La Bicameral de Fiscalización de Órganos y Seguridad Interior, presidida por el libertario Santiago Pauli, recibió este martes por la tarde a personal retirado de la Policía Territorial de la provincia de Tierra del Fuego, quienes expusieron sobre la situación de falta de pago de las jubilaciones por parte de la Caja Compensadora y pidieron al Congreso la intervención para solucionar el problema.
Al abordar los últimos puntos del orden del día, Pauli informó a los integrantes de la Bicameral que les hizo llegar un informe sobre los temas tratados en la última reunión del Consejo de Seguridad Nacional, realizada el 18 de septiembre de 2026 en San Juan, y explicó la ausencia de las autoridades de dicho organismo que fueron invitadas para la próxima reunión.
En tanto, la postergación para un próximo encuentro sobre el tratamiento de la reforma del artículo 25 del reglamento, referido a la administración presupuestaria, levantó la temperatura en la reunión, ya que la oposición acusó al oficialismo de dejar sin quórum la reunión. “No contando con los 11 miembros requeridos no puede tomar una decisión al respecto”, comentó Pauli.
Al pedir la palabra, el diputado José Glinski (UP) expresó su indignación porque “esta reunión es convocada por el oficialismo que, ya desde la anomalía que tiene la presidencia y la vice, para reformar un artículo y nos dejan sin quórum. Nosotros queremos colaborar, pero si no se ponen de acuerdo entre ustedes ya es un problema que nos excede”.
“Nos piden que tengamos quórum para que esta comisión funcione porque la vicepresidencia no quiere firmar y resulta que ahora no hay quórum por decisión propia. No nos tomen el pelo. Venimos siempre con la mejor predisposición, no entendemos más nada. Hay un nivel de cinismo en el manejo de esto que es insoportable”, reclamó y apuntó: “No entiendo a qué están jugando. Y nos tenemos que bancar que arbitre en una medida para dejar sin quórum la comisión”.
Glinski advirtió: “Si quieren cerrar la comisión y si tenemos que ir a la justicia para que funcione, lo vamos a hacer”, y exigió a la vicepresidencia que explique por qué no quiere firmar. “Fíjense lo que quieren hacer porque si no vamos a ir a la justicia”.
“No se ponga nervioso diputado”, le retrucó la senadora salteña María Emilia Orozco quien le resaltó que la reunión tuvo invitados: “Decir que los trajimos para perder el tiempo es una falta de respeto hacia los invitados que vinieron a plantear una causa. El gobernador de Tierra del Fuego responde a su sector así que creo que lo pueden resolver”. Tras ser acusada de haber dejado la comisión sin quórum, Orozco le exigió a Glinski que presente pruebas: “Presente las pruebas porque es muy fácil acusar”.
La palabra de los ex policías territoriales
El primer expositor fue el Suboficial mayor retirado, Alfredo Gatti, quien reclamó: “Llevamos 16 meses sin percibir nuestro haber compensatorio. Venimos a solicitar la intervención del Congreso frente a una situación de extrema gravedad porque se están vulnerando derechos previsionales, patrimoniales y humanos de personas mayores que dedicación gran parte de su vida al servicio público”.
Así, contó que en 1988 se sancionó la Ley Territorial 334 que creó la Caja Compensadora dela Policía territorial y los integrantes, al pasar en situación de retiro, percibían el haber a través de la Policía Federal Argentina, pero aclaró que “perdíamos el componente vinculado con la zona inhóspita que cobramos durante la vida activa”.
“Esta situación generaba una disminución significativa de nuestros ingresos cuando dejábamos el servicio. La Ley 334 vino a reestablecer un mecanismo previsional compensatorio destinado a atender la diferencia. Era un derecho construido sobre un régimen específico de aportes y prestaciones”, sumó.
En 1992 cuando Tierra del Fuego se convirtió en provincia, la transición institucional “no resolvió de inmediato la organización integral de la policía provincial ni de su sistema previsional”. En ese momento: “Se generaron dos realidades diferentes. Por un lado, el personal de origen provincial que ingresó al nuevo esquema empezó a realizar aportes al nuevo ingreso que fueron depositados en el Banco de la provincia. Por otro lado, los que provenían de la policía del ex territorio nacional, continuábamos sujetos al régimen previsional anterior que contemplaba los aportes correspondientes al retiro a través de la Caja de la PFA y a los destinados al régimen compensatorio de la zona inhóspita”.
Foto: Comunicación Senado)
En ese sentido, Gatti remarcó que su haber previsional “quedó estructurado sobre dos componentes de dos fuentes de financiamiento. Fue el Estado quien estableció las reglas bajo las cuales trabajamos, aportamos”, y agregó que “en 1994 se produjo un antecedente fundamental el acuerdo entre la Nación y la provincia instrumentado mediante DNU 1746 que constituyó una diferencia esencial para la continuidad del régimen personal policial de original territorial y sus derechos previsionales”.
“Nuestra situación no puede analizarse como si fuéramos un beneficiario ajeno a la historia institucional de la provincia. Sostenemos que cualquier decisión que afecte el pago de nuestros haberes debe examinarse a la luz de los antecedentes y de las obligaciones legales asumidas por los organismos intervinientes”, planteó.
También explicó las consecuencias de la falta de pago en la economía familiar y solicitó gestiones institucionales para encontrar una solución. Al finalizar, expresó: «Durante estos 16 meses de reclamo, siete compañeros fallecieron sin llegar a ver resuelta su situación y se fueron sin recibir la respuesta que reclamaban».
Seguidamente, María Juana Pérez Vargas, esposa de uno de los reclamantes y representante de las viudas, recordó los 32 años de servicio de su marido y pidió que se reconocieran los derechos previsionales de las familias.
“No es justo que tengamos que estar reclamando. Pedimos misericordia para que se nos pague lo que nos corresponde, como a todo trabajador que aportó”, expresó. Además, contó que habían solicitado en cuatro oportunidades una entrevista con el gobernador de Tierra del Fuego, sin ser recibidos, y manifestó su disconformidad con la respuesta de la Justicia. Por último, señaló que las esposas de los retirados: «Estamos acampando desde hace un mes y siete días, y hay personas de hasta 80 años que tienen que estar en esa situación. No es justo”.
A su turno, el subcomisario retirado Daniel Ariel Torales, señaló que la provincialización de la Policía había reducido los salarios y los adicionales por zona desfavorable, lo que, según explicó, afectó los aportes destinados a la Caja Compensadora. Tras esto, advirtió sobre la situación del personal policial provincial y afirmó que «en un corto lapso ya hay 30 suicidios», una cifra que consideró elevada en relación con la población y la cantidad de efectivos. Por último, cuestionó la liquidación de los aportes previsionales y el manejo de la Caja Compensadora, sobre el que indicó que se habían presentado diversas objeciones.
Para concluir las exposiciones, el suboficial auxiliar retirado Jorge Alejandro Herrera agradeció a los presentes por haberles brindado un espacio para expresar su situación y manifestó que les habría gustado recibir la misma atención por parte del gobernador Gustavo Melella.
Posteriormente, denunció que la Jefatura de la Policía había dispuesto impedir el acceso a los sanitarios a los familiares y a las personas que permanecían en el acampe: “Quiero precisar que dentro del colectivo de los 540 retirados hay veteranos de la Guerra de Malvinas”.
Al cierre, indicó que el ministro de Gobierno provincial les había informado que la Caja Compensadora estaba quebrada y que buscarían una solución, aunque, según expresó, habían transcurrido más de tres meses desde aquella comunicación sin respuestas concretas.
Fuente: El Parlamentario
