Río Grande.- Durante el fin de semana y mientras el gobernador suspendido Jorge Colazo recibió el rechazo de la Justicia provincial a su disparatada denuncia por ‘sedición’ contra lo actuado por los legisladores provinciales; el vicegobernador Hugo Cóccaro recibió el amplio respaldo político de los intendentes de Río Grande y Ushuaia, como así también de la CGT local y de las 62 organizaciones.
Cóccaro agradeció el gesto pero consideró que si bien lo implica directamente como «gobernador a cargo», interpretó que el acompañamiento va más allá de él mismo «porque implica el resguardo de nuestra Constitución Provincial como marco de máxima legalidad». En cuanto a los jefes comunales y a pesar de las distintas banderías políticas que representan, dijo no extrañarle «porque tratándose de los intendentes (Jorge) Garramuño y (Jorge) Martín, sé que son hombres de la democracia que a diferencia de otros políticos, no mezclan la constitucionalidad y la gobernabilidad, con las mezquindades políticas».
Por su parte, algunos sectores sindicales como la CGT provincial y las 62 organizaciones manifestaron su determinación de respaldar a Cóccaro en el rol institucional que le ha conferido la Legislatura, a partir de la puesta en marcha del instituto del juicio político contra Jorge Colazo.
Cóccaro confirmó que varios ex convencionales constituyentes de la provincia le hicieron conocer su respaldo, como así también constitucionalistas de Buenos Aires quienes consideraron que la resistencia del mandatario provincial, se opone a cualquier interpretación racional «o realmente, esconde una segunda intencionalidad» opinaron.
Con respecto al curso que seguirá la insólita situación provincial, se definió cauto y a la espera de las determinaciones de la Justicia ante quien interpuso sobre el fin de semana, una medida autosatisfactiva y una denuncia por usurpación de títulos y honores contra Colazo.
Preocupación y vergüenza
Por otra parte y ya en el plano personal, el gobernador a cargo sostuvo que «da vergüenza que nuevamente estemos no solamente en los medios locales y nacionales, si no en los internacionales, con cables de la agencia EFE e informes en las cadenas televisivas donde comentan un poco asombrados y un poco en broma, que en Argentina hay un Estado con dos gobernadores porque uno ellos no quiere acatar su suspensión para que lo investiguen por un juicio político».
Cóccaro se mostró esperanzado en una actuación «rápida» de la Justicia provincial por la gravedad que implica «esta sensación de una administración paralizada».
Comentó que «es alarmante notar que los funcionarios de Colazo reconocen la ilegalidad de su actitud porque al hacer un anuncio, como el de la quita del tiempo de residencia para el IPV, tienen que pensarlo dos veces y decir que ‘el decreto’ fue firmado por el gobernador ‘hace varios días’; eso es un papelón» opinó. Recordemos que el citado anuncio lo efectuó el vicepresidente del IPV -Enzo Filosa-, el pasado viernes por la noche, en un programa televisivo.
«La administración pública no se puede detener por el capricho de unos pocos, poniendo en riesgo el cumplimiento de los roles esenciales del Estado, como la salud, la educación y la seguridad» agregó Cóccaro.
Y advirtió que es en las instancias de defensa establecidas en el Juicio Político, donde Colazo «tiene la oportunidad de demostrar que es inocente y volver a su cargo, fortalecido. Pero si no lo hace, nunca va a disipar las sospechas de corrupción y de malversación de fondos».
