El Senado aprobó la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, pero el Gobierno debió hacer concesiones para asegurar los votos necesarios y evitar una derrota política en el recinto.
Tras intensas negociaciones, La Libertad Avanza eliminó primero el capítulo que flexibilizaba la venta de tierras rurales a extranjeros y, durante la sesión, también retiró la reforma de la Ley de Manejo del Fuego. Así, el oficialismo logró avanzar con una iniciativa que ahora deberá ser tratada por Diputados.
Qué cambia para propietarios e inquilinos
El eje central del proyecto es una reforma profunda del régimen de desalojos. A partir de la media sanción, todos los procesos deberán tramitarse por la vía sumarísima, con el objetivo de acelerar las resoluciones judiciales y reducir los tiempos de espera para los dueños de inmuebles.
Además, no solo podrán iniciar una demanda los propietarios, sino también cualquier persona que acredite un derecho o interés legítimo sobre el inmueble. En los casos de usurpaciones o ocupaciones precarias, el juez podrá ordenar la entrega inmediata del inmueble cuando considere verosímil el derecho invocado y el demandante preste caución juratoria.
La iniciativa también establece la obligación de realizar un reconocimiento judicial dentro de las 72 horas para identificar a los ocupantes y constatar el estado del inmueble. Se trata de uno de los puntos más sensibles de la reforma, ya que apunta a acelerar definiciones en conflictos habitacionales que suelen extenderse durante meses o incluso años.
Para los inquilinos con contratos de alquiler, el proyecto mantiene un procedimiento diferenciado. Antes de iniciar el juicio de desalojo por falta de pago, el propietario deberá intimar fehacientemente al locatario y otorgarle un plazo mínimo de diez días corridos para regularizar la deuda. Solo después de ese período podrá comenzar la acción judicial.
El texto también incorpora cambios vinculados con la entrega del inmueble. Si el propietario se niega a recibir las llaves, el inquilino podrá consignarlas judicialmente y quedar liberado del pago de alquileres y otras obligaciones, siempre que haya cumplido con los plazos previstos. Además, se contemplan garantías especiales cuando en la vivienda habiten menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de vulnerabilidad.
Principales cambios en desalojos
- Juicios sumarísimos para acelerar los procesos judiciales.
- Desalojo inmediato en casos de usurpación, sujeto a decisión judicial.
- Intimación previa de 10 días antes de avanzar contra un inquilino moroso.
- Consignación judicial de llaves si el propietario rechaza la entrega.
- Protección especial para menores, adultos mayores y personas con discapacidad.
El oficialismo resignó dos capítulos para garantizar la media sanción
La principal concesión del Gobierno llegó antes y durante la sesión. Luego del rechazo de varios gobernadores y bloques dialoguistas, el oficialismo eliminó el capítulo que flexibilizaba la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
Horas después también retiró la reforma de la Ley de Manejo del Fuego, por lo que seguirán vigentes las restricciones para modificar el uso de tierras incendiadas durante 30 y 60 años, según el tipo de superficie afectada. Fue el costo político que debió asumir el Ejecutivo para sostener la iniciativa en el Senado.
Expropiaciones más restrictivas
Otro de los cambios aprobados endurece las condiciones para que el Estado pueda expropiar bienes. La declaración de utilidad pública deberá interpretarse de forma restrictiva y justificar de manera precisa el interés perseguido.
Además, la indemnización contemplará el valor objetivo del bien y limitará el lucro cesante a un máximo del 30% del daño emergente, salvo que el afectado demuestre una pérdida superior. Con esto, el proyecto busca acotar los márgenes de disputa judicial y acelerar los resarcimientos.
Patricia Bullrich defendió el proyecto y cruzó a la oposición
Durante el cierre del debate, Patricia Bullrich defendió la iniciativa y cuestionó a quienes se opusieron al proyecto. «Pareciera que la propiedad privada es una mala palabra«, sostuvo la ministra, en una de las frases más fuertes de la sesión.
También afirmó que «al que vive en un barrio popular y los narcos le sacan la casa, ¿quién los defiende?» y remarcó que «la propiedad privada es certeza para los ciudadanos«. Además, cuestionó el sistema actual de expropiaciones y aseguró que el plazo promedio para cobrar una indemnización es de 18 años.
Fuente: El Economista
