Y en el Estado también

Muchos “no declarados” trabajan para el Estado, en salud, educación y a cambio de ser beneficiarios de planes sociales.

De acuerdo con datos del Indec, una elevada proporción de trabajadores en negro depende de una remuneración otorgada por el Estado o por una organización comunitaria. El 28,9 por ciento de los que revistan como “asalariados sin descuentos jubilatorios”, según los clasifica el Indec, están categorizados en la rama “Servicios”, que incluye a la administración pública, servicios sociales, de salud y comunitarios, y a los beneficiarios de planes sociales que realizan alguna actividad laboral como contraprestación. La proporción de asalariados no registrados en la seguridad social se mantuvo en el segundo trimestre algo por encima de lo esperado, 47,2 por ciento, ya que sólo bajó tres décimas con respecto al trimestre anterior y 1,1 punto en relación a un año atrás.
El análisis por rama de actividad en la que se desempeñan los trabajadores sin aportes revela que, además de la denominada Servicios (que no incluye al servicio doméstico), se destaca por su incidencia en el total la denominada Comercio, Restaurantes y Hoteles, que agrupa al 22,6 por ciento de los empleados en negro. Es decir, que junto al rubro Servicios, suman más de la mitad de los empleos no registrados.
A buena distancia se ubican la Industria manufacturera (14,2 por ciento de los empleos en negro en zonas urbanas), Finanzas, Seguros, Bienes inmuebles y Servicios Empresarios (9,8 por ciento) y la Construcción (8,1 por ciento). Este último, con una participación muy inferior a la que habitualmente se le asigna al gremio. Recién por detrás aparece el Servicio Doméstico, que con el 7,6 por ciento registra, para el Indec, una cantidad de empleados en negro muy inferior a la estimada, por ejemplo, por la AFIP, que le asigna a ese sector una cantidad de 900 mil empleados no registrados.
El descenso en la proporción de asalariados sin aportes es mucho más lenta que lo que se preveía de acuerdo con otros indicadores, como crecimiento de la economía o el aumento de la recaudación por reducción de la evasión fiscal. Tres semanas atrás, refiriéndose a este mismo tema, el especialista en temas laborales Ernesto Kritz señalaba en declaraciones a la prensa que a este ritmo, “bajo supuestos optimistas, se necesitaría unos 20 años para erradicar la informalidad (laboral) por esta vía”.
El aumento de la actividad en distintos sectores beneficiados por la devaluación no se tradujo, proporcionalmente, en una mejora en las condiciones de sus empleados. En la construcción, por ejemplo, el boom de nuevas obras en zonas urbanas muy caras y el paralelo incremento de la obra pública apenas fue acompañado por el aumento del plantel de trabajadores declarados. Tampoco hubo un crecimiento del empleo en blanco en muchas ramas de la industria manufacturera que reflejaran la recuperación habida en las mismas.
Otro dato que surge de los indicadores socioeconómicos informados ayer por el Indec revelan que sólo una sexta parte de quienes están en edad de trabajar posee estudios terciarios o universitarios completos. A ese 16,5 por ciento se agrega otro 14,6 con estudios en ese nivel incompletos. La franja de los que llegan al mercado laboral con nivel secundario completo es del 21,5 por ciento, mientras que el 40 por ciento está compuesto por quienes tienen secundaria incompleta o apenas completaron la primaria.
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