En medio de aumentos descontrolados de tarifas de transporte público, combustibles y servicios básicos, la propuesta de imponer un impuesto a vehículos eléctricos y monopatines parece una burla más a la ciudadanía. La realidad es contundente: más de 100 mil fueguinos están endeudados con tarjetas de crédito y bancos para poder comprar alimentos. La pobreza creció al 25,9% y la indigencia al 3,1%. En ese contexto, cualquier iniciativa que busque “regular” pero en los hechos termine cobrando más, no es otra cosa que un golpe directo al bolsillo de los pobres.
El discurso oficial intenta presentar la medida como una regulación moderna, pero lo que se esconde detrás es la misma lógica de siempre: mantener privilegios, sostener salarios políticos y trasladar el costo de la crisis a quienes ya no tienen margen de resistencia. Se castiga la movilidad alternativa, se desalienta la búsqueda de opciones más económicas y se profundiza la desigualdad.
La pregunta es inevitable: ¿a quién le sirve este tipo de proyectos? Claramente no al ciudadano de a pie, que cada día se hunde más en la deuda y la desesperanza. Sí beneficia a una clase política que parece desconectada de la realidad, más preocupada por asegurar sus ingresos que por aliviar la carga de los trabajadores y jubilados.
En una provincia que se debate entre la pobreza creciente y la falta de empleo, iniciativas como esta no solo son inoportunas: son un insulto. Tierra del Fuego necesita políticas que alivien, no que expriman. Regular para cobrar más es, en definitiva, un impuesto a la pobreza disfrazado de modernidad.
Esta nota está publicada en muchos medios nacionales por lo increíble que resulta entender que la única solución a los problemas de la gente sea aumentarles los impuestos, de todas las maneras imaginables, no se les ocurre ninguna otra solución a la crisis que, no sea profundizarla.
Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar
