La decisión de la Justicia Federal de Río Grande de ordenar a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum que se abstengan de iniciar, continuar o ejecutar actos materiales vinculados al proyecto petrolero Sea Lion generó una fuerte valoración política del intendente de Río Grande, Martín Perez.
A través de sus redes sociales, el Intendente destacó la resolución de la jueza federal Mariel Borruto y remarcó el papel que tuvo el Municipio al presentarse como parte interesada en la causa impulsada por organizaciones de excombatientes y ambientalistas.
“Es una decisión importante” , expresó Perez, al considerar que la resolución judicial sostiene que las actividades hidrocarburíferas desarrolladas sobre la plataforma continental argentina están sometidas a las leyes nacionales y requieren la intervención de las autoridades argentinas.
Para el Intendente, la defensa de la soberanía sobre Malvinas no puede quedar limitada a los reclamos diplomáticos o a la memoria histórica . También debe expresarse frente a cualquier intento de explotación de los recursos naturales del Atlántico Sur.
“Desde Río Grande nos presentamos como parte interesada en esta causa porque Malvinas también se defiende así” , sostuvo.
La resolución judicial se conoció luego de que el Juzgado Federal de Río Grande aceptara intervenir en la demanda presentada contra Rockhopper y Navitas por el proyecto Sea Lion. La jueza Borruto se declaró competente y posteriormente dispuso la medida cautelar que frena los actos materiales de ejecución del emprendimiento mientras continúa el proceso judicial.
El proyecto, impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, busca desarrollar un yacimiento ubicado en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas. La causa plantea cuestiones vinculadas tanto con la explotación de hidrocarburos como con sus posibles impactos ambientales y la aplicación de la legislación argentina.
En ese contexto, Perez volvió a colocar el rol de Río Grande en el centro de la discusión. “Malvinas no es solamente memoria. Es presente. Es ambiente, recursos naturales, soberanía y futuro” , afirmó.
La definición del Intendente marca una concepción de la defensa de la soberanía que incorpora también la protección de los recursos naturales y el ambiente. Para el Municipio, la cercanía geográfica de Río Grande con las Islas y su vínculo histórico con la Causa Malvinas constituyen fundamentos para intervenir activamente cuando aparecen en juego intereses estratégicos de la Argentina.
Perez también reconoció el trabajo realizado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata y la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas , organizaciones que promovieron la acción judicial.
“Valoramos la decisión de la jueza federal Mariel Borruto y el trabajo del CECIM La Plata y de la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas, que impulsaron esta acción” , expresó.
La medida judicial no representa una sentencia definitiva sobre el fondo de la causa, pero sí establece un freno cautelar al proyecto mientras la Justicia analiza los planteos formulados.
Para Perez, el compromiso de Río Grande no termina con esta resolución. “Río Grande tiene una responsabilidad en esta discusión y la vamos a ejercer. Vamos a defender nuestros derechos en cada ámbito donde sea necesario” , sostuvo.
El mensaje del Intendente se produce además en un escenario en el que el Gobierno nacional también avanzó judicial y administrativamente contra empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en Malvinas. La Casa Rosada presentó denuncias y anunció medidas sancionatorias contra compañías vinculadas con proyectos petroleros en el área.
La decisión adoptada por la Justicia Federal de Río Grande suma así un nuevo capítulo a una disputa que combina soberanía, ambiente y recursos naturales.
Y para Río Grande, el planteo político de Perez vuelve a ser concreto: defender Malvinas también significa defender hoy los recursos, el ambiente y los derechos soberanos argentinos sobre el Atlántico Sur.
