Al igual que en las reuniones que se realizaron ayer, se contó con la presencia del secretario de Ingresos Públicos, Cristian Durrieu en esta oportunidad acompañado por el secretario de Desarrollo Sustentable y Ambiente.
El funcionario defendió a través de las expresiones técnicas, las iniciativas propuestas desde el Ejecutivo. Dijo que lo que se busca es que se abone impuesto a la propiedad, “esa es la capacidad contributiva”. Respecto a cómo se calcula el valor, propuso un sistema objetivo. Negó que el impuesto inmobiliario dependa directamente de la valuación.
“Todas las provincias tienen impuesto inmobiliario rural, y figura en la Constitución. Si en algún supuesto vemos que absorbe más del 33 por ciento promedio, tendría intervención de la Justicia y suspenderíamos el cobro”, adelantó.
La reunión estuvo presidida por el titular de la Comisión, Legislador Pablo Blanco (UCR), y también participaron Jorge Lechman y Damián Löffler (MPF); Liliana Martínez Allende y Juan Felipe Rodríguez (UCR); Susana Siracusa y Eduardo Barrientos (PJ); Héctor Tapia, Juan Carlos Arcando y Myriam Martínez (FPV); Laura Rojo (PPP) y Fabio Marinello (PSP).
Mariano Viaña, de la Asociación Rural de Tierra del Fuego, dijo que el objetivo es arribar a una solución del problema, no polemizar sobre los aspectos técnicos. “entremos en algo realista, porque el principio que vale es la realidad económica”, remarcó el ex funcionario y Diputado.
Según indicó el funcionario de Desarrollo Sustentable y Ambiente, el sector factura cerca de los 90 millones al año, con un promedio de 15 mil hectáreas por estancias, “Ese número en términos productivos, difiere bastante al resto del país”.
Al finalizar el encuentro, la legisladora de Partido Justricialista, Susana Siracusa, dijo que los ruralistas se niegan a pagar “por el valor de la tierra, quieren que se analice la productividad y ahora nos queda a los legisladores debatir los pro y los contras de este proyecto de reforma
Adelantó que desde la bancada del PJ serán equitativos “no creo que valuemos en base a lo que el gobierno quiere cobrarles que tiene muchas diferencias con lo que ellos expresan”, acentuó.
Por su parte el mopofista Jorge Lechman, destacó la voluntad de pago que nos plantearon, “cosa que nos sorprende muy gratamente más allá que en la discusión hay mucha disparidad sobre la posición de la Sociedad Rural y la del Ejecutivo provincial”.
Coincidió con la posición brindada por el contador Viaña, quien señaló que el impuesto que se pretende cobrar al sector debe basarse “en hechos reales y quizás comparar nuestros campos con los de la pampa húmeda, dista de la realidad”.
Remarcó que “estamos dispuestos a generar herramientas para lo que realmente necesita la provincia, en educación, seguridad y salud y si no se puede afectar a fines específicos no vamos a acompañar el proyecto”, dijo el mopofista.
Cooperativistas
En otro tramo de la reunión, se contó con la presencia de representantes de Cooperativas, quienes expresaron su preocupación dado que en el caso de aprobarse las leyes impulsadas por el Ejecutivo, solo estarían exentas de pagar tributos, las cooperativas de trabajo.
Advirtieron que un aumento de los ingresos brutos, provocará la desaparición de la actividad de las cooperativas pesqueras, puesto que actualmente solo “subsisten”. En el mismo sentido, los carpinteros expresaron su preocupación ante el posible escenario de incremento impositivo.
Por su parte, el legislador del P, Eduardo Barrientos, afirmó que los cooperativistas conforman un sector olvidado por parte del gobierno provincial y según su parecer, deberían estar exentos puesto que en la realidad, se trata de una economía de subsistencia.
Por su parte, el legislador Lechman, adelantó el compromiso de la Cámara para que los proyectos impulsador por el Ejecutivo no alcancen a las cooperativas.
