Pueden caer 100 proyectos de ley

Casi un centenar de proyectos de ley quedó postergado hasta último momento en el Congreso. Si no se tratan antes del 30 de este mes caducarán en forma automática. En efecto, ese día finalizan las sesiones ordinarias del Congreso, y si bien el Poder Ejecutivo está habilitado para prorrogarlas, no podrá hacerlo más allá del 10 de diciembre, cuando se produzca el recambio parlamentario.

Apurado por los tiempos, el oficialismo en ambas cámaras ya está preparando las tradicionales sesiones maratónicas de fines de año. El Senado, más prolijo, organizará sesiones todas las semanas para despachar los asuntos pendientes.

La Cámara de Diputados, en cambio, dejará todo para la última semana del mes y sólo priorizará los temas económicos más urgentes para el Gobierno, como el presupuesto.

“Si hay tiempo y consenso para el resto de los temas, se verá”, anticipan desde el bloque de diputados oficialistas. ¿Permitirán, entonces, que todos los proyectos “no priitarios” caduquen automáticamente? “Estudiaremos cada caso, pero por ahora nuestro interés está sólo puesto en los temas económicos”, reiteran las fuentes.

La oposición ya anticipó que pondrá un grito en el cielo. Los proyectos economicos que más interesan al Poder Ejecutivo son el presupuesto 2006 y la prórroga de una serie de impuestos que vencen a fin de año y cuya recaudación resulta vital para garantizar la pauta de ingresos y de superávit previstos para el año próximo. Ambos están en discusión en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo está en franca desventaja numérica.

El ministro de Economía, Roberto Lavagna, y los diputados del PJ intentarán negociar con los radicales un tratamiento acelerado del proyecto de presupuesto (de lo que se informa por separado).

Empero, no se descarta que se postergue todo el debate hasta después del 10 de diciembre (cuando la nueva composición del cuerpo le sea más favorable) si las dificultades con la oposición persisten.

Además, el Poder Ejecutivo reclama la sanción de la ley de fomento a las pymes (que contempla un tratamiento diferencial de las ganancias que se reinviertan en capital) y la creación de la empresa de soluciones satelitales Arsat; rápidamente, el oficialismo emitió los respectivos dictámenes y ya están listos para ir al recinto.

La Cámara alta no padece las dificultades de la Cámara baja. Allí, la holgada mayoría con la que cuenta la bancada oficialista permite al jefe del bloque, Miguel Angel Pichetto (PJ-Río Negro), imprimir mayor agilidad al tratamiento de los proyectos pendientes. A pesar del optimismo oficial, quedan pendientes iniciativas de importancia, algunas de las cuales difícilmente sean aprobadas antes de fin de mes.

El proyecto de reglamentación del juicio por jurados, presentado por el Poder Ejecutivo a mediados del año último y con Gustavo Beliz como ministro de Justicia, es un ejemplo.

Pasada la presión ejercida por las marchas encabezadas por Juan Carlos Blumberg, que tenía a este proyecto como uno de sus ejes principales, el proyecto languidece sin tratamiento.

Reforma penal

En el ámbito penal, quedaron hasta el momento sin sanción varias propuestas de modificación del Código Procesal Penal, como la que interviene en materia de inhibiciones y recusaciones de jueces.

En política exterior, sobresale otro proyecto del Ejecutivo: la aprobación legislativa de la Convención de la ONU contra la corrupción, suscripta en México en diciembre de 2003.

El convenio marco de la Organización Mundial de la Salud que restringe la creación de nuevas plantaciones de tabaco y promueve su reemplazo por otros cultivos es otro de los temas pendientes.

La cerrada negativa a aprobarlo por parte de los legisladores que representan a provincias tabacaleras convierte en más que dificultosa su aprobación.

Otro asunto importante, que durante la semana última motivó más de una polémica, permanece sin resolución en el Senado desde hace casi un año: el proyecto de la senadora Amanda Isidori (UCR-Río Negro), que establece la creación del programa de educación sexual y salud reproductiva en los establecimientos educacionales de todo el país. Se trata de un proyecto polémico, si se tiene en cuenta que este tema suscitó una fuerte discusión entre el Gobierno y la Iglesia.

Todo parece indicar que el dictamen caducará en pocas semanas, al igual que buena parte de los proyectos que aún se acumulan en los despachos del Congreso.

Por Laura Serra y
Jaime Rosemberg
De la Redacción de LA NACION

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