Como para que no quedaran dudas, Iribarne afirmó que el Poder Ejecutivo no tiene intención de enviar un proyecto de ley «este año ni el que viene» para que lo discuta el Congreso, con lo cual dilató cualquier debate legislativo sobre la materia hasta 2008.
«No se puede dar marcha atrás sobre lo que nunca se llevó adelante», insistió para aclarar que la propuesta de los especialistas no es definitiva.
El titular de Justicia formuló estos conceptos al término de una reunión que mantuvo con el bloque de senadores justicialistas. Iribarne fue uno de los ocho ministros que ayer expuso el interés de sus carteras sobre determinadas iniciativas legislativas ante el bloque oficialista del Senado en un desfile que duró más de diez horas.
En diálogo con los senadores, Iribarne destacó que su cartera está interesada en actualizar el Código Procesal Penal, para acortar plazos procesales y garantizar la rápida y efectiva resolución de las causas judiciales.
«Queremos que los crímenes no queden impunes por vericuetos procesales o por prescripción y dar certeza en la resolución de las causas», afirmó.
Pero sin dudas que el dato más importante de su visita al Senado fue la desautorización al anteproyecto de ley de un nuevo Código Penal.
El estudio fue realizado por un grupo de penalistas que fueron convocados para actualizar el Código Penal durante la gestión de Horacio Rosatti al frente de la cartera de Justicia.
Ese trabajo concluyó a fines de junio último y su divulgación por la prensa fue criticado por especialistas en materia penal, que objetaron que el trabajo reducía la condena de varios delitos de manera sensible y, en otros casos, directamente los despenalizaba.
Uno de los principales críticos del trabajo es Juan Carlos Blumberg, que llegó a amenazar con hacer una nueva marcha como la que encabezó al Congreso Nacional en reclamo de justicia por el asesinato de su hijo Axel, en 2004, para evitar la sanción de un Código Penal de esas características.
Según explicó Iribarne, el tema requerirá «un largo proceso». Por lo pronto, se preocupó en destacar que hasta el 15 de agosto próximo la comisión recabará las opiniones de juristas y organizaciones no gubernamentales y que el resultado será elevado al ministro a fin de ese mes. Cumplido este proceso, se resolverá cuál será el derrotero del anteproyecto.
Desfile de ministros
Otros siete ministros hablaron ante el bloque oficialista del Senado y dejaron algunas definiciones sobre cómo será la agenda parlamentaria que impulsará el oficialismo hasta fin de año. Así, el ministro de Salud, Ginés González García, consiguió el compromiso de los senadores kirchneristas de que aprobarán los proyectos de ley que restringen la publicidad y el consumo de tabaco y garantizan la gratuidad en la práctica de métodos quirúrgicos de esterilización (ligadura de trompas y vasectomía).
Sobre este último tema, el jefe de la bancada oficialista, Miguel Pichetto, aseguró que «hay acuerdo con la norma y su filosofía», con lo cual aventó rumores sobre los supuestos reparos a la iniciativa que habría planteado la titular de la Comisión de Salud, Alicia Kirchner, aunque no aclaró si el proyecto sufrirá modificaciones.
El titular de la cartera política, Aníbal Fernández, ratificó el pronto envío al Parlamento de la ley que obliga al uso del doble apellido (paterno y materno). En tanto, el ministro de Educación, Daniel Filmus, confirmó que antes de octubre próximo ingresará en el Congreso la nueva ley de educación nacional, que durante la semana pasada los docentes debatieron en las escuelas de varias provincias.
También dio casi como un hecho el pronto envío del nuevo Código de Justicia Militar la titular de Defensa, Nilda Garré. El texto está a estudio de la Secretaría Legal y Técnica, informó. Y la ministra de Economía, Felisa Miceli, trazó proyecciones económicas hasta fin de año (ver aparte).
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, anticipó algunos lineamientos generales de la nueva ley de aseguradoras de riesgos del trabajo (habría una opción excluyente entre el juicio por daños y el cobro de la indemnización que fije la nueva normativa), y pidió tiempo para analizar en profundidad el proyecto de licencias laborales (maternidad, paternidad y adopción).
Por último, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, dijo que la ley de fomento a la exploración de hidrocarburos es una de las prioridades de su cartera, y ratificó la continuidad de la política de subsidios al transporte con el objetivo de poder mantener estables las tarifas de ese servicio.
Por Gustavo Ybarra
De la Redacción de LA NACION
