Un apagón virtual afectó al sistema informático de expedientes Lex 100 que no funcionó en enero durante varios días debido a la rotura de un aparato que ya no se fabricaba más.
El episodio expuso en público el atraso tecnológico de uno de los poderes de la Nación: el Judicial. Cuando ya estaba por cumplir una semana de parálisis, y se evaluaba la extensión de la feria judicial y se alzaban voces que reclamaban un nuevo sistema informático, el Lex 100, el corazón del software que utiliza el Poder Judicial, revivió.
El eje de la controversia volvió a quedar del lado del Consejo de la Magistratura, bajo cuya órbita está el área de sistemas. No existió un plan de contingencia para las «caídas» cada vez más frecuentes de un software de funcionamiento defectuoso.
El Lex 100 colapsó el 23 de enero. La conclusión más grave del episodio es que no existe un «sistema de redundancia», lo que significa que hay un único almacenamiento de datos. Hubo que comprar uno nuevo de emergencia para que se reinicie el sistema. El que funcionaba hasta el momento había dejado de fabricarse.
El 24 de enero, el director general de Tecnología elevó su informe de la falla al presidente del Consejo, el juez Ricardo Recondo, y al administrador general del Poder Judicial, Carlos Bedetta.
Allí consignó que la «indisponibilidad» del sistema se debió a la rotura del Storage HPXP 24000 que soportaba la base de datos principal. Indicaron que se consultó al fabricante, Hewlett Packard, pero que la respuesta fue que la reparación era «incierta» y que ese equipo estaba «discontinuado».
El área de Tecnología aseguró que era «ineludible su reemplazo» y que «no existían paliativos» para que el Lex 100 volviese a la vida. Por eso abrieron la compulsa a proveedores para reemplazarlo bajo cualquier modalidad, compra, alquiler o hasta préstamo. Pero una vez instalado se necesitaría migrar las bases al nuevo, tarea que demandaría entre 48 y 72 horas adicionales.
La falla afectó toda la actividad en Tribunales y motivó la queja de letrados, incluidas las organizaciones como el Encuentro de Abogados Independientes y otras agrupaciones que elevaron la preocupación respecto de los retrasos que ocasionaba la parálisis.
En el mismo sentido se pronunciaron las comisiones internas de los empleados judiciales. Con el equipo recuperado, se continuó con la migración de datos desde que estuvo disponible a un sistema Hexadata de Oracle, que trabaja desde mediados de 2019.
Asistente legal
Mientras se aguarda que el Poder Ejecutivo Nacional envíe al Congreso un proyecto de ley de reforma de la Justicia, sobre el cual se desconoce si incluirá un capítulo o referencia a la transformación digital de los tribunales nacionales, Telefónica de Argentina trabaja en dos iniciativas que apuntan a aumentar la eficiencia y rapidez de los procesos.
Juan Manuel Haddad, gerente de Regulación y Competencias de la empresa, explicó a iProfesional las características de estos proyectos. Uno de ellos se llama Maite: es el primer asistente legal virtual de empresas en América latina, que responde consultas jurídicas simples a personas que no son abogados.
«El objetivo de Maite es que las tareas y consultas simples legales no sean realizadas a los abogados, para que ellos puedan dedicarse a los temas más complejos. El otro objetivo es que las personas que no son abogadas puedan acceder a información simple legal en forma rápida e intuitiva para poder resolver sus problemas diarios», explicó Haddad.
El proyecto surgió en 2019 en el área Legal y Big Data de Telefónica de Argentina. Su primera fase fue pensar en casos de usos de inteligencia artificial aplicado a temas legales que tengan un retorno de inversión. Así surgió que el primer caso de uso sea para responder sobre contratos, para luego avanzar sobre licitaciones públicas y juicios.
«Maite implica un cambio de paradigma en la forma de ejercer la abogacía. Los servicios y procesos empiezan a tener en el centro a los clientes y no tanto en los abogados. Por eso estaremos hablando de servicios jurídicos que pueden estar o no prestados por un abogado», dijo Haddad.
El gerente de Regulación y Competencias de la empresa destacó que con Maite «podremos deshacernos de las tareas legales rutinarias y repetitivas y poder dedicarnos a los temas de mayor valor agregado.
También hay un tema de eficiencia porque podremos hacer más cosas con los mismos recursos humanos». El desarrollo fue interno en Telefónica de Argentina, que no precisó el monto de la inversión en esta herramienta.
Maite tiene diferentes componentes. Tiene un OCR (sigla en inglés por una expresión en lengua inglesa que puede traducirse como reconocimiento óptico de caracteres») para extraer variables de los documentos, bases de datos, desarrollo en lenguaje natural y el chatbot como canal de comunicación, así como interfaz con sistemas de gestión jurídico.
El primer caso de uso es sobre el contrato de alquiler de antenas, un aspecto clave en el negocio de la telefonía móvil. «La idea es avanzar para que toda la gestión legal simple pase por Maite», destacó Haddad.
El gerente señaló que el principal obstáculo que enfrentaron «fue encontrar los casos de uso que tengan un retorno de la inversión. No sólo en este proyecto, creo que es el gran desafío de los desarrollos LegalTech, hay muy buenas ideas pero que todavía no logran permear porque no tienen un caso de negocio viable».
El robot judicial
La otra iniciativa en la que trabaja la filial local del grupo de telecomunicaciones español se llama «Proyecto Oficios«, y nació a partir de una cifra mayúscula: 7.000 requerimientos judiciales por mes en promedio recibe Telefónica de Argentina.
«El proceso era en papel y se tardaba en contestar entre 8 y 10 días. En el caso de los juzgados del interior del país incluso mucho más. El 30% de esos requerimientos eran reiterativos porque los fiscales o jueces no nos enviaban los datos necesarios para responder dichos requerimientos«, describió Haddad.
El objetivo que tenían con Oficios era contestar los requerimientos de forma sencilla y rápida. Fue así como la empresa decidió abrir un portal a la Justicia, donde los fiscales y jueces solicitan la información y la compañía automatiza la respuesta con un robot.
La idea surgió en 2018 en el área de legales de Telefónica de Argentina, en el marco de «la constante revisión de proceso que estamos llevando a cabo desde el 2012». En primer lugar, la empresa firmó un convenio con las fiscalías de cada jurisdicción. Luego las fiscalías generales enviaron a Telefónica el listado oficial de los fiscales y se empezó a dar de alta a los fiscales como usuarios.
Los fiscales entran con un usuario y una clave. Completan un formulario donde solicitan los datos que necesitan. Esos datos impactan directamente en el sistema de gestión legal de la empresa, son tomados por un robot y los «pega» en la base de datos de la compañía llamada «Temis». Se saca el reporte y el robot los vuelve a subir al portal para que los pueda descargar el fiscal.
El portal cumple las funciones de los requerimientos judiciales que recibíamos y contestábamos en papel. En el convenio que se firma, se declara que la información que brinda la empresa con el portal equivale a lo que hubiese enviado en papel.
Las fases de implementación fueron descriptas así por Haddad: «Diseñamos el portal. Testeamos con varios fiscales y jueces porque en definitiva eran los que iban a utilizar el portal. Con el ‘feedback’ recibido hicimos en MVP (producto mínimo viable) y volvimos a testear. Luego hicimos el producto final. Salimos a convencer y firmar convenios con cada una de las jurisdicciones provinciales y nacionales. Capacitamos a los fiscales. Estamos dando seguimiento al proyecto con continuas mejoras con ‘feedback’ que nos siguen dando los fiscales».
Los beneficios por la implementación de este proyecto fueron muy fuertes: «Bajaron drásticamente los tiempos de respuesta de los oficios que entran por el portal. Bajamos de 8 días a contestarlos en el mismo día«, afirmó Haddad.
En el marco de la reunión del G20 en Buenos Aires en 2018, este proyecto fue tomado como ejemplo de lo que «las fuerzas de seguridad y la Justicia necesitan para investigar un delito por la rapidez en la respuesta de la información».
El portal es una página web, una interfaz del sistema jurídico de la compañía. También está la base de datos Temis donde están alojadas todas las llamadas que se hacen en la compañía, y que es la más grande del país.
La fiscalía de la Nación y de 21 provincias ya se sumaron al portal. «Estamos sumando a las fuerzas de seguridad también y firmando el resto de las provincias en las próximas semanas», dijo el gerente, quien confirmó que están haciendo «ajustes y mejoras según el feedback y nuevas necesidades de información que van requiriendo los fiscales».
Para Haddad, la implementación del proyecto «es un claro ejemplo de que no había ningún obstáculo para hacer una transformación con tanto impacto. No había restricciones legales ni tecnológicas. Era tener la voluntad de hacerlo».
«Lógicamente que al implementarlo nos encontramos con muchas cosas por resolver, pero como cualquier otro proyecto. Las mayores cuestiones por resolver fue ir a hablar con cada jurisdicción y contarle el proyecto. ¡Tuvimos una recepción positiva inmediata!», exclamó el gerente.
Fuente:iproup.com
