La iniciativa judicial fue presentada ante el Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de la jueza Mariel Borruto, con intervención del fiscal federal Marcelo Rapoport. Según explicó Parodi, la denuncia constituye un hecho sin precedentes al apuntar directamente contra la máxima autoridad de la Corona británica por la ocupación del archipiélago austral.
El denunciante sostiene que el eje central de la presentación se encuentra en documentación histórica recientemente digitalizada por el Archivo Histórico de Tucumán, donde consta un oficio oficial fechado el 24 de enero de 1833 que describe los acontecimientos ocurridos tras la ocupación británica de las Islas Malvinas.
Para Parodi, ese documento representa “una prueba documental irrefutable” sobre la forma en que se produjo la ocupación de las islas y respalda su caracterización de los hechos como una “usurpación mafiosa”.
“Se habló mucho de Malvinas, hubo una guerra, hubo reclamos diplomáticos durante décadas, pero penalmente nunca se denunció al usurpador. Nunca se individualizó a los responsables con nombres y apellidos”, afirmó durante la entrevista.
Una estrategia basada en la responsabilidad penal
El planteo judicial apunta directamente contra el rey Carlos III, jefe de Estado británico, y contra quienes, según la presentación, habrían sostenido la ocupación de manera continuada a lo largo del tiempo.
Parodi argumentó que, desde la óptica del derecho penal, la identificación de responsables concretos constituye un paso fundamental en cualquier proceso judicial. En esa línea, sostuvo que una eventual investigación podría abrir posteriormente el debate sobre las consecuencias económicas derivadas de la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur.
Durante la entrevista también vinculó la denuncia con los reclamos argentinos por la explotación pesquera e hidrocarburífera que el Reino Unido desarrolla en torno a las islas.
Río Grande podría incorporarse a la causa
Uno de los aspectos más relevantes revelados durante la conversación fue la intención de sumar institucionalmente al Municipio de Río Grande al expediente judicial.
Parodi aseguró que el intendente Martín Pérez ya fue informado sobre la presentación y adelantó que promoverá que el municipio se constituya formalmente como querellante.
“La idea es que Río Grande se haga parte querellante urgente en el expediente”, afirmó.
De concretarse, la incorporación del municipio convertiría a una institución fueguina en parte activa dentro de una causa que busca trasladar el histórico reclamo por la soberanía de Malvinas al terreno penal.
El respaldo de documentación histórica
El denunciante destacó especialmente el trabajo realizado por el Archivo Histórico de Tucumán, que recientemente digitalizó documentación oficial de 1833 vinculada a la ocupación británica.
En ese oficio, emitido por el Gobierno de Buenos Aires pocos días después de los acontecimientos ocurridos en las islas, se relata cómo el comandante de la corbeta británica HMS Clio exigió arriar el pabellón argentino y tomar posesión del territorio en nombre de la Corona británica.
Para Parodi, la difusión pública de este material constituye un elemento central dentro de la estrategia judicial presentada ante los tribunales federales de Río Grande.
Expectativa por la decisión de la Justicia
La causa quedó ahora bajo análisis de la Justicia Federal, mientras el denunciante aguarda definiciones de la fiscalía respecto de la admisibilidad y el impulso de la investigación.
Parodi sostuvo que el expediente podría abrir una nueva etapa en el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, trasladando una disputa históricamente abordada en los ámbitos diplomáticos e internacionales al terreno de la responsabilidad penal individual.
Mientras tanto, el documento histórico hallado en Tucumán y la posibilidad de que el Municipio de Río Grande se incorpore como querellante aparecen como los dos elementos que podrían otorgarle mayor visibilidad política y jurídica a una presentación que ya comenzó a generar repercusiones en Tierra del Fuego.
“Ahora es el momento de mover las manos y presentarse en el expediente penal como parte querellante”, concluyó Parodi al ser consultado sobre el papel que deberían asumir las instituciones fueguinas en la causa.
EL DOCUMENTO EN EL CUAL SE BASA LA DENUNCIA.
OFICIO OFICIAL DE BUENOS AIRES DIRIGIDO A LA PROVINCIA DE TUCUMÁN SOBRE LOS SUCESOS DE LAS ISLAS MALVINAS (24 DE ENERO DE 1833)
Buenos Aires, enero 24 de 1833
Año 24 de la Libertad y 18 de la Independencia
Al Señor Gobernador y Capitán General de la Provincia de Tucumán:
Si grande ha sido por el Gobierno de Buenos Aires el disgusto que ha tenido con la noticia de la violencia y abuso de la fuerza en las Malvinas, ejecutado por un buque de guerra de S. M. B. (Su Majestad Británica), en deshonor del Pabellón Argentino, en ofensa de la integridad del territorio de la República, y con agravio de sus derechos, de su justicia, y de la fe debida a las relaciones de amistad y buena inteligencia cultivadas sin interrupción con el Gabinete de San James (Londres), no es menos el que tiene al hacer partícipe de él al Señor Gobernador de Tucumán, poniendo en su conocimiento la nueva escandalosa agresión que ha cometido sobre las Islas Malvinas un Comandante de la Marina inglesa, más notable aún por las recíprocas relaciones y tratados de amistad y comercio entre ambos Estados, que la que en el año anterior cometió otro Comandante de marina de una Nación amiga, la de Estados Unidos de la América del Norte.
El 15 del corriente día fondearon en estas balizas exteriores la goleta de guerra Sarandí, de regreso del Puerto de San Luis de la Soledad en las Malvinas; en seguida su comandante don José María Pinedo ha dado parte de haber regresado antes de recibir órdenes por ello, a causa de que el 2 del corriente, habiéndose presentado en la Isla de la Soledad la corbeta de guerra de S. M. B. Clio, en circunstancias que por la insubordinación de unos pocos de la guarnición había desaparecido el jefe del establecimiento y trastornado allí el orden, a cuya reparación se ocupaba el comandante de mar cuando, al recibir a la Clio, dispuso que pasando a su bordo dos de sus oficiales, le hiciesen los correspondientes ofrecimientos de atención y amistad; y habiendo regresado éstos, diciéndole que Mr. Onslow, comandante de la corbeta de S. M. B., disponía a pasar a bordo de la goleta Sarandí, en efecto lo verificó como a las tres de la tarde del mismo día, acompañado de dos de sus oficiales, y entrando en conversación con el comandante de la Sarandí, manifestó a éste que venía a tomar posesión de las Islas Malvinas, y que en nombre de Su Majestad Británica y por órdenes terminantes le imponía arriar en ellas el pabellón argentino dentro de veinticuatro horas.
Añadió que debía embarcar la tropa y oficiales allí destacados, así como a los demás habitantes que quisieran retirarse, conduciéndolos a Buenos Aires. La sorpresa del comandante Pinedo ante aquel acto fue tan natural como inesperada la agresión que la motivaba, al considerar que semejante atentado fuese cometido por una nación amiga, que siempre había hecho alarde de fidelidad y moderación y no había perdido ocasión de manifestar sentimientos amistosos hacia la República Argentina.
Después de elevar las protestas correspondientes, señalando que ambos Estados se hallaban en perfecta amistad y que no podía acceder a una medida tan injusta sin órdenes expresas de su gobierno, el capitán Onslow se retiró confirmando por escrito la intimación.
Recibida dicha nota, el comandante Pinedo resolvió insistir con nuevas protestas y solicitar una demora hasta recibir instrucciones de Buenos Aires. No obtuvo respuesta favorable.
En la mañana del 3 de enero volvió personalmente a bordo de la corbeta Clio y protestó por última vez contra la violencia que se intentaba cometer. El comandante británico respondió que debía cumplir las órdenes recibidas, que contaba con fuerzas suficientes y que esperaba aún mayores refuerzos.
Pinedo declaró entonces responsable a Gran Bretaña por el insulto y la violación de los derechos de la República Argentina, dejando constancia de que no sería él quien arriaría el pabellón nacional.
Antes de retirarse ordenó expresamente que la bandera argentina permaneciera izada y dejó el mando del establecimiento al capataz don Juan Simón.
Sin embargo, a las nueve de la mañana del 3 de enero desembarcaron tropas de la corbeta inglesa, izaron la bandera británica y procedieron a arriar la argentina, que luego fue entregada por un oficial británico al comandante de la Sarandí.
Los hechos transmitidos por el comandante Pinedo constituyen, según expresa el Gobierno de Buenos Aires, uno de los agravios más notorios cometidos contra la República Argentina y contradicen las reiteradas manifestaciones de amistad provenientes del Gobierno Británico.
Por ello, el Gobierno de Buenos Aires informa al de Tucumán las gestiones ya iniciadas para reclamar una reparación digna, exigir el reconocimiento de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas y restablecer el ejercicio de la soberanía en aquel territorio.
Asimismo, manifiesta su firme resolución de sostener los derechos de la República Argentina y, si las reclamaciones diplomáticas no resultasen suficientes, apelar al juicio de la opinión pública internacional, en la confianza de que ésta no permanecerá indiferente ante semejante atropello cometido por una nación que aspira a figurar entre las más liberales y cultas de Europa.
Dios guarde al Señor Gobernador de Tucumán muchos años.
Juan Ramón Balcarce
Manuel Maza
Sección Administrativa – Volumen 41 – fs. 152-153v.
24 de enero de 1833 – Archivo Histórico de Tucumán (AHT).
Fuente: Resumen Económico, Radio Provincia.
