El debate se da en un contexto de violación sistemática de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, tanto por parte del gobierno nacional como de los gobiernos provinciales. La norma, que obliga a los funcionarios a transparentar su gestión y brindar datos a la ciudadanía, se incumple de manera constante: se seleccionan medios afines, se niega información a los críticos y se restringen los canales de comunicación institucional.
Limitaciones impuestas desde el poder
- Selección de medios: el gobierno nacional privilegia a portales afines y margina a los independientes.
- Falta de conferencias de prensa: el presidente no ofrece instancias de diálogo abierto con la prensa, limitando el acceso a la información pública.
- Ataques verbales: los periodistas son descalificados en discursos oficiales, lo que genera un clima hostil y de autocensura.
- Gobierno nacional:
- Selección arbitraria de medios, privilegiando a los oficialistas.
- Ausencia de conferencias de prensa, lo que impide el acceso directo de los periodistas a la información.
- Ataques verbales del presidente contra periodistas críticos, generando un clima de hostilidad y autocensura.
- Gobiernos provinciales:
- En Tierra del Fuego, el gobernador no convoca a una conferencia de prensa desde hace cuatro años, consolidando un esquema de silencio institucional.
- Se niega información sobre actos oficiales, gastos y decisiones de gobierno, vulnerando el derecho ciudadano a conocer cómo se administra el Estado.
- Una situación más grave en el interior
La crisis se profundiza fuera de la Capital. En provincias como Tierra del Fuego, el gobernador no convoca a una conferencia de prensa desde hace cuatro años, consolidando un esquema de opacidad y silencio institucional. Los medios locales denuncian presiones, recortes de pauta y censura indirecta, lo que agrava la precariedad laboral de los trabajadores de prensa y limita el derecho ciudadano a estar informado.
La falta de acceso a la información pública se agrava en las provincias, donde los medios locales enfrentan presiones directas: recortes de pauta, censura indirecta y marginación en actos oficiales. Las negativas a dar explicaciones sobre la gestion publica y la seleccion de periodistas en realmente vergonzosa.
El debate legislativo sobre el Estatuto del Periodista aparece como una oportunidad para reconocer y enfrentar la precarización laboral y las amenazas a la libertad de expresión. Pero mientras tanto, la realidad muestra un escenario preocupante:
- Gobierno nacional que restringe la información y ataca a la prensa.
- Gobiernos provinciales que replican esas prácticas, como en Tierra del Fuego.
- Periodistas que trabajan sin garantías, bajo presión y con salarios insuficientes.
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Obligaciones de los periodistas
En este escenario hostil, los periodistas enfrentan un doble desafío:
- Cumplir con su deber profesional de informar con veracidad, investigar y fiscalizar al poder.
- Resistir la presión política y económica, que busca silenciar voces críticas.
- Defender el derecho ciudadano a la información, incluso cuando el acceso es negado.
El Estatuto del Periodista, en discusión en el Senado, debería reforzar estas obligaciones y garantizar condiciones mínimas para que el oficio pueda ejercerse sin persecución ni censura.
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Fuente: comisión de sistemas, medios de comunicación y libertad de expresiony www.lalicuadoratdf.com.ar
