La legisladora provincial Victoria Vuoto celebró la decisión de la Justicia Federal de Río Grande que ordenó a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited abstenerse de iniciar o continuar las obras vinculadas con el proyecto petrolero León Marino, situado al norte de las Islas Malvinas.
La medida cautelar, dictada por la jueza federal Mariel Borruto, comprende las perforaciones, las instalaciones submarinas y el comienzo de la extracción comercial de hidrocarburos. Las empresas deberán detener los actos materiales relacionados con el emprendimiento hasta que se realice el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante la autoridad nacional competente, salvo una nueva disposición judicial.
“Celebramos esta decisión de la jueza Borruto porque constituye un antecedente fundamental para frenar el saqueo de nuestros recursos y proteger el ambiente del Atlántico Sur frente a una explotación ilegal promovida por el gobierno colonial británico”, expresó Vuoto.
El fallo responde a una presentación realizada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA). “Esta resolución demuestra que existen instrumentos jurídicos para actuar frente a las empresas que pretenden avanzar sobre recursos que pertenecen a la República Argentina y, particularmente, a la provincia de Tierra del Fuego”, sostuvo la legisladora.
En este marco, Vuoto informó que trabaja en un proyecto de ley para crear el Consejo Provincial para la Evaluación del Perjuicio sobre los Recursos Naturales en las Islas del Atlántico Sur, destinado a estudiar, relevar y cuantificar las consecuencias económicas, sociales y ambientales generadas por la exploración y explotación ilegal en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y sus espacios marítimos correspondientes.
También incorpora la creación de un juzgado federal con competencia en Malvinas para que todas las causas tramiten en ese fuero. La iniciativa también contempla la evaluación de los daños transfronterizos y los pasivos ecológicos producidos en la Zona Económica Exclusiva y la Plataforma Continental Argentina. El organismo estaría integrado por representantes del Gobierno provincial, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, el CADIC, la Legislatura, organizaciones vinculadas con la causa Malvinas y la defensa ambiental, y especialistas en la materia.
