Los millones restantes que no se utilizan se van acumulando, año a año, en una cuenta recaudadora en la Tesorería. Hasta mayo de 2006, esa cuenta registraba un saldo de 3532 millones de pesos, y a diciembre pasado superaba los 4000 millones, según estima el diputado Jorge Sarghini (Justicialismo Nacional-Buenos Aires). Más preciso, el diputado Miguel Giubergia (UCR-Jujuy), vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, estimó que el total trepa a los 4286 millones, de acuerdo con un trabajo que realizó sobre cifras oficiales.
Según la ley 23.548 (de coparticipación transitoria), esos recursos pertenecen a las provincias. Sin embargo, se acumulan en el tesoro nacional y no se reparten, pese a la delicada situación fiscal de muchas de ellas. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, al ser consultado por LA NACION, explicó que sólo distribuyen los ATN que están presupuestados «y no todos los fondos que surgen de la ley».
La oposición tiene una lectura clara: el Gobierno utiliza esos recursos para financiarse sin costo alguno. Por el contrario, las provincias, asfixiadas por las deudas, deben pagar intereses por el financiamiento que reciben de la Nación, pese a que por ley les corresponden 4000 millones de pesos en concepto de ATN.
Suba sostenida
Basta remitirse a los últimos dos informes que la Jefatura de Gabinete presentó al Congreso el año pasado para comprobar el sostenido aumento de los ATN desde 2001 hasta la fecha.
Según esos informes, en la cuenta del fondo de ATN se registraban 392 millones de pesos; en 2002, 301 millones; en 2003, 548 millones; en 2004, 851 millones; en 2005, 1041 millones, y en 2006, 1267 millones de pesos. Es decir, en los últimos tres años se cuadruplicaron los recursos.
Pero no todos se distribuyeron a las provincias; como ya se mencionó, y por mencionar tan sólo un ejercicio anual, en 2006 se repartieron únicamente 60 millones de pesos.
Los saldos restantes se fueron acumulando a lo largo de los años en la cuenta de Tesorería. Según la oposición, alcanzaron 4200 millones a diciembre del año pasado.
La pregunta surge por lógica: ¿por qué no se reparten esos recursos? Las provincias están asfixiadas, el superávit que ostentaban se consume peligrosamente debido a las crecientes demandas salariales y porque, a diferencia de la Nación, son los distritos los que deben hacerse cargo de la seguridad, la salud y la educación, entre otros servicios básicos.
Los gastos aumentan y, para peor, la torta de recursos que reciben las provincias no sigue ese mismo ritmo, ya que su sistema de coparticipación se mantiene intacto.
Los recursos se reparten de manera desigual, ya que desde la salida de la convertibilidad la Nación percibe dos impuestos que poco y nada comparte con las provincias: las retenciones a las exportaciones [que no se coparticipan] y el impuesto al cheque [que sólo llega efectivamente a las provincias en un 14,16 por ciento]».
En este contexto de asfixia fiscal, diputados de la oposición oriundos del interior miran con avidez los fondos acumulados por ATN que no se reparten. La respuesta del Gobierno en sus informes al Congreso es la misma: que los ATN se crearon «para atender desequilibrios financieros y/o emergencias de los gobiernos provinciales».
Claro que el reparto de los ATN no siempre respetó el parámetro de la «emergencia»; sobran las denuncias sobre manejo discrecional de estos recursos, sobre todo durante la época menemista.
En la gestión de Néstor Kirchner, la oposición también planteó sus sospechas; de hecho, ARI presentó hace un tiempo un pedido de informes acerca de una decisión administrativa del Gobierno, en 2005, que otorgaba discrecionalmente 60 millones de pesos en ATN a Buenos Aires. Señalaron, para peor, que Mar del Plata recibió una partida por ese concepto de 302.000 pesos, que se destinaron al desarrollo de desfiles de modelos.
El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, rechazó la acusación y deslindó responsabilidades en el gobierno que encabeza Felipe Solá.
Proyectos de cambio
Más allá de las sospechas sobre los desmanejos de los ATN, la oposición presentó diversos proyectos de ley para modificar la actual norma y permitir que los fondos acumulados y no utilizados hasta ahora se destinen a saldar las deudas que las provincias mantienen con la Nación.
Esta situación de vulnerabilidad fiscal de las provincias, aquejadas por fuertes deudas y un mayor gasto público por demandas salariales, es lo que permite a la Nación, que ostenta una poderosa billetera en virtud de su superávit (logrado a costa de las provincias), condicionar a los gobernadores y alinearlos políticamente.
Tanto Sarghini como Giubergia razonan que si los fondos de ATN pertenecen a las provincias por ley, bien pueden ser utilizados para saldar las deudas provinciales.
«La diversidad de funciones que deben cumplir las provincias para atender las legítimas demandas de la población, sin un correlato de los recursos correspondientes, llevaron a dichas jurisdicciones a financiarse con deuda pública. Por eso propongo reintegrar a los beneficiarios naturales los ATN que no fueron utilizados para los fines que fueron creados», fundamentó Sarghini.
Por Laura Serra
De la Redacción de LA NACION
