Si alguien pensaba que el clientelismo político era un invento patentado en el conurbano bonaerense, se equivocó. Lejos de ser una práctica exclusiva del principal distrito del país la entrega de dádivas o dinero en efectivo motivada por la cercanía de los comicios se repite, con modalidades más o menos parecidas, a lo largo y ancho del país.
Así lo demuestran las denuncias vertidas tanto por la oposición como por los oficialismos locales, las quejas de los vecinos y los escándalos en los medios periodísticos provinciales.
Según un relevamiento que hizo LA NACION en las provincias, uno de los casos de clientelismo más resonantes fue el que se registró en Neuquén, donde el gobierno nacional está enfrentado al mandatario local, Jorge Sobisch, del Movimiento Popular Neuquino.
En junio último, ocho camiones del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación llegaron con electrodomésticos, ropa de cama y materiales de construcción, que fueron distribuidos entre 700 familias pobres de la capital neuquina, a través de la organización piquetera kirchnerista Barrios de Pie.
El reparto provocó la reacción de la ministra de Acción Social provincial, María Oscos, que acompañó una protesta de un grupo de mujeres hacia el depósito donde permanecían los productos, en medio de denuncias de clientelismo. La movilización terminó con la rotura de vidrios, heridos y una denuncia en la Justicia.
Para contrarrestar el efecto de la ayuda nacional, se advirtió que el gobierno neuquino dispone de 20 mil planes de empleo y un presupuesto de más de 100 millones de pesos para asistencia social.
En La Rioja, desde el candidato a senador del PJ, Carlos Menem, hasta el postulante radical, José Luis Bellia, denunciaron el reparto de subsidios en busca de votos por parte del gobernador provincial y candidato a senador, el ahora kirchnerista Angel Maza.
Allí la entrega de chapas, cemento, bolsones de comida, dinero y hasta el pago de facturas de energía eléctrica es moneda corriente. Esta vez el fenómeno comenzó en agosto, durante las elecciones internas del peronismo local, y con modalidades insólitas: los vecinos denunciaron que les pagaban para no ir a votar (y así devaluar las internas donde el kirchnerismo no quiso competir contra Menem).
Las quejas no sólo apuntan al peronismo. En Catamarca, el PJ denunció que el oficialista Frente Cívico (que agrupa a radicales y otros partidos) compró 80 mil módulos alimentarios para entregar antes de las elecciones, en una provincia donde el 51,7% de sus habitantes vive en la pobreza. En tanto, los medios locales mostraron la presencia de camiones con alimentos, ropa y juguetes que esperan ser entregados, en una práctica totalmente instalada en Catamarca.
Las denuncias de clientelismo se repiten en Córdoba, donde el legislador del Frente Nuevo, Ricardo Fonseca, aseguró que los 58 millones de pesos que en 2004 se destinaron a subsidios, se duplicaron este año. «Son cosas que se dicen en la campaña», le retrucó ayer el gobernador José Manuel de la Sota, que negó la denuncia del legislador, encolumnado detrás del intendente de la capital, Luis Juez.
Hace un mes, en La Pampa, la concejal del opositor Frente de la Gente, Claudia Giorgis, denunció el desvío de fondos del municipio de Santa Rosa hacia la Fundación Malenche, vinculada con el concejal del PJ José Luis Sander, para su presunta utilización política.
También hubo denuncias en Chaco, donde el secretario de gobierno de Resistencia, Leandro Zdero (del oficialismo provincial, una alianza liderada por la UCR), dijo en una conferencia de prensa que «algunos vivos» repartían vales de compra a cambio de votos, aunque no los identificó.
En septiembre, los vecinos de la ciudad correntina de Santo Tomé advirtieron que en un depósito perteneciente al padre del subsecretario de Hacienda provincial, Alfredo Aún, comenzaba a amontonarse mercadería. El funcionario respondió que la colocó ahí porque no había otro lugar donde guardarla.
En Santa Cruz, donde la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner, se postula para senadora, no hubo denuncias de entrega de mercaderías o dinero. Sin embargo, la mayor parte de su campaña se basó en actos oficiales donde se otorgaban subsidios, becas, pensiones, viviendas, con aportes nacionales y provinciales.
Las prácticas clientelistas en San Luis están asociadas a los 60 mil habitantes que reciben planes sociales, además de pasantes y becarios del gobierno encabezado por Alberto Rodríguez Saá.
Denuncias de clientelismo similares adjudicadas tanto al oficialismo como a la oposición local se repiten en Entre Ríos, Tierra del Fuego, Formosa, Salta y Tucumán.
Informe de nuestros corresponsales
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