El Gobierno oficializó un nuevo retiro voluntario para empleados públicos, con compensaciones de hasta 25 sueldos brutos según la edad, la antigüedad y la situación previsional de cada trabajador. La inscripción se abrirá el 1° de noviembre y estará disponible durante todo el mes.
La medida fue dispuesta por el Gobierno de Javier Milei en el marco de su estrategia de reducción y reorganización del Estado. El nuevo esquema apunta a facilitar la salida voluntaria de agentes de la Administración Pública Nacional mediante distintos tipos de compensaciones económicas.
La iniciativa quedó formalizada a través del Decreto 1203/2026, publicado este lunes 19 de octubre en el Boletín Oficial y firmado por Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
El período de inscripción estará habilitado desde el 1° hasta el 30 de noviembre de 2026, con posibilidad de una prórroga excepcional de hasta 30 días corridos. El régimen alcanza al personal de planta permanente comprendido en la Ley 25.164 y a trabajadores contratados por tiempo indeterminado dentro de la Administración Pública Nacional centralizada.
Retiro voluntario 2026: a quiénes alcanza el nuevo régimen
El programa establece tres grupos de beneficiarios, cada uno con condiciones específicas para acceder a las compensaciones. El objetivo es promover la desvinculación voluntaria de trabajadores estatales mediante pagos extraordinarios o prestaciones mensuales, según corresponda.
Además, los organismos alcanzados deberán eliminar los cargos presupuestarios correspondientes a los empleados que adhieran al plan. La vacante desaparecerá desde el momento en que se produzca el cese de la relación laboral, por lo que no podrá mantenerse disponible en la estructura administrativa.
La implementación quedará en manos de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que tendrá facultades para dictar las disposiciones complementarias necesarias.
Cuánto cobrarán los empleados públicos cerca de jubilarse
El primer grupo incluye a mujeres de 58 años o más y hombres de 63 años o más que aún no reúnan los aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria. En este caso, podrán elegir entre dos alternativas de compensación.
- Pago mensual del 60% de la remuneración bruta habitual durante un máximo de 36 meses, o hasta cumplir los requisitos jubilatorios, lo que ocurra primero.
- Gratificación única equivalente a un sueldo bruto por cada año de antigüedad, o fracción superior a tres meses, con un máximo de 18 remuneraciones.
En la primera opción, además, se mantendrán los aportes y contribuciones previsionales y de obra social previstos por el régimen. En la segunda, el monto no podrá superar la cantidad de meses que le resten al trabajador para cumplir con los requisitos de acceso jubilatorio.
El segundo grupo está integrado por mujeres de entre 58 y 64 años y hombres de entre 63 y 64 años que acrediten al menos 30 años de aportes. Para ellos, la compensación será de un sueldo bruto por cada año de antigüedad, o fracción superior a tres meses, con un tope de 18 remuneraciones.
A esa suma se agregará un pago extraordinario equivalente a cinco sueldos brutos, sin importar la antigüedad. De esta manera, quienes ingresen en este segmento podrán recibir una compensación total de hasta 23 remuneraciones.
Quiénes podrán cobrar hasta 25 sueldos brutos
El tercer grupo comprende a mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62 años. Para ellos, el decreto fija una gratificación equivalente a un sueldo bruto por cada año de antigüedad o fracción superior a tres meses, con un máximo de 20 remuneraciones.
Además, el esquema incorpora un incentivo económico adicional según la cantidad de años trabajados en la planta permanente de la Administración Pública Nacional.
- Quienes tengan menos de 15 años de antigüedad recibirán cuatro sueldos brutos adicionales.
- Quienes acrediten 15 años o más accederán a cinco remuneraciones extra.
Así, la compensación máxima para este grupo podrá alcanzar 25 sueldos brutos, al sumar las remuneraciones por antigüedad y los salarios adicionales previstos en la norma.
Quiénes no podrán acceder al retiro voluntario
El decreto también establece una serie de exclusiones para definir quiénes podrán sumarse al programa. Entre ellas figuran los empleados procesados por delitos contra la Administración Pública Nacional, salvo que obtengan una resolución judicial absolutoria firme y definitiva antes del cierre de la inscripción.
Tampoco podrán adherirse quienes tengan sumarios administrativos en trámite por hechos que puedan derivar en cesantía, exoneración o perjuicio fiscal, ni aquellos con procedimientos disciplinarios pendientes de ejecución que puedan constituir causales de desvinculación.
La restricción también alcanza a quienes hayan iniciado reclamos administrativos o acciones judiciales contra el Estado vinculados con su relación laboral, excepto que desistan expresamente y obtengan la homologación correspondiente. Quedan exceptuadas las acciones relacionadas con la Ley de Riesgos del Trabajo.
Por último, no podrán acceder quienes ya hayan iniciado trámites jubilatorios o de otras prestaciones previsionales, cumplan los requisitos legales para jubilarse, hayan presentado su renuncia y esperen su aceptación, o se encuentren en situación de disponibilidad durante la vigencia del régimen. En el caso de las mujeres que hayan optado por continuar trabajando hasta los 65 años, se aplicará la condición específica prevista en la normativa previsional.
Fuente: El economista
