En México, por primera vez la ciudadanía eligió en las urnas a juezas, jueces y magistrados federales. Se trata de una reforma impulsada por el proyecto político de la Cuarta Transformación -la apuesta refundacional del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y continuada por la actual mandataria Claudia Sheinbaum- que buscó transferir al pueblo el poder de decidir sobre la cúpula judicial. La promesa: democratizar un Poder Judicial cada vez más cuestionado en cuestiones de transparencia.
De acuerdo a la politóloga e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y docente de CIEP/UNSAM, Karina Ansolabehere, el país pasó de ser un modelo donde el Senado y el Consejo de la Judicatura controlaban las designaciones a uno en el que la selección se da por la capacidad de movilizar votos. «Siempre hay selectividad política, pero ahora la lógica es otra: quiénes logran o tienen mayor capacidad de emocionar a las mayorías», señala en diálogo con El Auditor.info.
El 1º de junio de 2025, la ciudadanía votó para elegir a 2.681 miembros, entre el nivel federal y estatal, que conformarán el Poder Judicial. Eligieron desde los nueve miembros que integrarán la Corte Suprema hasta magistraturas de circuitos y cargos a nivel local. La asistencia a la jornada electoral fue baja: solo participó el 13% de los habilitados para hacerlo. Entre las razones, Ansolabehere señala que fue porque el voto no es obligatorio en México y porque el Judicial sigue siendo un poder percibido como distante y con baja legitimidad.
Además, la analista considera que, para hacer una elección adecuada, era necesario manejar una gran cantidad de información que permitiera conocer y seleccionar a los candidatos. “Había que reescribir la geografía electoral porque los circuitos judiciales no coinciden con los electorales y se hizo de manera apresurada”.
Según Ansolabehere, el proceso electoral fue apresurado, con restricciones de financiamiento y propaganda que limitaron el debate público. «Incluso para mí, que soy experta, resultó abrumador tener que revisar 135 perfiles en mi jurisdicción», confiesa, y agrega: “Son elecciones legitimas, pero hay muchas cosas por adecuar y resolver si se va a seguir en esta línea de intervención”.
“El Poder Judicial no puede jugar con la legitimidad social, no puede aislarse del descreimiento de la ciudadanía», asegura.
El debate sobre la reforma
México estaba en un contexto donde tanto la justicia federal como local enfrentaban denuncias de corrupción estructural y nepotismo. La expectativa era que la elección directa, al igual que las consultas populares promovidas por López Obrador, reforzaran la legitimidad popular. La tentación de «democratizar» el Poder Judicial mediante el voto popular sobrevuela cada tanto el debate público.
Como antecedente aparece Bolivia, el primer país latinoamericano en someter al voto del pueblo la elección de jueces. Sin embargo, el abogado y director del Centro de Juicio por Jurados y Participación Ciudadana, Andrés Harfuch, lo ve como un error profundo: «Colar la elección popular de magistrados en un sistema sin jurados y sin tradición participativa es un salto al vacío».
Harfuch compara el modelo mexicano con el sistema estadounidense, donde algunos jueces estatales se eligen, pero dentro de un contexto de participación ciudadana extendida y juicios por jurado, en el que la carga de la decisión final recae en la comunidad. En cambio, el magistrado aclara que en América Latina, y especialmente en Argentina, la Justicia sigue anclada en un “diseño elitista, con jueces que en muchos casos llegan a sus cargos jóvenes, sin experiencia litigante ni control ciudadano real”.
Para Harfuch se debería fortalecer el sistema actual, pero con reformas profundas, por ejemplo, estableciendo edad mínima y años de experiencia para acceder a cargos judiciales, como en Estados Unidos o el Reino Unido. También recomienda la expansión de los juicios por jurado, que podrían devolverle al pueblo un rol en la Justicia sin comprometer la técnica ni abrir la puerta a campañas políticas judiciales.
Por su parte, Ansolabehere advierte que, lejos de fortalecer la independencia, el voto popular puede exponer a jueces y juezas a nuevas presiones: gobernadores, empresarios, crimen organizado y hasta el ejército podrían operar sobre candidaturas y campañas. «Se debilitan los controles tradicionales y se abren espacios de influencia inciertos, que no sabemos cuáles son», apunta.
Argentina tiene su propia crisis de confianza con la justicia pero, para Harfuch, mirar el caso mexicano debería servir más como advertencia que como inspiración. «Quien promete cortarle la cabeza a los criminales puede ganar votos, pero no necesariamente mejorar la justicia», asegura.
Fuente: El auditor.
