Villegas había planteado que una iniciativa que propone incrementar alícuotas, generar nuevos recursos y afectar fondos de los municipios debía ser analizada previamente en las comisiones permanentes de la Legislatura. “No sabemos a ciencia cierta cuántos recursos económicos representarían el aumento de esas alícuotas y esos impuestos al sector privado”, había advertido durante el debate.
El legislador puso el foco en una cuestión que, según sostuvo, no puede quedar fuera de la discusión: antes de definir nuevas fuentes de financiamiento, la Provincia debería explicar cómo está utilizando los recursos que ya tiene asignados.
En ese sentido, mencionó las aproximadamente 1.200.000 horas cátedra y los 6.950 cargos contemplados en el presupuesto de referencia de 2024 y reclamó conocer cómo fueron utilizados esos recursos durante los ejercicios posteriores.
El costo de la solución
La principal crítica política de Villegas apunta al mecanismo elegido por el Ejecutivo para afrontar el conflicto docente: generar nuevos recursos mediante una mayor presión tributaria. El legislador sostuvo que mejorar los salarios de los docentes es una necesidad que también alcanza a otros sectores de la administración pública, como salud y seguridad, pero cuestionó que la respuesta sea trasladar el costo al sector privado.
“Hay que mejorar las condiciones salariales, pero no solamente de los docentes. También de los policías, de los médicos, de los enfermeros y de quienes trabajan en la administración pública”, señaló. Y agregó: “Más que pensar en tirarle la mochila al sector privado, tenemos que mejorar los estándares de gestión y la asignación de recursos en la propia gestión de gobierno”.
Desde esa perspectiva, Villegas planteó que el debate no debería limitarse a cuánto dinero puede recaudar el Estado, sino también a determinar cómo administra el presupuesto existente, cuáles son sus prioridades y qué resultados obtiene con esos recursos.
Información antes de votar
Otro de los cuestionamientos estuvo dirigido a la información disponible para los legisladores. “No nos alcanza con que venga un ministro y nos diga que está todo bien o está todo mal. Necesitamos información objetiva, que responda a una fuente fidedigna. Necesitamos evidencia”, sostuvo. Para Villegas, el tratamiento de urgencia limita precisamente esa posibilidad de profundizar el análisis, escuchar a los sectores involucrados y determinar el impacto real de las medidas tributarias previstas.
Además planteó que deben revisarse los datos vinculados al funcionamiento del sistema educativo y las observaciones que surgen de las cuentas generales y de los informes del Tribunal de Cuentas. Según expresó, existen antecedentes de ejercicios en los que se habrían utilizado más horas cátedra y más cargos que los autorizados por la Legislatura, una situación que, a su criterio, debe ser explicada antes de avanzar con nuevos mecanismos de financiamiento.
