La movilización social y política que se desató tras el fallo de la Corte Suprema tiene raíces profundas. Desde la sanción de la Ley de Tierras (26.737) en 2011, se establecieron límites claros para evitar la extranjerización masiva de territorios rurales:
- Máximo 15% de tierras rurales en manos extranjeras a nivel nacional.
- Máximo 30% por provincia o departamento.
- Restricción de hasta 1.000 hectáreas en zonas núcleo para cada comprador extranjero.
La derogación de esta norma vía DNU 70/23 y la posterior convalidación de la Corte Suprema dejaron sin efecto esas defensas legales. En los hechos, se abrió la posibilidad de que capitales extranjeros adquieran tierras sin límites nacionales, quedando la regulación en manos de cada provincia.
Razones del rechazo
- Soberanía comprometida: La venta de tierras en zonas de frontera, costas y áreas estratégicas como la Patagonia y el Atlántico Sur se percibe como un riesgo directo para la defensa nacional.
- Recursos naturales en manos privadas: Agua, energía, minerales y biodiversidad quedan sujetos a intereses externos.
- Debilitamiento del federalismo: Al dejar la regulación en manos de cada provincia, se fragmenta la capacidad de negociación y se expone a las jurisdicciones más débiles a presiones de grandes capitales.
- Historial de extranjerización: Casos como los de Benetton y Lewis en la Patagonia son recordados como ejemplos de concentración de tierras en manos extranjeras, con conflictos sociales y ambientales aún vigentes.
Anuncios vs. realidad
En este contexto, los anuncios de inversiones en París se leen con desconfianza. Empresas como TotalEnergies, Pluspetrol y Glencore proyectan desembolsos multimillonarios a 10 o 25 años, condicionados a beneficios fiscales y estabilidad macroeconómica. Pero la experiencia argentina muestra que muchas de estas promesas nunca se concretan.
El contraste es evidente: mientras se celebran cifras astronómicas de inversiones futuras, el país queda expuesto a la venta indiscriminada de su territorio, debilitando su soberanía y poniendo en riesgo recursos estratégicos.
La combinación de anuncios de inversiones no verificables y un fallo judicial que habilita la extranjerización de tierras configura un escenario preocupante. Argentina aparece como un país en venta: promesas de capitales externos que aún no llegan, y territorios estratégicos que pueden pasar a manos extranjeras sin un marco nacional de protección.
El martes 6/10 al palacio de justicia Talcahuano 550 (lugar de partida y horario de encuentro a definir) moviliza tambien la CTA unificando. Entendí que en cada provincia se va a llevar acabo frente al palacio de justicia de cada provincia.
El jueves 15/10 al congreso a derrotar el DNU 70/23 dónde está el art 154 que deroga la ley de tierras que limita la extranjerización y además nos unimos a la marcha universitaria en defensa de la educación. Debe ser multitudinaria, porque ahí si, nos jugamos la Argentina.
Pasa la voz! Luchemos juntos por nuestra patria, por nuestra tierra, por nuestra salud, por nuestra libertad, y porque somos ARGENTINOS AUTOCONVOCADOS
