En función de la directiva emanada por el titular del Poder Ejecutivo sobre que “no hay plata”, se supone que el ajuste deberá encararse sobre todo por el lado del gasto. Recientemente un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que dirige el economista Nadín Argañaraz, planteó que para alcanzar el equilibrio el gobierno debería hacer un recorte de gasto del 25% respecto de 2023, en términos reales.
El informe indica que este año el sector público nacional cerraría con ingresos totales por $41 billones y gastos primarios por $47,4 billones, lo que dejaría un resultado primario negativo de $6,6 billones. Traducido como porcentajes del PBI, serían ingresos por 17,2%, gastos primarios por 19,9% y déficit primario de 2,8%. Se deben sumar intereses por $5,1 billones (2,1%) por lo cual el total del déficit del 2023 sería $11,7 billones (5,1%).
Partiendo desde ese punto, el IARAF considera que, si se eliminan las transferencias discrecionales a las provincias se cubriría el 23% del ajuste necesario. Si se suma la obra pública, el ajuste estaría cubriendo un 48,3%. Y al incorporar una eliminación del gasto en subsidios energéticos, alcanzaría el 82,5% de lo requerido. Lo que resta podría salir de la eliminación del déficit de las empresas públicas.
Tomando en cuenta el valor de la moneda actual, a los $11,7 billones que déficit fiscal que quedaría este año habría que agregarle la deuda flotante, es decir, gastos devengados este año que no se pagarán y pasarán para el próximo ejercicio. De acuerdo con los últimos datos de la Tesorería General de la Nación, esa deuda era $1,8 billones en octubre.