La medida, revelada inicialmente por investigaciones periodísticas, golpeó fuertemente a la opinión pública chilena que ve con estupor cómo decenas de transgresores de la integridad de niños, niñas y adolescentes ven acortadas sus sentencias. A través de las redes sociales y diversas manifestaciones de descontento, los ciudadanos expresaron su frustración ante lo que consideran un duro golpe a la justicia y a la protección de las víctimas, cuestionando duramente la coherencia institucional frente a delitos de máxima gravedad.
Por su parte, la Defensoría de la Niñez alzó la voz con severidad, advirtiendo que detrás de cada uno de estos decretos firmados hay historias de menores y familias vulneradas que apostaron por un sistema judicial que hoy sienten defraudado. Asimismo, la indignación rápidamente escaló al plano legislativo: parlamentarios de distintos sectores anunciaron una ofensiva transversal y la presentación de nuevos proyectos de ley de urgencia para cerrar definitivamente cualquier vacío legal o interpretación retroactiva que permita beneficiar a depredadores sexuales.
Mientras la presión social y política continúa en aumento exigiendo explicaciones claras sobre los mecanismos administrativos aplicados, el Gobierno se ha defendido argumentando que los procedimientos se ciñeron estrictamente a dictámenes y criterios de tribunales superiores. Sin embargo, para la ciudadanía chilena y las agrupaciones protectoras de la infancia, las explicaciones oficiales no alcanzan a calmar el clamor de justicia ni el profundo rechazo que provocó ver la puerta giratoria abierta para los peores criminales de la sociedad.
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