Un informe del International Journal of Gynecology and Obstetrics destacó a Uruguay como el segundo país con menor mortalidad materna en toda América, solo superado por Canadá. De acuerdo a la publicación especializada, esa cifra es consecuencia de la aplicación del modelo de reducción de riesgo y daños del aborto inseguro, seguido por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo aprobada en 2012.
“Reducción de la Mortalidad Materna Mediante la Prevención del Aborto Inseguro: La Experiencia del Uruguay”, se titula el trabajo editado por el médico brasileño Anibal Faúndes, del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad Estadual de Campinas en San Pablo. Allí se destaca que en el país vecino el aborto pasó de provocar el 37,5 por ciento de las muertes maternas en el período 2001-2005 a solo el 8,1 por ciento en 2011-2015.
Según los datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tasa uruguaya de fallecimientos vinculados a embarazo, parto, puerperio y aborto es la más baja de América Latina y el Caribe, con 14 muertes cada 100.000 nacidos vivos. El informe del International Journal of Gynecology and Obstetrics precisa que de acuerdo a las estimaciones de la OMS para 2015, Uruguay redujo la mortalidad materna en 59,5 por ciento en los últimos 25 años, con un promedio anual de descenso de 3,7 por ciento.
“En la década del ’90, el perfil de mortalidad materna de Uruguay mostraba que la primera causa era el aborto inseguro, seguida por la hemorragia y otras complicaciones”, explica la publicación. Esa tendencia comenzó a caer con la aplicación desde 2001 del modelo de reducción de riesgo y daños del aborto, que tuvo un gran impulso desde el año 2005.
Ese modelo, acompañado por avances en educación sexual y reproductiva y en la universalización del acceso a la anticoncepción, “logró reducir claramente la mortalidad materna asociada al aborto inseguro”, afirmaron los especialistas y rescataron que eso se dio aun en el marco de leyes que todavía restringían el acceso al aborto seguro.
Uruguay aprobó en 2008 una ley que despenalizaba el aborto, pero fue vetada por el presidente Tabaré Vazquez, que cumplía su primer mandato. Las mujeres uruguayas tuvieron que esperar hasta 2012 para que finalmente se sancionara la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Según la norma, el aborto es completamente legal en un plazo de 12 semanas, que se extiende hasta 14 si fueron víctimas de una violación. No existe plazo cuando hay riesgo para la salud de la madre o el feto es inviable.
Para acceder a la interrupción legal, las mujeres deben pasar antes por la consulta de un ginecólogo, un psicólogo y un asistente social y después deben respetar un plazo de cinco días “de reflexión”. Además, la ley reconoce el derecho a la objeción de conciencia para los ginecólogos que no quieran realizar abortos.
El artículo de Gynecology and Obstetrics menciona que la implementación de esa política de legalización del aborto seguro “no sólo reduce las muertes evitables de las mujeres, sino que en lugar provocar un aumento en el número de abortos provocados, tiende a reducirlos”.
“Dadas las bajas tasas de aborto inducido reportadas oficialmente en tan corto período desde la implementación de la ley de despenalización del aborto, es posible que tal baja prevalencia se deba a las políticas desarrolladas desde el 2000 que incluyen educación en salud sexual y reproductiva, la universalización del acceso a la anticoncepción y el modelo de reducción de riesgos y daños”, concluye el artículo.
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