El Concejo Deliberante de Río Grande recibió este jueves a funcionarios del Ejecutivo municipal, integrantes del Tribunal de Cuentas y del Juzgado de Faltas para analizar el impacto que genera la millonaria deuda de coparticipación que la Provincia mantiene con la ciudad.
Finalizado el encuentro, el concejal Jonatan Bogado afirmó que la situación «es realmente grave desde el punto de vista institucional» y señaló que la deuda provincial continúa creciendo día tras día.
“Estamos hablando de más de 17 mil millones de pesos que se siguen acumulando semana a semana y mes a mes porque el Gobierno de la Provincia continúa sin remitir los fondos correspondientes a la ciudad de Río Grande”, expresó.
El edil enfatizó que los recursos reclamados no corresponden a fondos futuros ni a ingresos hipotéticos, sino a dinero que ya ingresó a las arcas provinciales a través de la coparticipación nacional.
“No estamos reclamando recursos que todavía no llegaron. Son fondos que la Provincia ya percibió y que el gobernador decidió destinar a otros gastos corrientes o compromisos políticos, incumpliendo la obligación legal de transferirlos a los municipios”, sostuvo.
«El gobernador está actuando contra los riograndenses».
Durante la entrevista, Bogado remarcó que la retención de recursos no afecta únicamente a la administración municipal, sino a todos los vecinos de Río Grande.
“Lo que está en juego es el funcionamiento de servicios esenciales. No estamos hablando de inversiones secundarias ni de compras extraordinarias. Estamos hablando de recursos necesarios para garantizar cuestiones básicas como la potabilización del agua, la recolección de residuos y otros servicios fundamentales para la comunidad”, indicó.
En ese sentido, fue especialmente crítico con el Ejecutivo provincial.
“El gobernador está tomando una decisión deliberada que perjudica a los riograndenses, porque utiliza recursos que pertenecen a la ciudad para financiar gastos provinciales”, afirmó.
Un fallo judicial que respalda el reclamo
Consultado sobre los antecedentes legales del conflicto, Bogado recordó que existe un fallo judicial que establece parámetros claros respecto a los plazos para la transferencia de fondos coparticipables.
Según explicó, la Justicia había considerado razonable un atraso máximo de 22 días para la remisión de recursos. Sin embargo, actualmente la demora ronda los 45 días.
“Estamos hablando de un retraso que duplica los plazos que la propia Justicia estableció como razonables. Por eso entendemos que el cumplimiento debe ser inmediato”, manifestó.
Asimismo reveló que desde el Ejecutivo municipal ya se analiza avanzar por la vía judicial ante la persistencia de los incumplimientos.
“Los funcionarios municipales adelantaron que se está evaluando la presentación de acciones legales porque existe una responsabilidad institucional y administrativa de reclamar los fondos que pertenecen a los ciudadanos de Río Grande”, explicó.
Impacto sobre todos los poderes municipales
Uno de los aspectos centrales de la reunión fue analizar cómo la falta de recursos afecta a los distintos organismos municipales.
Bogado señaló que el problema no se limita al Ejecutivo, sino que alcanza también al Tribunal de Cuentas, al Concejo Deliberante y al Juzgado de Faltas.
“Todos coincidimos en la gravedad de la situación. La imposibilidad de contar con los recursos económicos necesarios dificulta el cumplimiento de las obligaciones de cada uno de los poderes del Estado municipal”, expresó.
Según explicó, la situación genera un efecto en cadena: los fondos que no llegan al Ejecutivo municipal tampoco pueden ser distribuidos en tiempo y forma a los organismos descentralizados.
“Hoy los recursos disponibles prácticamente se están destinando a sostener el pago de salarios. La falta de ingresos repercute directamente sobre todo el funcionamiento institucional de la ciudad”, puntualizó.
Reclamo político y advertencia a la Legislatura
El concejal recordó además que el Concejo Deliberante ya aprobó una declaración institucional reclamando la transferencia de los fondos y solicitando la intervención de la Legislatura provincial.
“Presentamos una declaración acompañando el reclamo del Municipio y notificando a la Legislatura sobre la gravedad de esta situación para que también analice lo que está sucediendo”, explicó.
A su juicio, el conflicto expone además las consecuencias de la derogación de la denominada Ley de Goteo Diario, mecanismo que garantizaba la transferencia automática de recursos a los municipios.
“Si continuara vigente un sistema de goteo automático de fondos, probablemente hoy no estaríamos atravesando este conflicto”, sostuvo.
Un presupuesto condicionado por la incertidumbre
Finalmente, Bogado advirtió que la deuda provincial genera serias dificultades para comenzar a debatir el Presupuesto Municipal 2027.
“Es muy complejo proyectar el próximo ejercicio cuando ni siquiera contamos con los recursos que nos deben desde hace varios meses”, señaló.
El edil consideró que la discusión presupuestaria requerirá de un fuerte esfuerzo técnico y político para determinar cuál será la situación financiera con la que Río Grande cerrará el año y afrontará el próximo período.
“Será un debate difícil porque la incertidumbre financiera que genera este atraso condiciona cualquier planificación seria para 2027”, concluyó.
La reunión dejó en evidencia la preocupación de los distintos organismos municipales por una deuda que ya supera los 17 mil millones de pesos y que, según advirtieron las autoridades locales, amenaza la prestación de servicios esenciales y el normal funcionamiento institucional de la ciudad.
Fuente: Buscando el equilibrio, Radio Provincia.
