Mediante un comunicado de prensa difundido por la empresa en las últimas horas, se oficializó que «Latam Airlines Brasil inicia la venta del nuevo servicio Sao Paulo — Islas Malvinas».
El nuevo vuelo se realizará todos los miércoles en aviones Boeing 767 con capacidad para 221 pasajeros y se enmarca en el plan ejecutivo del Acuerdo Foradori-Duncan que, en septiembre de 2016, fue pactado entre el gobierno del presidente Mauricio Macri y la cancillería británica, estableciendo “adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos”, exclusivamente a favor de los ingleses y sin hablar de soberanía.
Para tal fin, el pasado 2 de septiembre, el presidente Mauricio Macri autorizó a la mencionada empresa aérea, mediante Decreto 602/2019; a cubrir semanalmente la ruta desde San Pablo (Brasil) hasta el aeropuerto de Monte Agradable en Malvinas; con una escala mensual en la ciudad de Córdoba.
Tanto la búsqueda de “acercamiento”, como la generación de “confianza” expresada como “política de seducción” por el Canciller Jorge Faurie, como motivo principal para ponderar el Acuerdo Foradori-Duncan, como el Decreto 602 que autoriza la ruta aérea sobre territorio nacional, contrastan con las tarifas -base económica- aplicadas por Latam para los argentinos; toda vez que un ida y vuelta en el vuelo inaugural desde San Pablo a Malvinas, posee un valor de u$s 1052,50; en tanto que desde Córdoba al mismo destino, el boleto asciende a u$s 1528,50, como puede comprobarse en el sitio web de la aerolineas www.latam.com.
Este segundo vuelo se suma a la frecuencia mensual que ya opera la misma aerolínea desde Punta Arenas, en Chile, hasta las Islas Malvinas con una escala en Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz.
Por ese segundo vuelo, el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim) presentó en septiembre un recurso de amparo contra la decisión del Gobierno argentino de autorizar este nuevo trayecto, argumentando que la nueva conexión es inconstitucional y viola la soberanía de Argentina.
