A fines del año pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que el Gobierno nacional le restituyera a Córdoba, Santa Fe y San Luis el 15% de coparticipación que el Estado nacional les quitaba a las provincias desde 1992 para financiar la caja de la ANSES.
La expresidente Cristina Fernández de Kirchner redobló la apuesta y pocos días antes de dejar el poder, a través de un decreto de necesidad y urgencia, anuló la quita que el Gobierno nacional realizaba desde hacía más de dos décadas y suplantar esos fondos con erogaciones del Tesoro Nacional.
Aquel decreto fue suspendido primero por la justicia y luego dejado sin efecto por otro DNU que firmó el actual presidente Mauricio Macri. El líder del PRO tomó aquella no exenta de polémica, ya que lo hizo en coincidencia con una asignación de recursos extraordinaria a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determinando que el Estado porteño percibiera en concepto de Coparticipación de Impuestos el 3,75%del total nacional, contra el 1,4% que percibía con anterioridad.
Detalles
La medida cosechó la reprobación de los gobiernos provinciales y Nación rápidamente instrumentó una estrategia para salir del conflicto: creó un programa denominado “Acuerdo para el Nuevo Federalismo” que contempla la devolución en cinco años del 15% que la Nación le retiene a las provincias de los fondos coparticipables para financiar el sistema previsional, y además corrigió el decreto que beneficiaba a Capital Federal, excluyendo al Fondo Federal Solidario –las regalías sojeras- de la aplicación del nuevo porcentaje a percibir por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El martes se reunirán en Puerto Madryn los gobernadores de todas las provincias junto con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, a discutir de qué manera se efectuará esa devolución, ya que en principio se sabe tras el primer encuentro realizado en Córdoba que la intención es hacer un reintegro escalonado, a razón de 3 puntos por año, hasta 2020 de los fondos que hoy van a parar a la ANSES.
Sin embargo existen entre el Estado nacional y los provinciales diversos acuerdos, que van desde programas de financiamiento de deudas hasta derivación de aportes extraordinarios para el sostenimiento de las cajas provinciales.
Todo ese universo que involucra miles de millones por año entrará en discusión a partir del encuentro que la próxima semana se dará en Chubut, sin contar la pelea que algunos estados quieren dar para recuperar parte de los fondos que algún momento resignaron en materia de Coparticipación Federal de Impuestos.
Primera
La primera ley de Coparticipación Federal de impuestos –de 1973- establecía un reparto equitativo de los recursos entre el Estado nacional y los estados provinciales, en tanto que la distribución secundaria se realizaría de acuerdo a un coeficiente que tomaría en cuenta la población total de cada Estado, la brecha de desarrollo de las provincias y la dispersión poblacional.
Aquella norma y aquellos índices se modificaron en 1988 con la sanción de la Ley Nº 23.548. Para la distribución primaria definió un 42,34% para la Nación y del 54,36% para las provincias, pero apartando un 2% para la recuperación del nivel relativo de desarrollo de las provincias más atrasadas –Chubut percibe un 0,1433% de esos fondos- y el 1% al fondo de Adelantos del Tesoro Nacional.
Pero a partir del gobierno de Carlos Menem y en los subsiguientes, ese esquema se fue modificando a través de leyes especiales e impuestos que generaban fondos de afectación específicos.
En 1992 se estableció que una quita del 15% de los fondos pre-coparticipables para el sistema previsional y al mismo tiempo se garantizó un piso mínimo de recursos coparticipables. Esa base creció a través de distintos instrumentos, pero al mismo tiempo los excedentes iban quedando fuera de la coparticipación y destinándose, por ejemplo, a la cancelación de deudas y el financiamiento de las reformas del Estado.
Desde 1994 la Ley de Coparticipación pasó a tener rango constitucional y su inclusión en la carta magna no sólo fijó el modo en el cual debe ser reformada, sino también la creación de contribuciones directas e indirectas, muchas de las cuales pueden ser prorrogables.
Hoy, la mayoría de los tributos sufren una detracción porcentual de fondos pre coparticipables que termina impactando en la cifra que perciben las provincias.
Así, por ejemplo, de lo percibido por el Estado nacional en concepto de Impuesto a las Ganancias y de Impuesto al Valor Agregado, un porcentaje importante va a financiar el déficit del sistema de pensiones y jubilaciones tras la reforma previsional.
Otros tributos
Lo mismo ocurre con otros tributos: una parte tiene afectación específica y una vez realizada la detracción, el saldo va a parar a las provincias a través de los fondos coparticipables. Por ejemplo, del impuesto a las exportaciones agrícolas- aquel del famoso conflicto entre el gobierno y el campo- una pequeña porción recién empezó a ser coparticipado a través del Fondo Solidario de la Soja, conformado por un 30% de los fondos que el Estado nacional percibe por las exportaciones de esa oleaginosa.
En ese contexto, el escenario regional y nacional muestra que más allá de la decisión del gobierno nacional de iniciar la devolución del 15% de los fondos que desde 1992 viene dejando fuera de la coparticipación para sostener el ANSES, hay mucho todavía para discutir sobre la distribución de los ingresos que hoy percibe el Estado argentino de sus propios contribuyentes.
A pocos días de la reunión de los gobernadores la incógnita es saber si este encuentro será el punto final en la discusión sobre la devolución de los fondos históricamente reclamados por las provincias, o el punto de partida para la discusión de una ley de coparticipación.
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