En horas de la mañana del pasado jueves, integrantes de distintas cooperativas se movilizaron y tomaron ilegalmente la sede del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia en Río Grande en reclamo de “trabajo” y el cumplimiento de promesas supuestamente incumplidas por el Gobierno provincial.
Al día siguiente, y desde la cartera que conduce Gabriela Castillo, se presentó una denuncia penal en el Juzgado de Instrucción Nro. 1 de esa ciudad.
Con el transcurrir de las horas, distintas cooperativas se despegaron de la protesta y expresaron su rechazo a la toma.
Tal es el caso de la Cooperativa de Trabajo Trabajadores Unidos Ltda., que a través de un comunicado dejó sentado su “enérgico repudio a la toma violenta” de la dependencia, calificando el hecho como un “acto de irracionalidad”.
El texto expresa además que “el actual gobierno de nuestra provincia ha generado una fuerte inclusión del cooperativismo en su sistema de contratación de la obra pública”.
En similares términos se pronunció la Cooperativa de Trabajo Unida RG Ltda., al considerar que “el camino de la violencia en cualquiera de sus formas jamás es el correcto”, dejando sentado su repudio a los hechos ocurridos el pasado jueves. También destacó el “diálogo fluido” con el Gobierno provincial, particularmente con funcionarios del área de Obras y Servicios Públicos.
Por su parte, la Cooperativa Esperanza se despegó de la violenta movilización, al puntualizar que no participó de la toma.
Finalmente, la Cooperativa de Trabajo Herederos también repudió los actos de violencia vividos en la sede del Ministerio en Río Grande, considerando que son episodios “que lesionan el espíritu del cooperativismo”.
Al igual que lo expresado por otras cooperativas, “Herederos” también puso de manifiesto la disposición de la administración provincial de incluir al movimiento cooperativo en la contratación de la obra pública.
