La decisión, impulsada por una denuncia del CECIM La Plata y la Asociación de Abogados Ambientalistas, refleja la valentía, honestidad intelectual y rectitud de la magistrada, que aplicó los principios preventivo y precautorio de la legislación ambiental y vinculó la causa con la defensa de la soberanía nacional.
- Ordenó frenar perforaciones, instalaciones y obras portuarias vinculadas al proyecto.
- Exigió a las empresas presentar información societaria, financiera y ambiental en un plazo de diez días.
- Reconoció la legitimación del CECIM y subrayó que la causa no es solo ambiental, sino también de soberanía nacional.
- Señaló que el riesgo ambiental “no es hipotético ni remoto”, dado que el proyecto ya está en ejecución.
Mientras Borruto se erige como referente de independencia judicial, el juez federal de Ushuaia, Federico Calvete, se declaró incompetente ante la intervención del puerto de Ushuaia por parte del gobierno nacional, un hecho de enorme trascendencia institucional y económica para la provincia.
Paradójicamente, sí actuó en una denuncia menor por la invasión de conejos en el CADIC de Ushuaia, lo que expone la falta de criterio y la distancia entre las prioridades de la justicia fueguina.
La comparación entre ambos jueces desnuda dos modelos de justicia:
- Mariel Borruto, que asume riesgos, enfrenta a corporaciones internacionales y defiende la soberanía y el ambiente.
- Federico Calvete, que se aparta de causas de alto impacto político y económico, pero interviene en expedientes menores.
En un contexto de creciente presión sobre los recursos naturales y la infraestructura estratégica de Tierra del Fuego, la actitud de Borruto marca un camino de rectitud y compromiso con el interés público, mientras la pasividad de Calvete refleja la fragilidad institucional y la falta de coraje judicial.
Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar
