La situación fue expuesta por el secretario de Gobierno de Río Grande, Gastón Díaz, quien alertó que el retraso en la remisión de recursos provinciales constituye un hecho sin precedentes durante la actual gestión municipal.
Según detalló el funcionario, cuando el intendente Martín Pérez presentó el presupuesto ante el Concejo Deliberante, la deuda provincial rondaba los $16.000 millones. Sin embargo, en pocas semanas el atraso se profundizó hasta alcanzar los 40 días y una suma cercana a los $17.000 millones.
“Son fondos que la Provincia ya recibió y que deberían estar en Río Grande. Estamos hablando de recursos que pertenecen a los vecinos de nuestra ciudad”, sostuvo Díaz.
Un presupuesto condicionado por la falta de recursos
El reclamo adquiere una dimensión mayor al analizar el proyecto de presupuesto municipal, elaborado en un contexto de fuerte caída de ingresos por coparticipación, disminución de regalías hidrocarburíferas y retracción de fondos nacionales.
Desde el Ejecutivo municipal aseguran haber diseñado un presupuesto equilibrado, sin endeudamiento, pero concentrado en sostener servicios básicos y asistencia a una población cada vez más afectada por la crisis económica.
Uno de los principales ejes será la salud pública municipal, área para la que se prevé una inversión de $18.680 millones.
La cifra refleja el rol creciente que viene asumiendo el municipio frente al deterioro del sistema sanitario provincial. Actualmente Río Grande sostiene una red de 15 dispositivos de atención, entre ellos centros de salud barriales, el Centro de Especialidades Médicas, el laboratorio municipal, el Centro Mamá Margarita y el Centro Municipal de las Infancias.
La estrategia apunta a absorber una demanda creciente de vecinos que perdieron su empleo y, con ello, la cobertura de obra social.
Obra pública frente al retiro del Estado nacional
Otro de los capítulos destacados del presupuesto es la inversión en infraestructura.
La Municipalidad destinará $20.000 millones a obra pública, principalmente para mejorar la conectividad vial, ejecutar planes de bacheo y remediación urbana, ampliar infraestructura y generar suelo urbano con servicios.
Entre las obras prioritarias se encuentran:
- La finalización del natatorio municipal, cuyos fondos nacionales fueron suspendidos.
- La construcción del edificio «La Dignidad», destinado a los veteranos de guerra.
- Obras de urbanización y generación de nuevos lotes con servicios.
- Intervenciones viales y mantenimiento urbano.
Desde el municipio sostienen que muchas de estas inversiones debieron ser asumidas íntegramente con recursos locales tras la paralización de programas nacionales.
El reclamo político al Gobierno provincial
La crítica más fuerte estuvo dirigida a la administración provincial por la distribución de recursos y obras financiadas a través del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP).
Díaz cuestionó que gran parte de los proyectos impulsados con esos fondos tengan como destino a Ushuaia, mientras Río Grande continúa reclamando financiamiento para obras ya presentadas y algunas actualmente en ejecución.
La discusión no es menor. Desde el municipio recuerdan que alrededor del 82% de los aportes que alimentan el FAMP provienen de la actividad económica e industrial radicada en Río Grande.
Por ello, consideran injustificable que la ciudad que genera la mayor parte de esos recursos sea postergada al momento de su distribución.
“Vemos que existe una preferencia sistemática por Ushuaia en detrimento de Río Grande”, señalaron desde el Ejecutivo local.
Riesgo institucional y posible judicialización
El conflicto podría escalar al plano judicial.
Díaz recordó que existe un antecedente judicial de 2002 que consideró razonable un plazo administrativo de entre 22 y 25 días para la transferencia de fondos coparticipables desde la Provincia hacia los municipios.
Sin embargo, remarcó que una demora de 40 días ya no puede interpretarse como una cuestión administrativa sino como una deuda exigible.
En este contexto, el municipio analiza distintas acciones legales y también la eventual responsabilidad de los funcionarios provinciales encargados de ejecutar las transferencias.
La preocupación central radica en que, si la situación continúa agravándose, Río Grande podría enfrentar dificultades crecientes para sostener servicios esenciales, atender la demanda social y cumplir compromisos financieros.
Una señal preocupante para la ciudad
Más allá de la disputa política, el conflicto expone un dato alarmante: mientras Río Grande incrementa inversiones en salud, asistencia social y obra pública para contener los efectos de la crisis económica, enfrenta simultáneamente una retención de recursos que considera propios.
La contradicción es evidente. El municipio destina casi $38.680 millones entre salud y obra pública para sostener la calidad de vida de los vecinos, mientras denuncia que la Provincia mantiene retenidos $17.000 millones en concepto de coparticipación.
En una coyuntura marcada por la pérdida de empleo industrial, el aumento de la demanda social y el deterioro de servicios provinciales esenciales, la demora en la transferencia de fondos no aparece como una mera cuestión administrativa. Para el Ejecutivo riograndense, se trata de una decisión política que profundiza las desigualdades territoriales dentro de la provincia y coloca a la ciudad en una situación financiera cada vez más delicada.
Si la deuda continúa creciendo y no se normalizan los envíos de coparticipación, Río Grande podría verse obligada a afrontar con recursos cada vez más limitados responsabilidades que, en muchos casos, surgen precisamente de falencias que corresponden al Estado provincial.
Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar
