Entre los fundamentos, el bloque que preside Pablo Blanco, sostiene que “el convenio suscripto con los gobiernos locales especificaba el descuento del 1,9% en concepto de gastos operativos ‘calculado sobre el total de los recursos provinciales coparticipables, incluidas regalías hidrocarburíferas, en la proporción atinente a cada uno de ellos, en virtud de la normativa vigente”.
Aclaran que “a todas luces, el espíritu del convenio era la aplicación de dicha alícuota a los recursos que les corresponden a los municipios por distribución secundaria y no del monto total presupuestado haciendo soportar a los gobiernos locales la parte que le corresponde a la Provincia”.
En la iniciativa, sostienen que “la aplicación de los gastos siempre ha sido sobre los fondos que se coparticipan y no del total, y es a partir de la interpretación del Ministerio de Economía, no atendiendo a lo convenido ni el marco jurídico del sistema de coparticipación municipal que se ha generado esta detracción exagerada que no se condice con el propósito del convenio ni con el espíritu de colaboración financiera”.
Para finalizar, en la propuesta legislativa recuerdan que “se debe establecer en forma concreta, que dicho cálculo de gastos se debe hacer sobre los conceptos de Distribución Secundaria de los municipios” es decir, sobre los recursos que reciben por coparticipación a partir de la vigencia de la presente norma.
