El titular del PAMI durante el gobierno de Carlos Menem Víctor Alderete fue acusado ayer de haber participado, durante la última dictadura militar, en una sociedad comercial presuntamente vinculada con la represión ilegal.
El fiscal federal Federico Delgado le pidió al juez Daniel Rafecas, que tiene a su cargo la causa por los delitos cometidos dentro de la órbita del I Cuerpo de Ejército, que investigara al ex funcionario por su vinculación con la empresa SMC SA, de la que Alderete fue síndico.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, esta sociedad perteneció a los ex jefes del I Cuerpo de Ejército Carlos Suárez Mason y de la policía bonaerense Ramón Camps (de las iniciales de ambos surge el nombre de la firma), y, aunque en teoría estaba destinada a brindar servicios de «seguridad e inteligencia empresarial», el fiscal sospecha que sus fines eran otros y que podría haberse dedicado, incluso, al tráfico de armas.
Pero el requerimiento de Delgado es mucho más amplio. Pretende, en realidad, que se lleve adelante una investigación sobre la «dimensión económica» del terrorismo de Estado, que castigue los delitos patrimoniales de la dictadura.
En este marco, Delgado pidió que la causa avanzara contra SMC y otras sociedades por la «posible vinculación» de miembros del I Cuerpo de Ejército con «secuestros extorsivos, en especial, de empresarios», que tenía por fin «el enriquecimiento particular», «solventar incursiones bélicas en el exterior» o «acopiar armamentos para experiencias de este tipo también en nuestro país».
Entre esas firmas, Delgado solicitó que se investigara también a Magister Seguridad Integral, sociedad que estuvo integrada por «miembros vinculados a la SIDE» cuando esta secretaría estuvo a cargo del general Otto Paladino (su mujer y su hija participaron de la empresa).
El requerimiento afirma que «la implantación del terror» tuvo un «efecto paralizante» en la sociedad y permitió «la explotación económica derivada de la asimetría de poder entre quienes eran parte del régimen y los que no». Según el fiscal, la dictadura concedió «licencias para delinquir» a quienes eran parte del sistema.
«Para decirlo crudamente: los hechos revelan que los funcionarios aprovecharon la represión para apropiarse de bienes de las víctimas o para realizar los más variados emprendimientos por medio de la «mercantilización del terror»», resumió Delgado.
Alderete fue el segundo ex funcionario menemista que afrontó un juicio oral -la primera fue María Julia Alsogaray-. En 2004, fue juzgado por el pago de sobreprecios en la compra de audífonos para jubilados. Mientras era investigado por el presunto delito de fraude al Estado, cumplió 15 meses de prisión preventiva.
