GREVE: El Comité va a colaborar con los Poderes del Estado y con el Servicio Penitenciario

Río Grande, martes 30 de agosto de 2022.- El legislador Federico Greve (FORJA) fue designado ayer, como secretario del Comité de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Fue en la sesión que se celebró en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), luego se entrevistaron con los directivos de la Unidad de Detención N° 1 en la ciudad. Desde las ONG de DDHH creen en el “espíritu de consenso para mejorar situaciones” carcelarias en la Provincia.

En diálogo con Prensa Legislativa, el Legislador señaló que asumir como secretario es una “enorme responsabilidad” en el marco de lo dispuesto por la Ley provincial N° 857 y lo establecido por el Comité a nivel nacional. “Esta reunión fue muy fructífera” y resaltó la aprobación del reglamento interno de funcionamiento y adelantó la redacción de sendos documentos con miras a describir la situación carcelaria de Tierra del Fuego, dirigidos al Ejecutivo fueguino y al Poder judicial. Buscan reunir “información dura” del sistema penitenciario de las dos ciudades.

 

Consultado por la función del Comité en la Provincia, el Legislador se esperanzó en “colaborar con los Poderes del Estado; no es una función inquisidora, es colaborar para mejorar las condiciones de detención de las personas en Tierra del Fuego”, describió.

 

Desde las ONG de DDHH, José Piñeiro reconoció que se avanza “sobre pasos firmes” en el trabajo del Comité y recordó la definición que se dio del reglamento interno del cuerpo: “Una herramienta fundamental para comenzar a funcionar”, dijo ayer luego de la sesión.

 

Respecto de la visita a la Unidad de Detención N° 1 en la ciudad, dijo que resultó “valiosa” por el caudal de datos que les aportaron desde el Servicio Penitenciario y esperan continuar con “el trabajo que tenemos encomendado”. Señaló asimismo el intercambio de opiniones que se da entre los Poderes, de las ONG que “se están llevando en muy buenos términos, con el norte en mejorar situaciones con padecimientos, torturas y hechos de ese tipo en la Provincia”, señaló.

 

Sobre el funcionamiento del Comité recientemente creado, el referente de la Multisectorial por los DDHH de Río Grande, dijo que esperan “mantener el espíritu de consenso para mejorar situaciones en una Provincia en la que hay muchísimas posibilidades de hacer las cosas bien” y lo ató a la población y el presupuesto con que se cuenta.

 

En tanto, el director Provincial del Servicio Penitenciario de la Provincia, Claudio Canovas dijo que el Comité se presentó formalmente ante esa dependencia en el marco de la Ley que regula el Comité contra la tortura en la Provincia. En este sentido, dijo que los miembros del cuerpo se pusieron a disposición y ofrecieron “trabajar de manera conjunta”.

 

Durante la entrevista, Canovas y funcionarios del área dieron detalles sobre la cantidad de internos alojados en las dependencias en ambas ciudades, las distintas causas que se tramitan, el estado edilicio de las dependencias, entre otros aportes.

 

“Contamos cómo estamos en Río Grade”, dijo al tiempo que ampliaron información sobre la realidad en la capital fueguina. “Hablamos sobre las condiciones edilicias, cómo están los internos alojados en Ushuaia aunque también en Río Grande necesitamos una ampliación urgente”.

 

Finalmente, el funcionario admitió que “no vemos al Comité como un órgano contralor, sino que es un ámbito que se creó para trabajar en conjunto y esperamos que puedan ayudar en las políticas penitenciarias que necesitamos y que son muchas”, cerró Canovas.

 

De la sesión concretada ayer, participaron los legisladores Pablo Villegas (MPF) y Federico Greve (FORJA); el juez del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Gonzalo Sagastume; el secretario de Justicia del Gobierno fueguino, Dr. Gonzalo Carrillo Herrera y desde las ONG, los referentes José Piñeiro y Analía Castonjauregui; de manera remota lo hizo también, Florencia Villareal.

 

La Ley provincial N° 857 sancionada en octubre de 2011 y promulgada en noviembre de ese mismo año, estableció al creación del Comité de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Según el diario de sesiones de la época, los Legisladores y Legisladoras comprendieron que “es importante crear un ámbito de participación mixta, institucional y ciudadana” en pos de la aplicación de la Convención contra la Tortura.

 

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