Por primera vez el ex presidente Fernando de la Rúa declaraba hoy como imputado del supuesto pago de sobornos a los senadores, en 2000, para que aprobaran la ley de reforma laboral, se informó en los tribunales.
El ex jefe de Estado respondía a las preguntas del juez federal Daniel Rafecas y el fiscal federal Federico Delgado, a la vez que presentó un escrito defensivo de unas 200 páginas, adelanto de su inédito libro sobre el caso, en el cual desmiente todas las acusaciones en su contra.
Allí, según adelantó su abogado Miguel Almeyra a la agencia DyN, el ex mandatario «demuestra artiméticamente que el Gobierno tenía dos tercios de los votos en el Senado para la aprobación de la ley y por lo tanto no necesitaba de ninguna maniobra».
También «confirma lo que han declarado en la causa desde el edecán presidencial hasta el último de los empleados de la Casa Rosada: no hubo ninguna reunión en el despacho presidencial con senadores y el secretario parlamentario Mario Pontaquarto».
La confesión del arrepentido Mario Pontaquarto reimpulsó esta causa el 12 de diciembre de 2003 último cuando se presentó a declarar y dijo que el 18 de abril de 2000, por orden del entonces presidente Fernando De la Rúa, retiró 5 millones de pesos de la SIDE destinados al pago de coimas para la aprobación de la ley laboral.
De esa suma aseguró haber entregado 4,3 millones de pesos al entonces senador peronista Cantarero en su piso de Recoleta el 26 de abril de 2000 y luego 700 mil pesos a Genoud, quien le habría dicho que la mitad de ese dinero iba a destinada al entonces ministro de Trabajo Alberto Flamarique.
Según un papel presentado por Pontaquarto, habrían cobrado coimas los entonces senadores Augusto Alasino, Alberto Tell, Remo Costanzo, Julio San Millán, Beatriz Raijer, Carlos de la Rosa, José Luis Gioja, Hugo Sager y otros. Al costado derecho de un papel figuraban cifras entre 300 y 50 mil pesos supuestamente asignadas a cada uno.
Pero en el expediente además de Pontaquarto están procesados y embargados por supuesto «cohecho» el ex ministro de Trabajo, Alberto Flamarique; el ex jefe de la SIDE, Federico de Santibañes; los ex senadores Emilio Cantarero; Remo Costanzo; José Genoud; Ricardo Branda; Augusto Alasino y Alberto Tell.
El delito de «coecho» está castigado con penas de prisión de dos a seis años de prisión al funcionario público que ofreciere, diera o recibiere alguna dádiva.
