"La administracion Colazo esta huerfana de toda legitimidad"

Ante la magnitud de la crisis planteada en el seno de la dirigencia política de la provincia, desde el ARI advertimos que la destitución del Gobernador COLAZO de parte de la Legislatura es insuficiente como respuesta a tal crisis y como intento de superación que restablezca nuestra resentida democracia.

Primeramente advertimos una “crisis de legitimidad” a nivel dirigencial.-

* Colazo asumió el gobierno denunciando que las autoridades anteriores se habían robado hasta las cortinas de los despachos.-

Ello no sólo era conteste con las expectativas de nuestro pueblo que había decidido mayoritariamente a través del voto poner término al régimen menemista-manfredottista caracterizado por la corrupción y el autoritarismo, sino que incrementó esas expectativas legítimas de amplios sectores que soñaron con una bocanada de aire fresco y puro que saneara las instituciones democráticas y republicanas de nuestra organización social.-

Sin embargo, a poco de andar el nuevo gobierno demostró no sólo que no se haría cargo de esas expectativas, que en parte había generado y en parte había profundizado, con la firmeza y con la convicción necesarias, sino que aparte las frustró totalmente, demostrando que todo seguiría igual y, peor aún, que las más viles prácticas del régimen serían agudizadas.-

Esta palpable y grosera frustración de las expectativas de la mayoría de los habitantes de Tierra del Fuego dejó a la administración Colazo huérfana de toda legitimidad, porque el gobernador estaba cumpliendo una función para la cual no había sido puesto o, lo que es lo mismo, no estaba llevando adelante la gestión que se le había encomendado.-

* Esa crisis de legitimidad excede al titular del Poder Ejecutivo Provincial para llegar a alcanzar a toda la dirigencia política fueguina.-

Así, la Legislatura que resuelve la suspensión del gobernador está integrada, en un 45%, por miembros que ya la integraron durante la vigencia del régimen manfredottista.-

Las mismas prácticas de corrupción por las que es enjuiciado el Gobernador Colazo eran moneda corriente bajo el imperio del manfredottismo.-

Sin embargo, esos Legisladores repetidos hoy, no propiciaron en su momento la destitución ni la investigación ni el enjuiciamiento de Manfredotti. Todo lo contrario: lo sostuvieron avalando todas las medidas que posibilitaron la corrupción y encubrieron su salida con impunidad cuando, en ejercicio ya del actual mandato, trabaron la implementación del juicio de residencia.-

Entonces, que ahora vengan a enarbolar la Constitución para suspender a Colazo, la misma Constitución que pisotearon para sostener y encubrir a su antecesor, no es creíble.-

Allí radica la crisis de legitimidad: la decisión suspensiva es una decisión que, por lo menos en un 45 % de las voluntades que integra, está desprovista de la autoridad moral que da contenido a la legitimidad en sentido material.-

Al no ser creíble la Legislatura se profundiza el distanciamiento entre el pueblo de la provincia y sus dirigentes políticos, alejamiento que lesiona los cimientos mismos del sistema democrático. Y más: esa falta de legitimidad troca la incredulidad generalizada en la clase política en verdadera indiferencia, lo que es todavía más grave.-

El signo más visible de ello es que la decisión, desprovista de autoridad moral y de legitimidad material, no significaría más que suspender a un ladrón para que otros vengan a robar en su lugar, con lo cual sólo ganan otros de los “miembros rotativos” de una corporación enquistada pero no gana el pueblo, cual si sólo se corriese “una silla en el asado” para que otro venga a comer en el lugar que uno deja, y nada cambie en verdad.-

En segundo lugar advertimos un enorme vacío de poder, al punto de que el Gobernador Colazo, después de haber cambiado 45 ministros en menos de dos años, ya no consigue candidatos que acepten integrar su gabinete.-

En esta situación, tras su suspensión y/o destitución, teniendo que asumir el Poder Ejecutivo el Vice Gobernador por así disponerlo la Constitución, resulta que Hugo Cóccaro ha sido, durante estos casi dos años de gestión del Frente de Unidad Provincial, gobernador en ejercicio prácticamente por más tiempo que el propio Colazo, por las reiteradas y prolongadas ausencias de éste de la provincia.-

En dichas oportunidades, siendo Cóccaro el reemplazante natural del primer mandatario, no ha podido hacer valer su autoridad al frente del Ejecutivo como prevé la Constitución. No ha podido gobernar.-

Entonces difícilmente pueda gobernar ahora, al tener que asumir en reemplazo del suspendido Colazo, a menos que efectúe alianzas con los mismos sectores que ya bastante aportaron a la destrucción de la provincia, en un esquema de mero reparto de poder o de cargos para que los mismos de siempre sigan haciendo su negocio y para que, en suma, el pueblo siga siendo el eterno perdedor en una profundización cada vez más alarmante de la crisis de legitimidad denunciada.-

Por eso es que con el juicio político a Colazo no alcanza, y es responsabilidad de toda la dirigencia política arbitrar una solución más integral.-

Finalmente, sería falso pasar por alto que la cúpula del Poder Judicial Provincial está incursa en la misma causal por la cual está siendo enjuiciado Colazo, en lo que a rendición de cuentas del ejercicio 2004 se refiere, sobre la cual el Tribunal de Cuentas de la Provincia ha tenido que abstenerse de emitir opinión, dictamen que el organismo de control se encarga de definir como “la peor calificación” que pueda adoptarse en una auditoría externa.-

Ante ello, condenar a uno por lo mismo que se tolera o perdona a otros, no es sino una hipocresía que refuerza la crisis de legitimidad y sostiene en una función clave para la república a verdaderos cómplices de la corporación que, desde el familiar ambiente de un asado compartido, apuntalan la corrupción garantizando la impunidad para que nada cambie en beneficio de la mayoría.-

Por ello es que, sin perjuicio de lo que se resuelva en relación con el enjuiciamiento del gobernador, el ARI propone una solución estructural a las crisis de legitimidad y de vacío de poder detectadas, para dar una brusca vuelta de página y marcar un claro punto de inflexión que revierta la tendencia e inicie un proceso de reconstrucción de la democracia y del acercamiento del pueblo con su dirigencia política.-

Ante la alternativa de una intervención federal a la provincia, que depondrá a todas las autoridades de los tres poderes e iniciará los procedimientos de elecciones o nombramientos de quienes habrán de sucederlos, propiciamos la intervención de nuestro pueblo y la solución de la crisis por nuestras propias herramientas constitucionales.-

Porque una de las características más significativas de la crisis es la ausencia, en la misma, de la mayoría de la gente, y esto tampoco nos es indiferente.-

Por todo lo cual propiciamos:

* Ley de revocatoria de mandatos de todas las autoridades electas.-

* Convocatoria a elecciones y definición del cronograma electoral.-

* Promoción de jury de enjuiciamiento y destitución de los Jueces del Superior Tribunal de Justicia.-

Por un cambio real, profundo, democrático, sin hipocresía; para que el pueblo baraje y dé de nuevo, nos vamos todos.-

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