liberación progresiva impositiva a los diez años de su legislación y aseguran que no violarían la seguridad jurídica de los contratos.
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La oposición logró incluir un artículo en el paquete fiscal para que la Casa Rosada presente un proyecto de ley que modifique las exenciones tributarias y beneficios impositivos actuales. Lo impulsó el diputado de Hacemos Coalición Federal (HCF) Nicolás Massot y consiguió 141 votos a favor contra 81 negativos y 0 abstenciones.
Allí propuso “instar al Poder Ejecutivo nacional a que, en el plazo perentorio de sesenta (60) días de sancionada la presente, envíe a este Congreso un proyecto de ley tendiente a incrementar los recursos corrientes de la Administración hasta en un dos por ciento (2%) del Producto Bruto Interno (PBI), mediante la supresión o modificación de exenciones tributarias, beneficios impositivos o de cualquier otro gasto tributario en los términos del artículo 2° del decreto 1.731/2004″.
Tras la votación en Diputados, el gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, criticó a los legisladores que acompañaron la moción y expresó que “hacen demagogia con el futuro de nuestra provincia y el de miles de fueguinos y fueguinas”.
Acusó a Massot de “no tener ni idea de lo que significa la industria de Tierra del Fuego” y manifestó que “la modificación al subrégimen de promoción industrial de nuestra provincia pone en riesgo todo el aparato productivo de Tierra del Fuego y amenazan más de 10.000 puestos de trabajo directo y otros tantos indirectos”.
Con información de TN
