La Patagonia, la zona fría por excelencia, se quedó mirando cómo sus gobernadores aceptaban el nuevo esquema sin chistar. El tablero final del Senado explicitó la geografía política de la traición. Acompañaron todos los aliados norteños, mientras que los representantes de las provincias afectadas por el nuevo régimen, como los santacruceños y los bonaerenses, mendocinos, santafesinos y pampeanos, se sumaron al rechazo.
Sin embargo, el ajuste no es solo geográfico, incluso los usuarios que conservan formalmente el beneficio pagarán más. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), con una factura teórica de $100.000 (donde el PIST representa $40.000, la red y distribución $38.000 e impuestos $22.000), el esquema anterior dejaba un total de $50.000 tras aplicar el 50% sobre el total.
Con el nuevo esquema, el descuento del 50% solo aplica sobre el PIST: $20.000. El total a pagar trepa a $80.000. Resultado neto es que el usuario que mantiene la Zona Fría sufre un aumento del +60% de bolsillo. Los jubilados y titulares de AUH excluidos pierden el 50% y sus facturas se duplican (+100%). Los residenciales generales excluidos pierden el 30% y sufren un +43%. El Gobierno calcula que alrededor de 1,6 millones de usuarios perderán el beneficio, aunque otras estimaciones hablan de más de 3,3 millones.
La Federación Argentina de Municipios, que representa a más de 500 intendentes, repudió la medida como «un golpe directo al bolsillo de las familias». Y hay un detalle que el oficialismo prefiere no mencionar: la nueva ley mantiene el recargo de hasta 7,5% sobre el precio del gas en el PIST que financia el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas.
Es decir, una familia que perdió la Zona Fría puede seguir aportando al mecanismo que la financiaba. El Estado achica el beneficio, pero conserva la máquina que recauda para sostenerlo sin informar qué hará con la recaudación excedente.
(InfoGEI)
