Para sumar misterio, 345 partidos de todo el país tienen sus aportes suspendidos por la justicia electoral debido a fallas u omisiones en la presentación de sus balances sobre los últimos comicios legislativos, por lo que ni siquiera contarán con el aporte estatal.
Entre ellos figuran nada menos que el Frente para la Victoria, Recrear y ARI, en la Capital Federal (que postulan a Rafael Bielsa, Mauricio Macri y Elisa Carrió, respectivamente), y el PJ y Recrear, en la provincia de Buenos Aires (con las candidaturas de Hilda Duhalde y Ricardo López Murphy, respectivamente).
“Los que ya tengan sentencia no formarán parte de la distribución, que se asignará este mes, mientras que aquellos con suspensiones cautelares [como los citados más arriba] recibirán el dinero sólo cuando resuelvan ante la Justicia su situación”, dijo el director nacional electoral.
Por otra parte, el funcionario agregó que sólo esta semana, ya vencido el plazo de inscripción de alianzas electorales, se establecerá cuánto le corresponde a cada agrupación por distrito.
Ante este complejo panorama, LA NACION intentó dilucidar de dónde saldrán los fondos para la campaña que empezó formalmente hace 10 días. Las respuestas de los diferentes partidos son variadas: incluyen desde el hermetismo total hasta las iniciativas más impensadas para sustentar la campaña electoral de un partido.
En el peronismo, tanto duhaldistas como kirchneristas respondieron a la mayoría de las consultas de LA NACION con la misma frase: «Todavía no está definido» el tema.
Juan José Alvarez, el jefe de la campaña de Hilda Duhalde, candidata a senadora del PJ bonaerense, dijo que aún falta definir el presupuesto de campaña y en qué se usará el dinero.
El gasto máximo permitido en el distrito electoral más grande del país rondará los 9 millones de pesos (se calcula un peso por votante), y en voz baja algunos duhaldistas admiten que podrían acercarse a esa cifra.
Por el Frente para la Victoria, en el comando de campaña integrado por los intendentes Alberto Balestrini, Alberto Descalzo y Julio Pereyra respondieron que los gastos de la postulación de Cristina Kirchner se van a «terminar de ordenar» en los plazos legales establecidos (de lo que se informa en la infografía).
En la Capital Federal, señalaron que todavía no está definido quién se ocupará de recaudar fondos para el Frente para la Victoria (aquí integrado por el PJ y otras agrupaciones kirchneristas), cómo se financiarán o en qué gastarán el dinero, pero no están preocupados por la suspensión que pesa sobre sus aportes, porque el PJ, miembro de ese frente, sí está habilitado para recibir fondos oficiales para la campaña, dijeron.
La oposición
Entre la oposición hay pocas certezas acerca de dónde saldría el dinero para la campaña, y ésa es una de las principales preocupaciones de ARI, la UCR y Pro, el frente electoral de centro formado por Recrear y Compromiso para el Cambio.
Sus referentes se quejaron a LA NACION porque el aporte estatal resultaba insuficiente, y, con la condición de reserva de su identidad, señalaron que los empresarios temen represalias del Gobierno si realizaran aportes para un candidato opositor, por lo que el financiamiento privado se complica a la hora de sustentar la carrera proselitista.
En Propuesta Republicana (Pro), el frente que conducen Ricardo López Murphy y Mauricio Macri, dijeron que en todo el país pensaban gastar entre 1,5 y 2 millones de pesos para estos comicios, la mitad de lo que utilizaron en la campaña presidencial de López Murphy en 2003. La mayor parte de ese dinero será para la impresión de boletas y para la publicidad en televisión, que resulta ser más lo caro de la campaña.
Para conseguir fondos, todavía escasos, informaron que siguen con las comidas multitudinarias que desde hace rato se utilizan como modo de financiamiento partidario, donde, según sean el lugar y el invitado estrella, pueden cobrar de 20 a 5000 pesos el cubierto.
En los últimos días, en el frente de centro sumaron la venta de bonos contribución (cuestan entre $ 10 y $ 100), mientras golpean puertas en busca de fondos.
«Es una exageración, nos suspendieron los aportes del Estado por presentar el informe un día tarde, pero además lo fondos que mandan son escasos y llegan tarde», se quejó Pablo Tonelli, apoderado de Pro.
En el partido de Elisa Carrió, ARI, el responsable económico de la agrupación, Fernando Sánchez, explicó que hasta ahora sólo reunieron un tercio de los $ 900.000 que necesitarán para la campaña de su jefa en la Capital, donde el tope de gasto permitido en ese distrito es de 2,5 millones de pesos.
La idea es concentrar esfuerzos (y fondos) en este distrito, esperando que la promoción de la candidatura de Carrió tenga rebote en todo el país.
Los $ 300.000 reunidos hasta ahora provienen de créditos bancarios obtenidos por los diputados y candidatos de ARI, dijeron los voceros consultados. Esta es una práctica reiterada también por otros partidos en épocas de campaña.
Además, en ARI esperan que se levante la suspensión y recibir otros $ 300.000 del Estado (en las elecciones pasadas ese aporte fue de $ 280.000), y $ 300.000 más de particulares, porque el partido no acepta aportes de empresas.
Esta vez no recurrirán a la línea telefónica 0-600, mediante la cual -en la campaña de 2003- cada uno de los que llamaban donaba 5 pesos a esa agrupación. Por esa iniciativa, ARI fue sancionado, porque la justicia electoral consideró que esos aportes eran anónimos.
Compromiso partidario
En la UCR ni siquiera imaginan conseguir fondos más allá de los círculos con cierto compromiso partidario. «Cuando estás en la oposición no llueven los aportes privados», se sinceró Ricardo Vázquez, tesorero de la UCR bonaerense, que llevará como candidato a Luis Brandoni.
En 2003, el radicalismo gastó en el distrito bonaerense $ 414.000, exactamente lo que había recibido del Estado. Y para estas elecciones maneja cifras similares, según dijeron los radicales.
En la UCR porteña se contentarían con reunir $ 250.000, que incluirán apenas $ 50.000 de financiamiento estatal (por el escaso 2% de los votos que obtuvieron en su última elección). Así las cosas, recurrirán al aporte de candidatos, afiliados y dirigentes, que ya comenzaron a vender bonos contribución.
Los gastos principales serán para la impresión de boletas, afiches y folletería, porque con ese presupuesto no pueden ni pensar en pagar publicidad en televisión.
«Debería estar prohibido el espacio pago en televisión. Eso achicaría mucho los costos de las campañas e igualaría a los candidatos», propuso Jesús Rodríguez, presidente de la UCR porteña.
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