USHUAIA (Especial para LA NACION).- Tierra del Fuego atraviesa desde ayer momentos de máxima tensión política y social a partir de la decisión de la sala acusadora de la Legislatura provincial de suspender en el cargo, por un plazo máximo de sesenta días, al gobernador radical Jorge Colazo, en el marco de un pedido de juicio político por presunta retención indebida de fondos coparticipables e irregularidades en la ejecución del presupuesto de 2004.
La gobernación fue asumida en forma interina por el vicegobernador peronista Hugo Cóccaro, que mantiene desde hace varios meses un enfrentamiento político con su ex compañero de fórmula y ya removió a todos los integrantes del gabinete provincial, incluyendo al jefe de la policía.
Colazo recibió la noticia sobre la suspensión, adoptada por seis de los siete miembros de la comisión legislativa que lo juzga, mientras estaba en Buenos Aires, donde participó de un acto oficial junto al presidente Kirchner.
El mandatario suspendido, aliado del kirchnerismo, denunció que fue separado de su función por «un grupo corporativo mafioso» (sobre lo que informa por separado).
El abogado de Colazo, Ricardo Gil Lavedra, anunció que hoy presentarán un pedido de nulidad de todas las actuaciones ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia y una medida cautelar para que se suspenda la medida adoptada por la Legislatura.
«Lo acusan de irregularidades en el ejercicio 2004, pero no dicen qué cosas se le imputan, Es una acusación genérica, y que no fue analizada por la Legislatura, sino que proviene de un informe del Tribunal de Cuentas», dijo Gil Lavedra sobre la mayor imputación que pesa sobre su defendido.
Colazo tenía previsto permanecer el fin de semana en Buenos Aires y pasado mañana volverá a su provincia.
Mensaje de Cóccaro
Por su parte, el vicegobernador Cóccaro brindó anoche un mensaje a la población que fue transmitido en cadena provincial, en el que aseguró que «las instituciones de la democracia están en pleno funcionamiento» y afirmó que «el gobierno retomó la senda que nunca debió abandonar, la del dialogo con todos los sectores».
El reemplazante de Colazo anunció medidas para superar la crisis: la resolución del conflicto docente, la disminución de los cargos políticos, la reorganización de la situación financiera de la administración pública y del banco provincial, la publicación de los estados contables de todas las áreas, la concreción de un programa de reactivación de la obra pública, la reincorporación de todo el personal despedido sin causa justa y una fuerte cooperación institucional con los municipios.
El momento más agudo de la crisis política fueguina se produjo cerca del mediodía de ayer, cuando un grupo de funcionarios de Colazo, enterado de la suspensión del gobernador, desconoció la autoridad de Cóccaro y calificó la medida como «un golpe de Estado».
El vocero del mandatario, Eduardo Monchietti, dijo que las autoridades iban a permanecer en la Casa de Gobierno hasta el regreso de Colazo.
No obstante, los funcionarios calmaron a unos 50 manifestantes colacistas que montaron carpas frente al edificio gubernamental y se enfrentaron con la policía. Como consecuencia de peleas aisladas resultó herido en la cabeza un policía y sufrió golpes en el cuerpo un militante radical.
En tanto, la oposición negó la existencia de irregularidades en el procedimiento del juicio político. El titular del bloque de legisladores del PJ, Rubén Sciutto, consideró que la suspensión de Colazo se realizó en el marco «de un proceso ajustado a la normativa vigente» y dijo que las nuevas autoridades «tienen todo el respaldo político».
El intendente de Ushuaia, Jorge Garramuño, del Movimiento Popular Fueguino, afirmó que la crisis es «el resultado de los desaciertos» del gobierno, por el que «pasaron más cuarenta ministros en un año y ocho meses, se hostigó a los municipios y se propició una visión paranoica tildando a todo el mundo de golpista».
El legislador de ARI Manuel Raimbault propiciará la revocatoria de mandatos de todas las autoridades electas y del Superior Tribunal ante un «vacío de poder» y una «crisis institucional inédita de la que ningún funcionario está exento».
En la fotografia que acompaña esta note el gobernador Jorge Colazo aparece al lado del abogado Gil Lavedra quien realizo la presentacion ante la justicia.
Informe de Gabriel Ramonet
