Según explicó, el eje del planteo radica en un aspecto técnico clave, la sentencia del Superior Tribunal de Justicia que habilitaba el proceso no se encuentra firme, debido a que aún está pendiente de resolución una queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ese marco, Löffler advirtió que el plazo de 210 días establecido por la sentencia del superior tribunal fueguino “todavía no empezó a correr”, lo que invalidaría el decreto firmado por el Poder Ejecutivo de Tierra del Fuego.
“El decreto se basa en que la sentencia está firme cuando en realidad no lo está. No es una cuestión opinable, es verificable”, remarcó el legislador, quien anticipó que impulsará una presentación ante la Justicia Electoral para frenar el proceso.
Más allá del plano jurídico, Löffler fue crítico con el trasfondo político de la iniciativa. Consideró que la Ley 1529 —que habilitó la reforma— generó un desvío en la agenda pública, relegando problemáticas urgentes como el empleo, la salud y la educación. En ese sentido, vinculó el impulso reformista con una estrategia orientada a la reelección del gobernador.
“La política se ha distraído de los temas cruciales. Hoy la gente está preocupada por llegar a fin de mes, por sostener su trabajo o mantener su comercio abierto”, sostuvo.
El legislador también cuestionó lo que definió como una “desconexión” entre la dirigencia y la realidad social, y pidió reordenar las prioridades del Estado en un contexto de crisis económica.
Finalmente, adelantó que buscará consenso con otros bloques legislativos para avanzar con una presentación judicial que permita clarificar la situación institucional y evitar el desarrollo de un proceso viciado desde su origen.
