Seis placas. Seis mensajes. Seis intentos de construir un relato. Pero ni una sola explicación sobre los casi 18.000 millones de pesos que la Provincia le adeuda al Municipio de Río Grande en concepto de coparticipación.
Los números son contundentes. Según datos del Tribunal de Cuentas, a diciembre de 2025 la deuda provincial con Río Grande ascendía a 11.644 millones de pesos. Hoy ese monto alcanza los 17.800 millones. No se trata de una cifra menor, ni de una discusión técnica reservada a contadores o especialistas en finanzas públicas. Se trata de recursos que deberían estar financiando servicios, infraestructura, salud, deporte, cultura y asistencia social para miles de vecinos.
Lo más llamativo es que mientras la deuda con Río Grande no deja de crecer, desde Ushuaia reconocen una realidad completamente distinta. El propio secretario de Gobierno de la capital provincial admitió que las transferencias provinciales se vienen cumpliendo y que la deuda con ese municipio logró estabilizarse e incluso reducirse levemente.
Entonces la pregunta es inevitable: ¿por qué existen dos criterios distintos dentro de una misma provincia?
Si hay recursos para atender los compromisos con Ushuaia, ¿por qué no los hay para cumplir con Río Grande? Si la deuda puede estabilizarse en una ciudad, ¿por qué se incrementa sistemáticamente en la otra? El Gobierno provincial tiene la obligación política e institucional de responder estas preguntas.
Porque también es necesario desmontar una idea que suele aparecer cada vez que se discuten estas cuestiones: transferir fondos coparticipables no constituye un gasto discrecional del gobernador de turno. No es una ayuda. No es una concesión. No es un acto de generosidad política.
Es una obligación legal.
La coparticipación pertenece a los municipios. Son recursos establecidos por ley que deben ser transferidos en tiempo y forma. Cuando esos fondos no llegan, no se está realizando un ajuste administrativo. Se está afectando la capacidad de gestión de una ciudad entera.
Detrás de esos 17.800 millones de pesos hay obras que no se hacen, servicios que se dificultan y programas que deben sostenerse con enormes esfuerzos financieros. Hay una comunidad que termina pagando las consecuencias de una administración provincial que parece haber normalizado el incumplimiento.
Resulta paradójico que quienes levantan la bandera del federalismo y la distribución equitativa de recursos no puedan explicar por qué una de las principales ciudades de la provincia acumula semejante nivel de deuda por parte del Estado provincial.
La realidad es sencilla: la Provincia no le está haciendo un favor a Río Grande cuando paga. Está cumpliendo una obligación. Del mismo modo que no puede decidir discrecionalmente qué impuestos cobran los municipios, tampoco debería decidir discrecionalmente cuándo y cuánto de la coparticipación les transfiere.
Por eso la discusión no pasa por las placas, los slogans ni las campañas de comunicación. La discusión pasa por la gestión. Y la gestión se mide con hechos.
Hoy el hecho más contundente es que la deuda provincial con Río Grande roza los 18.000 millones de pesos y sigue creciendo.
Los vecinos no necesitan más propaganda. Necesitan respuestas. Necesitan transparencia. Y, sobre todo, necesitan que el Gobierno provincial deje de financiar sus desequilibrios reteniendo recursos que no le pertenecen.
Quizás la próxima publicación de FORJA no debería estar dedicada a explicar estadísticas seleccionadas o construir relatos políticos. Quizás debería mostrar algo mucho más simple y mucho más importante: el comprobante de transferencia de los 17.800 millones de pesos que el Gobierno de Gustavo Melella le debe a Río Grande.
Porque cumplir con la ley no es un logro para publicitar.
Es una obligación que llega con demasiado atraso.
