La suspensión de la llegada de tres yates de bandera británica al Parque Nacional Tierra del Fuego no cierra una polémica. La agranda. Porque detrás de la decisión de cancelar una operación que incluía embarcaciones de gran porte y dos helicópteros en una de las áreas protegidas más importantes de la Argentina, queda una pregunta que el Gobierno provincial parece decidido a evitar: ¿quién autorizó semejante despliegue y por qué los fueguinos se enteraron cuando todo estaba prácticamente decidido?
La respuesta oficial fue el clima. Sin embargo, las dudas van mucho más allá de las condiciones meteorológicas. Lo que está en discusión no es solamente una operación náutica suspendida, sino una preocupante sucesión de hechos que tienen un denominador común: intereses vinculados al Reino Unido, escasas explicaciones oficiales y una dirigencia provincial que parece reaccionar siempre después de que las controversias se vuelven públicas.
No es la primera vez que ocurre.
Los fueguinos todavía esperan explicaciones claras sobre el buque petrolero de bandera británica que amarró en el puerto de Ushuaia y cuya presencia provocó una fuerte controversia. En aquel momento, lejos de despejar dudas, desde distintos sectores gubernamentales prevaleció la desinformación y la búsqueda de responsabilidades en otras jurisdicciones. La discusión pública terminó centrándose más en quién debía responder que en las respuestas que la sociedad reclamaba.
Tampoco fue la primera señal de alerta.
Antes estuvo el caso del radar de LeoLabs en Tolhuin, una instalación en una zona estratégica de Tierra del Fuego que generó cuestionamientos desde sectores políticos, militares y especialistas en defensa nacional. Durante meses, funcionarios provinciales minimizaron las preocupaciones o se desligaron de responsabilidades mientras crecían las preguntas sobre los permisos otorgados, los controles realizados y los alcances reales del proyecto.
Años después, la controversia continúa abierta. La Legislatura provincial mantiene una comisión investigadora destinada a analizar actuaciones administrativas, autorizaciones, responsabilidades políticas y las circunstancias que permitieron la instalación de una estructura que nunca debió haber llegado a semejante nivel de conflictividad sin una evaluación pública exhaustiva.
Ahora aparecen los tres yates británicos.
Tres embarcaciones de lujo. Dos helicópteros. Una operación programada en Bahía Lapataia. Un escenario de enorme sensibilidad ambiental, estratégica y simbólica para la Argentina. Y otra vez el mismo libreto: preguntas sin respuestas, organismos que se pasan la responsabilidad y funcionarios que prefieren el silencio.
La situación resulta especialmente contradictoria en una provincia que reivindica permanentemente la causa Malvinas, que se define institucionalmente como territorio bicontinental y que reclama soberanía sobre los espacios marítimos del Atlántico Sur. Porque una cosa es sostener discursos encendidos cada 2 de abril y otra muy distinta es ejercer un control riguroso cuando situaciones concretas exigen explicaciones inmediatas.
Nadie discute la legalidad de la navegación internacional ni el funcionamiento de las normas que regulan el tránsito marítimo. Lo que se discute es la falta de transparencia. Lo que se cuestiona es que los ciudadanos deban enterarse por filtraciones, trascendidos o denuncias de situaciones que involucran áreas sensibles del territorio fueguino. Lo que genera preocupación es que las explicaciones siempre lleguen tarde, incompletas o directamente no lleguen.
El problema ya no son solamente los yates.
El problema es una conducta institucional.
El radar de Tolhuin, el petrolero británico en Ushuaia y los tres yates previstos para operar en el Parque Nacional forman parte de una misma percepción social: la sensación de que las autoridades explican poco, reaccionan tarde y consideran que la ciudadanía no merece conocer cómo se toman determinadas decisiones.
La cancelación de la llegada de las embarcaciones podrá haber evitado una crisis mayor. Pero no elimina las preguntas de fondo.
¿Quién autorizó la operación?
¿Quién evaluó sus riesgos ambientales?
¿Quién analizó sus implicancias estratégicas?
¿Quién asumió la responsabilidad política de permitirla?
Y, sobre todo, ¿por qué siempre parecen faltar respuestas cuando los hechos involucran cuestiones sensibles para la soberanía nacional?
En Tierra del Fuego, donde la causa Malvinas forma parte de la identidad colectiva, el silencio nunca debería ser una política de Estado. Porque la soberanía no se defiende únicamente con discursos. También se defiende con transparencia, control y rendición de cuentas.
Y eso es precisamente lo que hoy sigue faltando.
Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar
