La suspensión del polémico fondeo de tres yates de lujo en aguas del Parque Nacional Tierra del Fuego no logró disipar la preocupación de las organizaciones ambientales. Por el contrario, para la Asociación Manekenk, el episodio dejó al descubierto la fragilidad institucional con la que se toman decisiones sobre áreas protegidas y la influencia de intereses privados sobre territorios que deberían estar resguardados por ley.
Así lo expresó Nancy Fernández, integrante de la organización ambientalista, quien en diálogo con Resumen Económico sostuvo que la marcha atrás anunciada por la empresa involucrada fue consecuencia directa de la repercusión pública que generó el caso.
“La presión mediática causó efecto. Es evidente que el escándalo tomó una dimensión importante y la empresa informó que suspendía momentáneamente el amarre de los yates”, señaló.
Sin embargo, advirtió que la verdadera preocupación no radica únicamente en la suspensión temporal de la autorización, sino en la facilidad con la que se intentó habilitar una actividad incompatible con los objetivos de conservación del parque.
“Lo que nos preocupa es la vulnerabilidad con la que se toman las decisiones, la simpleza con la que se toman las decisiones”, afirmó.
Un permiso envuelto en cuestionamientos
El caso estalló luego de conocerse la intención de amarrar tres embarcaciones de lujo dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego, una medida que incluía además sobrevuelos en helicóptero sobre sectores especialmente protegidos.
Para Fernández, el episodio trasciende ampliamente la discusión ambiental y expone un preocupante esquema de influencias políticas.
“Es un escándalo por donde se lo mire. Habla de un nivel de impunidad acerca de abrir las puertas de áreas naturales protegidas porque un presidente de otro país recibió favores de una empresa”, cuestionó.
La ambientalista recordó además que la legislación vigente prohíbe expresamente este tipo de actividades dentro de los parques nacionales.
“La Ley de Parques Nacionales prohíbe sobrevuelos con aeronaves motorizadas. Incluso un dron no puede volar dentro de un parque nacional. Por eso sorprende que se haya considerado esta autorización”, explicó.
El impacto ambiental
Desde Manekenk remarcaron que los riesgos ambientales eran múltiples y afectaban tanto al ecosistema marino como a la fauna terrestre.
Entre las principales preocupaciones mencionaron el ruido de motores, el arrastre de anclas sobre fondos marinos con alta biodiversidad y la alteración de especies sensibles que habitan el sector.
“Las anclas producen daños sobre el fondo marino, una zona con gran biodiversidad de algas y fauna. Además estaba la preocupación sobre qué podía ocurrir durante las noches en embarcaciones que permanecerían una semana en el lugar”, indicó Fernández.
La dirigente también puso en duda la capacidad de control de las autoridades.
“Se decía que no habría desembarcos. La pregunta es quién iba a controlar eso. Tampoco estaba claro el manejo de residuos ni la presencia permanente de organismos fiscalizadores”, agregó.
Una zona especialmente sensible
Fernández reveló además que una de las áreas potencialmente afectadas se encuentra próxima a Bahía Lapataia, donde existe un sector de acceso restringido destinado exclusivamente a la investigación científica.
“Es una zona que protege hábitats y especies que están en peligro de extinción. Por eso resulta incomprensible habilitar actividades que no tienen relación alguna con los objetivos de conservación”, sostuvo.
La referente ambiental recordó que experiencias similares en otros parques de la Patagonia derivaron en actuaciones judiciales inmediatas.
Como ejemplo mencionó el caso ocurrido en Torres del Paine, Chile, donde sobrevuelos no autorizados en helicóptero motivaron intervenciones judiciales y denuncias penales.
Reclamo por la soberanía y el silencio oficial
Durante la entrevista también cuestionó la falta de explicaciones oficiales sobre una autorización que involucraba embarcaciones con bandera británica en un territorio de fuerte sensibilidad geopolítica para Tierra del Fuego.
“Creemos que la provincia debería realizar un reclamo formal porque esto también se vincula con la cuestión geopolítica del Atlántico Sur, Malvinas y la Antártida. La sensación es que existe un alto nivel de vulnerabilidad institucional”, advirtió.
Según Fernández, el episodio genera incertidumbre respecto de futuras decisiones que podrían comprometer tanto la protección ambiental como intereses estratégicos de la provincia.
Exigirán la anulación definitiva
Tras la suspensión anunciada por la empresa, las organizaciones ambientalistas ya comenzaron a coordinar acciones conjuntas para impedir que la iniciativa vuelva a impulsarse.
Manekenk trabaja junto a asociaciones de guías de turismo y otros sectores vinculados a la conservación para presentar una nota formal ante las autoridades.
“Vamos a exigir la anulación definitiva de este permiso y también que no vuelvan a otorgarse autorizaciones similares en el futuro”, confirmó Fernández.
La ambientalista destacó además la amplia reacción social que generó el tema y consideró que la movilización de vecinos, prestadores turísticos e instituciones fue decisiva para frenar el proyecto.
“La comunidad dejó en claro que entiende cuáles son los objetivos de conservación del Parque Nacional Tierra del Fuego y que no está dispuesta a que se transformen en privilegios para unos pocos”, concluyó.
