Acelerado por el dictamen a medida del fiscal Eduardo Taiano, el fallo sostiene insólitamente que los hechos denunciados “no constituyen delito”. De este modo, la Justicia federal decide mirar hacia otro lado frente a una maniobra que dejó a miles de ahorristas arruinados tras la viralización de un tuit presidencial.
Un tuit, una estafa y la burla a los damnificados
El raid delictivo que hoy queda formalmente blindado por los tribunales comenzó el 14 de febrero de 2025. Aquel día, desde su cuenta oficial de la red social X, el propio primer mandatario nacional difundió la criptomoneda $LIBRA junto al código exacto para que miles de ciudadanos incautos compraran el activo.
Como era previsible debido a la investidura presidencial, el valor del token se disparó de forma artificial en la red Solana en cuestión de minutos, para luego derrumbarse estrepitosamente de inmediato. El resultado fue el clásico y repudiable esquema de bombeo y caída (pump and dump), donde los promotores se enriquecen a costa del ahorro legítimo de ciudadanos de buena fe que confiaron en la palabra pública del jefe de Estado.
Pese a la contundencia de las pruebas digitales, los cruces documentados y la evidente utilización del poder político para inflar un activo financiero privado, los tribunales federales decidieron archivar las responsabilidades. El magistrado Martínez de Giorgi se escudó en el artículo 336 del Código Procesal Penal para decretar un manto de impunidad absoluto, que también beneficia a operadores y financistas de dudosa reputación como el estadounidense Hayden Davis y Mauricio Novelli.
Una justicia que protege al poder
Lo más grave de este fallo sin precedentes no es solo el carpetazo a una causa de estafa de ribetes internacionales, sino el mensaje aleccionador que la corporación judicial le entrega a la sociedad: quienes detentan el poder político y mediático parecen gozar de inmunidad absoluta para timbear con los recursos y la confianza pública de los argentinos.
Mientras los inversores damnificados continúan contabilizando sus pérdidas irreparables, los tribunales locales se apresuran a blindar a los funcionarios involucrados. La resolución se conoce, sugestivamente, en paralelo a maniobras de blindaje político y en sintonía con un sistema judicial que demuestra una agilidad pasmosa para absolver a los poderosos, pero una lentitud exasperante cuando se trata de investigar la corrupción institucional.
El sobreseimiento todavía no está firme y puede ser apelado por las querellas, pero el mensaje ya fue dado. En la Argentina de hoy, usar la máxima investidura del país para empujar a la gente hacia una estafa financiera masiva no es delito para la Justicia: es, lisa y llanamente, impunidad garantizada.
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