Durante meses, una de las preguntas alrededor del patrimonio de Manuel Adorni fue sencilla: ¿cómo se explica lo que aparece en sus declaraciones juradas y en los registros públicos sobre sus bienes, ingresos y deudas?
La discusión ocupó titulares y obligó a reconstruir información que estaba dispersa en distintas fuentes. Porque para entender el patrimonio de un funcionario no siempre alcanza con leer su declaración jurada. A veces hay que compararla con registros de propiedades, sociedades, ingresos, proveedores, vínculos familiares o información financiera.
Y si eso vale para un funcionario, la pregunta es inevitable: ¿qué podríamos encontrar si aplicamos esa misma lógica a miles de funcionarios al mismo tiempo?
Ahí aparece uno de los principales desafíos de las declaraciones juradas: pasar del dato aislado al patrón.
Un análisis realizado por El Auditor.info en conjunto con Praxis Consultora sobre el empleo público jerárquico nacional procesó 53.577 declaraciones juradas correspondientes al ejercicio 2024 y realizó 35.027 cruces con distintas fuentes de información pública, entre ellas registros de ANSES, Banco Central de la República Argentina (BCRA), Inspección General de Justicia (IGJ), el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) y bases vinculadas con inmuebles y vehículos.
El ejercicio permite ver algo que suele quedar oculto detrás de los casos individuales: una declaración jurada puede contar una historia; miles de declaraciones cruzadas pueden empezar a mostrar un mapa de relaciones y patrones.
Cuando los datos empiezan a hablar entre sí
El análisis de las 53.577 declaraciones juradas muestra que 9.292 personas declararon ingresos de $0 y, al mismo tiempo, registraron bienes positivos por un valor conjunto cercano a los $66.000 millones. Además, 7.294 declaraciones presentan diferencias respecto de los registros de ANSES, con una brecha acumulada de $1.202 billones entre los ingresos registrados y los declarados.
Estos datos no implican, por sí mismos, una irregularidad. Su valor está en señalar situaciones que pueden requerir una segunda mirada y en mostrar qué información adicional surge cuando distintas bases públicas se analizan en conjunto.
El cruce también permitió identificar 1.763 personas que figuran simultáneamente como funcionarios públicos y proveedores o contratistas del Estado, así como 4.791 casos en los que un familiar declarado por un funcionario también trabaja en el Estado nacional. En el 83% de estos últimos, se trata de cónyuges o convivientes.
Una declaración jurada puede contar una historia; miles de declaraciones cruzadas pueden empezar a mostrar un mapa de relaciones y patrones
En materia societaria, se detectaron 3.437 casos en los que una misma sociedad, fondo de inversión, fideicomiso o participación accionaria fue declarada por dos o más funcionarios. Sin embargo, el 98,5% corresponde a personas sin parentesco declarado, una situación que puede explicarse, entre otros motivos, por inversiones compartidas en fondos comunes de inversión. Solo 51 casos combinaban la participación societaria con un vínculo familiar directo.
La conclusión es sencilla: cruzar datos no significa encontrar culpables; significa poder hacer mejores preguntas.
La transparencia no termina cuando se publica la información
El caso Adorni también mostró algo más básico: muchas veces, para reconstruir una situación patrimonial hay que ir más allá de la declaración jurada.
Una propiedad puede aparecer en un registro; una deuda, en otro; y una sociedad, en otro. Una relación familiar puede surgir de una declaración y confirmarse en otra fuente. El problema es que esas bases no necesariamente fueron diseñadas para hablar entre sí.
Por eso, durante mucho tiempo la discusión sobre transparencia se concentró en una cuestión fundamental: que la información fuera pública. Pero hoy aparece un segundo desafío, que es que esa información pueda ser procesada y relacionada.
Cruzar datos no significa encontrar culpables, sino poder hacer mejores preguntas.
El volumen del universo analizado permite entender la escala del problema. Solo en las declaraciones estudiadas aparecen más de 133.000 inmuebles, 110.000 vehículos y decenas de miles de participaciones societarias.
Encontrar patrones en ese volumen de información mediante una revisión manual es una tarea limitada. Las nuevas herramientas tecnológicas permiten procesar grandes cantidades de datos, detectar coincidencias y señalar relaciones que difícilmente aparecerían mediante una lectura individual.
Pero hay algo que ninguna herramienta puede reemplazar: contexto, interpretación y verificación.
El propio análisis advierte que sus resultados son indicadores estadísticos y documentales, y que no prueban por sí mismos incumplimientos legales. Las situaciones detectadas requieren verificación antes de extraer conclusiones particulares. Eso marca una diferencia fundamental entre automatizar el análisis y automatizar las conclusiones.
La transparencia del futuro probablemente tenga más que ver con ser capaces de conectar la información que ya tenemos que con acumular cada vez más datos.
Ese es, quizás, el verdadero desafío de las próximas declaraciones juradas a presentarse antes del 31 de agosto de 2026: no solamente saber qué declaró cada funcionario, sino qué nos dicen todas las declaraciones cuando las miramos juntas.
La información ya está ahí. El desafío es aprender a leerla.
Fuente: El Auditor
