En el marco de la multitudinaria movilización realizada en defensa de la educación superior, el intendente de Río Grande, Martín Pérez, lanzó un fuerte cuestionamiento al Gobierno nacional y aseguró que el ajuste impulsado por la administración de Javier Milei está provocando un severo deterioro en la educación pública, la industria fueguina, el empleo y las condiciones de vida de miles de familias.
El jefe comunal acompañó la protesta junto a docentes, estudiantes, trabajadores universitarios y distintos sectores sociales que reclamaron por la crisis presupuestaria que atraviesan las universidades nacionales.
«La universidad pública está sufriendo un recorte superior al 45% de sus recursos y eso afecta directamente el presente y el futuro de nuestros jóvenes», sostuvo Pérez.
El intendente recordó su paso por la universidad pública y aseguró que su presencia en la movilización obedece tanto a una convicción personal como a una responsabilidad institucional.
«Soy graduado de una universidad pública y entiendo perfectamente la importancia que tiene para el desarrollo del país, para Tierra del Fuego y para las futuras generaciones. Por eso tenemos el deber de defenderla», expresó.
«El ajuste está golpeando lo más sensible»
Durante la entrevista, Pérez consideró que la situación universitaria constituye uno de los ejemplos más claros de las consecuencias del modelo económico impulsado por el Gobierno nacional.
«El ajuste brutal no para. Está golpeando a todos los sectores de la economía y particularmente a lo más sensible, que es la educación pública», afirmó.
También destacó que la magnitud de las movilizaciones registradas en distintos puntos del país debería servir como una señal de alarma para la Casa Rosada.
«En Río Grande no suelen darse manifestaciones de esta magnitud. Sin embargo, miles de personas salieron a la calle. Lo mismo ocurrió en todo el país. Es una muestra muy clara de rechazo a esta política de desfinanciamiento», señaló.
Pérez además cuestionó la resistencia del Ejecutivo nacional a cumplir diversos reclamos que llegaron incluso a instancias judiciales.
«Fíjense al nivel al que se ha tenido que llegar, con la Justicia interviniendo para exigir respuestas. Esperemos que recapaciten y que reflexionen porque no se puede avanzar de esta manera contra la educación pública», sostuvo.
La crisis industrial fueguina
Sin embargo, la crítica del intendente no se limitó al financiamiento universitario.
Pérez vinculó directamente el deterioro educativo con la situación económica y productiva que atraviesa Tierra del Fuego.
Según indicó, la apertura indiscriminada de importaciones impulsada por el Gobierno nacional está provocando efectos devastadores sobre la industria local.
«Esto forma parte de un modelo que venimos cuestionando desde hace años. Hoy estamos viendo las consecuencias trágicas de su implementación», afirmó.
En ese sentido apuntó contra las medidas de flexibilización comercial y particularmente contra el Decreto 333, que según señaló tuvo un fuerte impacto negativo sobre el régimen productivo fueguino.
«Ha caído considerablemente la actividad industrial y ya se perdieron casi 6.000 puestos de trabajo en la industria manufacturera de la provincia», advirtió.
La situación se refleja especialmente en Río Grande, donde el sector industrial era históricamente uno de los principales motores económicos.
La pérdida de empleo afecta no sólo a las plantas fabriles sino también a los comercios, los servicios y toda la economía local.
Universidad, industria y soberanía
Para Pérez, la crisis educativa y la crisis industrial no son fenómenos separados sino parte de una misma problemática.
«¿Cómo vamos a hablar de desarrollo tecnológico o de economía del conocimiento si se desfinancia la universidad pública y al mismo tiempo se destruye la industria?», se preguntó.
El intendente insistió en que Tierra del Fuego necesita fortalecer simultáneamente ambos pilares para garantizar empleo de calidad y crecimiento económico.
«No hay posibilidad de desarrollo con conocimiento si no existe financiamiento adecuado para las universidades públicas. Y tampoco hay posibilidad de soberanía si no existe una industria fuerte en nuestra provincia.»
Esa reflexión lo llevó a cuestionar además algunas posiciones recientes del Gobierno nacional respecto de la cuestión Malvinas.
Malvinas, pesca y contradicciones
Pérez sostuvo que existe una contradicción evidente entre los discursos oficiales sobre soberanía y las políticas económicas implementadas.
«El Gobierno pegó un volantazo después de que los jugadores de la Selección mostraran una bandera reivindicando las Malvinas. Antes se habían escuchado elogios a Margaret Thatcher y posiciones que parecían alejarse de la defensa histórica de la soberanía argentina», afirmó.
En ese marco recordó la reciente visita a Río Grande del especialista en recursos pesqueros César Lerena, quien expuso sobre la explotación de recursos naturales en aguas circundantes a las Islas Malvinas.
«Nos habló de una depredación enorme de recursos pesqueros en el Atlántico Sur. Son cifras impresionantes. No se puede hablar de soberanía mientras se permite que continúe ese saqueo», sostuvo.
Y agregó:
«No hay ejercicio soberano pleno sin desarrollo económico propio y sin una industria fuerte en Tierra del Fuego.»
La preocupación por la relación entre Chile y Malvinas
Otro de los temas abordados fue la creciente relación comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas.
Pérez confirmó que presentó una nota formal ante el embajador chileno manifestando su preocupación por la situación.
«Lo hicimos con absoluto respeto. Tenemos un vínculo histórico de hermandad con el pueblo chileno y queremos preservarlo», explicó.
No obstante advirtió que existe preocupación por determinados sectores económicos que impulsan un incremento de los intercambios comerciales con las Islas bajo administración británica.
«No podemos naturalizar ni legitimar una relación comercial que fortalezca la ocupación británica en nuestras islas.»
El intendente sostuvo además que el Atlántico Sur debe mantenerse como una región de paz.
«No queremos una escalada militar ni tensiones en el Estrecho de Magallanes. Queremos paz, diálogo y respeto por la soberanía argentina.»
Una ciudad golpeada por la crisis
Más allá de los debates políticos e internacionales, Pérez señaló que la principal preocupación hoy está puesta en la situación social y económica que atraviesan los vecinos de Río Grande.
Según describió, el deterioro económico es cada vez más visible.
«Vemos cómo crece el cuentapropismo, cómo aumenta el endeudamiento de las familias, cómo cada vez más personas tienen dificultades para llegar a fin de mes.»
El jefe comunal reveló además que diariamente llegan vecinos al municipio solicitando asistencia para cubrir necesidades básicas.
«Hay familias que tienen problemas incluso para garantizar la alimentación diaria.»
La descripción coincide con distintos indicadores económicos que muestran una fuerte caída del consumo, retracción de la actividad comercial y pérdida sostenida del poder adquisitivo.
«La política tiene que escuchar»
Frente a este panorama, Pérez aseguró que la dirigencia debe abandonar las imposiciones y recuperar la capacidad de escuchar a la ciudadanía.
«No es momento de bajar línea. Es momento de escuchar.»
En ese sentido sostuvo que la crisis actual exige construir consensos amplios y abrir espacios de participación.
«Hay cosas que corregir, hay cuestiones que deben funcionar mejor, pero eso se construye escuchando a la gente y no imponiendo decisiones desde arriba.»
Asimismo cuestionó las prácticas tradicionales de selección de candidatos dentro de la política.
«El dedo no va más. Lo que venga para adelante tiene que construirse de abajo hacia arriba, con participación y también con quienes piensan distinto.»
Un llamado de atención desde Tierra del Fuego
Las declaraciones de Martín Pérez reflejan una preocupación que atraviesa buena parte de la sociedad fueguina: la combinación entre ajuste educativo, crisis industrial, pérdida de empleo y caída del poder adquisitivo.
Mientras el Gobierno nacional exhibe el ordenamiento fiscal como principal bandera de gestión, en provincias como Tierra del Fuego comienzan a acumularse señales de alarma.
Las universidades reclaman fondos para seguir funcionando, las fábricas reducen personal, el comercio pierde ventas y cada vez más familias recurren al Estado municipal para afrontar necesidades básicas.
En ese escenario, el intendente de Río Grande sostuvo que la defensa de la universidad pública, la industria nacional y la soberanía no son discusiones separadas, sino partes de una misma agenda.
«Queremos recuperar aquella Río Grande pujante que supimos tener. Y para eso necesitamos producción, empleo, conocimiento y un Estado que acompañe el desarrollo, no que lo debilite», concluyó.
Gentileza: Nota exclusiva de Lorena Uribe y Romina Paredes.
