Ante la nota publicada el día 2 de mayo de 2026 por el medio Minuto Fueguino, en la cual el Señor Gobernador Gustavo Melella anuncia el envío de un proyecto vinculado al régimen de los denominados “policías territoriales”, consideramos necesario expresar públicamente lo siguiente:
En primer lugar, nos preguntamos a qué “policías territoriales” hace referencia, cuando el propio Gobernador ha manifestado que existiría un solo efectivo en actividad bajo esa condición. Resulta, cuanto menos, llamativo que se proyecte impulsar un esquema normativo de tal magnitud —con el consecuente uso de recursos públicos— para una situación que, según sus propias palabras, sería prácticamente inexistente.
El propio mandatario reconoce que se trata de un tema “complejo” y “engorroso”, atribuyendo dicha situación a una Caja quebrada desde hace años. Frente a ello, cabe preguntarse: si se conocía este escenario, ¿por qué no se adoptaron oportunamente medidas adecuadas ni se designaron autoridades idóneas para evitar el deterioro actual? No debe olvidarse que las designaciones del directorio han sido responsabilidad del Poder Ejecutivo y de la conducción policial de turno.
Se afirma también que los denominados territoriales atraviesan una situación crítica. Coincidimos. Pero es imprescindible preguntar con claridad: ¿quiénes generaron esa situación crítica? ¿Quiénes han dispuesto, en los hechos, la confiscación de aportes realizados durante décadas?
Asimismo, se alude a una normativa vigente que buscaría garantizar igualdad. Sin embargo, la realidad evidencia lo contrario: existe una desigualdad manifiesta, donde quienes prestaron servicio en el territorio y realizaron los MISMOS APORTES que cualquier policía provincial, hoy ven vulnerados sus derechos, con la interrupción o desconocimiento de sus haberes.
Se ha mencionado, además, la existencia de un supuesto “doble beneficio”. Corresponde aclarar que ello es INCORRECTO. Un doble beneficio implicaría que una misma Caja abone dos prestaciones por un único aporte, lo cual no es el caso. Por el contrario, los efectivos alcanzados han aportado tanto al sistema federal como al provincial, en virtud del convenio Nación–Provincia del año 1994, cumpliendo en todo momento con las mismas obligaciones y porcentajes que el resto del personal. Y hoy es la provincia quien No cumple.
Durante más de 35 años, estos servidores públicos realizaron aportes que alcanzaron aproximadamente el 25% de sus haberes entre ambos sistemas, y continúan aportando en la actualidad el 16%. En consecuencia, corresponde que cada Caja cumpla con la parte que le compete al momento de la liquidación de los beneficios.
En este contexto, surge un interrogante central:
¿el proyecto anunciado contempla el desconocimiento de los derechos de los policías que trabajaron desde la época del territorio?
Y, de ser así, ¿de qué manera se prevé la devolución de los aportes que fueron descontados de manera sostenida durante más de tres décadas?
Porque, de lo contrario, estaríamos frente a un escenario difícil de explicar: durante años, la normativa sirvió para garantizar descuentos obligatorios, pero no para asegurar el cumplimiento de las obligaciones al momento de reconocer los derechos.
Resulta, además, inevitable advertir la contradicción en las prioridades: mientras se anuncian recursos para reformar la Constitución, no se observan respuestas concretas desde el ejecutivo frente a obligaciones vigentes y derechos adquiridos.
Finalmente, recordamos que quienes hoy son ignorados, desprotegidos y relegados, han sido pilares fundamentales en la construcción de la INSTITUCIÓN POLICIAL PROVINCIAL que hoy Usted reivindica como un orgullo propio.
Esperamos una respuesta clara, así como la concreción de la reunión solicitada en reiteradas oportunidades y que, hasta la fecha, no ha sido concedida.
Atentamente,
Asociación de Esposas de Policías del Territorio y la Provincia, Pensionadas, Hijos y Familiares
Fuente: Resumen Económico, Radio Provincia.
