La discusión por el financiamiento universitario volvió a dejar al descubierto una contradicción cada vez más evidente: mientras el Gobierno nacional insiste en sostener el superávit fiscal como objetivo central, las universidades públicas denuncian una pérdida sostenida de recursos, salarios por debajo de la línea de pobreza y un escenario de deterioro que compromete la educación superior, la investigación científica y la formación profesional de las próximas generaciones.
Según explicó la economista Julia Reguero durante una entrevista con Resumen Económico, el proyecto impulsado para 2027 no revierte el ajuste aplicado desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada y, por el contrario, consolida un recorte estimado en torno al 25% para el sistema universitario.
La especialista sostuvo que el problema no se limita al funcionamiento cotidiano de las casas de estudio, sino que impacta directamente sobre áreas estratégicas para el desarrollo del país.
«Se consolidan salarios por debajo de la línea de pobreza para docentes y no docentes, y también una reducción en becas, investigación científica, desarrollo tecnológico y producción de conocimiento», advirtió.
La situación resulta particularmente llamativa si se la compara con las políticas adoptadas por las principales potencias económicas del mundo.
Reguero señaló que tanto Estados Unidos como China, en medio de una intensa competencia global, continúan incrementando las inversiones destinadas a educación superior, ciencia y tecnología, entendiendo que allí se encuentra una de las claves del crecimiento económico y del liderazgo internacional.
Argentina, en cambio, parece avanzar en dirección opuesta.
Una ley que no resuelve el problema de fondo
La crítica al proyecto oficial se centra en que la nueva ley de financiamiento universitario apenas contempla mejoras parciales y no recupera la pérdida acumulada desde 2024.
De acuerdo con el análisis expuesto durante la entrevista, las universidades necesitarían recursos significativamente superiores para recuperar capacidad operativa y garantizar condiciones mínimas de funcionamiento.
Sin embargo, el Gobierno continúa priorizando el cumplimiento estricto del equilibrio fiscal.
Para Reguero, la denominada «regla de oro» del superávit se sostiene a costa de partidas sensibles vinculadas a educación, salud, seguridad social y asistencia a sectores vulnerables.
El resultado es una universidad que sobrevive, pero que pierde capacidad de investigación, calidad académica y recursos humanos.
La consecuencia ya comienza a observarse en la migración de profesionales, el desaliento de carreras científicas y la reducción de oportunidades para miles de estudiantes.
Tierra del Fuego: el ajuste se siente en los bolsillos
Los efectos del modelo económico adquieren una dimensión todavía más visible cuando se observan los indicadores de consumo en Tierra del Fuego.
Según los datos analizados por la economista, desde diciembre de 2023 la provincia registra una pérdida de consumo superior a los $68.000 millones en supermercados y grandes superficies comerciales.
Lejos de tratarse de una simple caída coyuntural, los números reflejan una transformación profunda en el comportamiento de los hogares fueguinos, obligados a destinar una proporción cada vez mayor de sus ingresos al pago de servicios esenciales.
Los incrementos acumulados resultan contundentes:
- Electricidad: más de 1.700%.
- Gas: 1.454%.
- Agua: aumentos muy superiores a la inflación general.
- Telefonía celular: 769%.
- Internet: 545%.
Mientras tanto, la inflación acumulada se ubicó muy por debajo de esos porcentajes, generando una pérdida real del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones.
La consecuencia inmediata es una caída del consumo que golpea no sólo a las familias sino también a comercios, pequeñas empresas y emprendimientos locales.
Río Grande, entre el desempleo y la emigración
El panorama económico encuentra su punto más crítico en Río Grande.
La ciudad registra actualmente uno de los niveles de desempleo más altos del país, con una tasa del 8,1%, en un contexto agravado por la crisis industrial y la apertura importadora.
Las medidas adoptadas por la administración nacional sobre productos electrónicos y otros sectores productivos han impactado de lleno en el entramado industrial fueguino.
La reducción de puestos de trabajo en fábricas, la crisis de la industria textil y los despidos en comercios son algunos de los síntomas de una economía local que muestra señales de desgaste cada vez más profundas.
A ello se suma un fenómeno que hasta hace pocos años parecía impensado: la migración interna y externa.
Cada vez más fueguinos abandonan Río Grande en busca de oportunidades laborales en otras provincias o incluso se trasladan a Ushuaia, donde el turismo y la concentración de organismos estatales generan una dinámica económica distinta.
El costo de un modelo basado en el ajuste
La controversia por el financiamiento universitario y la caída del consumo en Tierra del Fuego no son fenómenos aislados.
Por el contrario, forman parte de una misma realidad económica.
Mientras el Gobierno nacional exhibe como principal logro la reducción de la inflación y el superávit fiscal, en distintos puntos del país comienzan a multiplicarse señales de deterioro social que incluyen pérdida de empleo, retracción del mercado interno, cierre de comercios, debilitamiento del sistema científico y dificultades crecientes para sostener el acceso a la educación superior.
En Tierra del Fuego, donde la economía depende en gran medida de la industria, el empleo formal y el consumo interno, esas políticas muestran un impacto particularmente severo.
La paradoja es evidente: el equilibrio de las cuentas públicas se celebra desde los indicadores macroeconómicos, pero en las calles de Río Grande se traduce en menos empleo, menos consumo, menos actividad comercial y una universidad pública obligada a resistir con recursos cada vez más escasos.
La pregunta que comienza a instalarse en amplios sectores sociales ya no es cuánto bajó la inflación, sino cuál es el costo humano, productivo y educativo que la Argentina está pagando para sostenerla.
Fuente: Resumen Económico, Radio Provincia
