Fuentes del Gobierno y del Poder Legislativo confirmaron ayer a LA NACION que está casi decidido el aumento en los impuestos internos, que tienen una alícuota nominal de un 60% y que representan un 47,4% del precio de los paquetes. Un 68,1% del valor total de ese producto está compuesto por diversos gravámenes tributarios.
«Hay un problema entre las grandes empresas (Massalin y Nobleza Piccardo) y eso impide que se firme el convenio; si no se ponen de acuerdo, los impuestos suben», disparó una calificada fuente del Palacio de Hacienda que conduce la ministra Felisa Miceli.
Un importante legislador justicialista precisó que, dadas las diferencias que existen entre los diferentes actores de este conflicto, «es posible que los impuestos suban a fin de mes, por lo que la carga tributaria total pasaría de un 68 a un 75 por ciento del valor del paquete».
El convenio mencionado, tal como informó LA NACION en abril pasado, busca «mejorar la recaudación y los controles sobre la evasión y la competencia ilegal», por medio de un piso de recaudación anual de $ 4200 millones para este año y de 4400 millones para 2007, después de los $ 3900 millones obtenidos en 2005.
Pactos previos
Se trata de la renovación de una serie de pactos previos que permitieron, entre otros elementos, mantener el impuesto adicional de emergencia sobre las ventas (FAS) en un 7%, en lugar del 21% previsto desde la reforma impositiva de 2000.
El nuevo acuerdo establecería la continuidad de la alícuota del FAS, de los impuestos internos y del IVA, y aclara que, si se superaran los objetivos anuales de recaudación, los excedentes serían destinados a crear dos registros: uno que manejará la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de «instrumentos fiscales» y otro integrado por «acopiadores, fabricantes, importadores, exportadores y mayoristas» del sector tabacalero.
Pero todo ese esquema está «congelado» y puede desembocar en un choque que derivaría en un incremento del precio de los paquetes. En ese sentido, fuentes de Massalin Particulares, controlada por Philip Morris, indicaron que «un convenio de recaudación es bueno, pero el problema es que la tributación mínima por decreto fue apelada [por las empresas chicas], por lo que no resultó efectiva; por lo tanto, la única opción correcta es que haya un convenio por ley».
En cambio, en Nobleza, filial de British American Tobbaco, informaron que están «dispuestos a firmar un acuerdo en forma inmediata como puente hasta que se sancione el marco legal para el sector».
El mencionado marco legal es la ley antitabaco que está frenada en el Congreso por múltiples presiones cruzadas del sector privado, el Gobierno y las provincias tabacaleras. Entre las propias tabacaleras existen diferencias por ese proyecto: Massalin pretende que incluya un precio mínimo cercano a su marca líder, Nobleza una banda de referencia y las pymes se oponen a cualquier cambio (ver aparte), aunque todas están de acuerdo en quejarse por la idea de que se prohíba la publicidad de cigarrillos.
En cuanto al convenio de recaudación, en Massalin indicaron que había coincidencia «con las líneas técnicas de Economía sobre lo que íbamos a firmar, pero después nos dijeron que no se podía avanzar». En cambio, en Nobleza dijeron que el Gobierno «tiene razón en protestar porque hace dos meses que está esperando para firmar; no tiene sentido esperar a la sanción de la ley marco, que puede tardar mucho tiempo, aunque luego si se concreta es posible que haya que revisar el convenio».
Ante semejante puja, la proyectada suba de impuestos «se trasladará en forma directa a los precios», advirtieron a coro en el sector privado.
Decisión contraproducente
«Si suben los impuestos se incrementarán los precios y, aunque en el corto plazo esto permita subir la recaudación, claramente esta decisión afectará la suba de los ingresos públicos por una baja en el consumo en el largo plazo», advirtieron desde las tabacaleras. «Una suba en los impuestos como la que prevé Economía también aumentará el contrabando y la inflación», agregaron con firmeza.
Pero en Economía redoblaron la apuesta al afirmar que si las empresas suben los precios, redoblarán la dureza del proyecto de ley que se estudia en el Congreso. Además, según explicaron, «no habrá ninguna pérdida fiscal por una eventual suba en los precios, porque esa hipótesis ya fue estimada durante la preparación técnica del convenio».
Por Martín Kanenguiser
De la Redacción de LA NACION
