El proyecto de Presupuesto 2027 asigna al Ministerio de Salud un crédito de $10.460.900 millones, frente a los $3.101.450 millones de 2026. Este importante aumento del 237,4% se explica fundamentalmente por una modificación en la estructura de la cartera ministerial al incorporar a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y no por un salto significativo de los programas originales.
En 2026, la ANDIS era una entidad descentralizada, autónoma y con presupuesto propio, fuera del ámbito del Ministerio de Salud. En el Presupuesto 2027 ya no aparece como agencia y se reconvierte en Secretaría Nacional de Discapacidad dentro de la cartera sanitaria, arrastrando cinco programas: Actividades comunes a las políticas de discapacidad; Acciones de integración de personas con discapacidad; Pensiones no contributivas por invalidez laborativa; Atención médica a los beneficiarios de pensiones no contributivas; y Prevención y control de discapacidades.
El umbral del 30%
El Presupuesto 2026 se proyectó en septiembre de 2025 sobre una pauta inflacionaria del 10,1%. Sin embargo, la inflación real corrió por encima. Mientras el dato interanual a agosto de 2026 marcó 33,5% (según datos del INDEC), la acumulada anual llegó a 21,1% y todavía restan cuatro meses para cerrar el año.
Este ritmo anticipa un cierre en torno al 30%. Como los programas de Salud recibieron en 2026 aumentos nominales pensados para una inflación de 10%, arrastran una pérdida real acumulada que (tomando la brecha entre la pauta oficial y la inflación estimada) puede estimarse en el orden del 12% a 15% real. Por otro lado, el Presupuesto 2027 asume 18% de inflación punta a punta y ese es el piso que cualquier partida necesita cubrir solo para no perder terreno durante el año próximo.
El Presupuesto 2027 asume 18% de inflación punta a punta y ese es el piso que cualquier partida necesita cubrir solo para no perder terreno durante el año próximo
Bajo supuestos conservadores, y sumadas ambas variables, el umbral por debajo del cual un programa no recupera lo perdido durante 2026 y no pierde en 2027 se ubica en torno al 30% en el mejor de los escenarios proyectados.
Este valor sirve como un umbral ilustrativo para verificar, según valores nominales correspondientes a los presupuestos (el aprobado en 2025 para el 2026 y el pendiente de debate para el 2027), al tiempo que sintetiza y expresa la mirada del gobierno sobre la administración pública en su conjunto. Todo lo que quede por debajo de esa línea significa una caída de recursos reales respecto a 2025, último año en el que no hubo presupuesto aprobado (se regía con valores de 2023 y acumulaba dos años consecutivos de importantes recortes presupuestarios).
El esquema de ajuste, por área
De los 30 programas presupuestados para Salud de cara a 2027, siete tienen variación nominal negativa y diez crecen por debajo del umbral. El aumento agregado de 25,9% está, por sí solo, debajo de la línea.
En el terreno netamente negativo, el programa “Transferencias Varias y Erogaciones Figurativas”, que incluye las contribuciones a distintos hospitales y nosocomios de todo el país, es el que más pierde, iniciando el año 2027 con -$529.097 millones respecto a 2026, lo que equivale a un 25% menos.
El Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud cae 27%, con transferencias a provincias y municipios que van de $56.399 a $36.933 millones; el “Apoyo al Desarrollo de la Atención Médica” se reduce 17%; “Cobertura de Emergencias Sanitarias”, programa clave para el abordaje de situaciones de emergencias y desastres, que articula con las jurisdicciones de todo el país e incluye el trabajo en la prevención, preparación y mitigación de riesgos y daños a la salud en dichos casos, cae 6,2%. En el programa de “Prevención y Control de Enfermedades Endémicas”, que aborda infecciones como el dengue y el Chagas, se observa una caída del 4,6%.
De los 30 programas presupuestados para Salud de cara a 2027, siete tienen variación nominal negativa
El programa de «Investigación, prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer» es de los más castigados en la comparación: crece apenas 18%, de $15.061 a $17.767 millones. Por último, el programa de «Abordaje Integral de Enfermedades No Transmisibles y sus Factores de Riesgo» crece 22,8%.
En materia de políticas de discapacidad, los ajustes más importantes se dan en “Actividades comunes a las políticas de discapacidad” con una caída del 43,5% (-$9.111 millones) y en “Atención médica a beneficiarios de PNC”, lo que significa que inicia 2027 con $23.935 millones menos de recursos.
En lo que se refiere a política de salud sexual y reproductiva, el programa «Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable» pasa de $28.037 millones a $33.785 millones: crece 20,5%, diez puntos por debajo del umbral. La respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra aumenta 26,6% (pasa de $62.087 a $78.621 millones).
Qué sube y por qué
En el otro extremo, cinco programas crecen muy por encima del umbral. Formación de Recursos Humanos Sanitarios y Asistenciales aumenta 353,2%, de $20.030 a $90.766 millones, casi todo explicado por gastos en personal permanente. Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica sube 92,0%; Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles aumenta 71,9%; Cobertura Sanitaria Compensatoria asciende 45,5%; Prevención, Estadísticas e Investigación sobre Consumos Problemáticos lo hace en 75,5%.
Por último, las Pensiones no Contributivas por Invalidez Laborativa aumentan 50,9% nominalmente respecto a 2026, lo que equivale a un incremento de $2.055.036 millones, aproximadamente el 20% de todos los recursos del Ministerio de Salud. Es lo que explica el significativo aumento del conjunto de recursos al integrarse a la cartera ministerial.
Una mirada detallada de la política de Discapacidad
La Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral es el principal programa en cuanto a volumen de recursos y alcance a la población. Otorgada a través de ANSES, se encarga de garantizar un ingreso mensual y cobertura de salud a personas en situación de vulnerabilidad social que presentan una disminución del 66% o más en su capacidad laboral. En síntesis, es una política de asistencia económica cuyo monto representa un haber mensual equivalente al 70% de una jubilación mínima. De los más de 5 millones de personas en esas condiciones, solamente 1,1 millones accedieron. De diciembre de 2024 a marzo de 2026, quienes recibieron este beneficio pasaron de 1.221.971 a 1.193.523.
Al analizar las variaciones presupuestarias en política de discapacidad, las comparaciones entre índices de precios tradicionales no son suficientes. En concreto, la canasta básica tradicional no refleja el costo real de vida de una persona con discapacidad, especialmente cuando incluye gastos de medicación importada u otros insumos dolarizados. Una canasta realista para una persona con discapacidad debe incluir medicamentos importados y de alto costo; prestaciones complementarias como las terapias de rehabilitación, insumos médicos fijos, equipamiento tecnológico asistivo y transporte adaptado, además de los servicios de apoyo que abarcan los gastos derivados de cuidadores o asistentes personales que resultan indispensables para la autonomía diaria.
Actualmente, en el Congreso Nacional existen proyectos de ley pendientes de debate que buscan que el INDEC elabore un indicador específico que contemple gastos en salud, transporte, terapias y cuidados, con el objetivo de orientar políticas públicas y actualizar aranceles. El objetivo: crear una “canasta de discapacidad”.
Fuente: El Auditor
