En el mes de junio de 2021, la legislatura fueguina aprobó por unanimidad el proyecto de ley que prohíbe la salmonicultura en Tierra del Fuego; actividad que amenaza no solamente al medioambiente sino a la salud y la economía de la provincia. La ley, promovida por el legislador Pablo Villegas del Movimiento Popular Fueguino, puso a la Argentina en los ojos del mundo, y la posicionó como el primer país en tomar una decisión de tal magnitud en cuanto al cuidado del medioambiente. Dos proyectos, uno presentado por el ejecutivo y el otro impulsado por el legislador Agustín Coto, buscan modificar la ley y retroceder en el cuidado del planeta. La comunidad científica, ambientalistas y referentes locales están en alerta por lo que pueda suceder luego del receso legislativo.
La salmonicultura es la siembra y cosecha intensiva de salmónidos bajo condiciones controladas para fines comerciales. En este tipo de producción, se engorda a los salmones en “jaulas flotantes” ubicadas normalmente en bahías y fiordos a lo largo de las costas, una técnica que se originó en Noruega a finales de 1960. La cría intensiva de salmones en jaulas solamente es posible en un determinado tipo de ecosistema (frágil, prístino, de aguas frías y sumamente ricas en biodiversidad) lo cual generó en los últimos años una presión extrema en los lugares donde su desarrollo es posible. Entre las consecuencias de la salmonicultura se encuentran la mortandad masiva de salmones, la proliferación de algas nocivas, la introducción de especies exóticas, la alteración de los ecosistemas y la pérdida de fauna local, la generación de zonas “muertas” y el enmallamiento de mamíferos marinos. A lo largo de los años, las empresas salmoneras se han visto envueltas en numerosos escándalos relacionados a los escapes, mortandades y uso indebido de antibióticos. En la Argentina, el único lugar viable para este tipo de emprendimientos son las prístinas aguas que rodean a la isla de Tierra del Fuego. Estas aguas, además de concentrar el 50% de los bosques de macroalgas que existen en el país, son uno de los grandes sumideros de carbono del planeta y el hogar de una gran cantidad de fauna marina.
Una ley ejemplar en peligro
Hace exactamente cuatro años, la provincia de Tierra del Fuego había sido pionera en el mundo con la sanción de la Ley 1355, votada por unanimidad, que frenó a la industria salmonera antes de que se pueda instalar en el país.
En ese sentido, el antropólogo investigador del CONICET Ernesto Piana expresó que “la ley vigente es fruto de más de tres años la investigación de los legisladores se convocó a científicos, ONGs, productores, pescadores, comunidad en general, se averiguó en el extranjero. Hubo una investigación muy extensa y paralelamente, hubo un movimiento binacional, junto con Chile. Si en el ’78 casi entramos en guerra, el rechazo a las salmoneras y la protección de las aguas fueguinas nos encontró unidos.”
Piana comenta que “hace sólo 4 años esa ley fue votada por unanimidad de los legisladores representantes del pueblo fueguino. El ambiente no se modificó. Las tecnologías de explotación salmonera no cambiaron significativamente. La pregunta que entonces surge es ¿qué razones de peso hay como para modificarla? Cada uno puede suponerlas, porque no han sido presentadas”.
Y agrega: “Un punto fundamental a ser tenido en cuenta es el mensaje que, consciente o inconscientemente, reciben posibles emprendedores, sobre todo pequeños y locales: no hay seguridad legal. Cuidado al poner su plata y su esfuerzo porque le ´podemos cambiar las condiciones en 4 años. Sea la ley que sea. Hayan participado los legisladores que hayan participado. Incluso si fue antes fue aprobada por unanimidad, incluso por algunos legisladores que ahora la modifican. Y esto es particularmente sensible y problemático en un momento en el que en la Argentina cunde la desconfianza sobre las instituciones.”
Para Antonela Guevara, la primera abogada del pueblo Selk´nam de Tierra del Fuego y líder comunitaria local, uno de los principales problemas es que “la ley nunca fue reglamentada y ese debiera ser el paso legal siguiente, antes que tratar un nuevo proyecto”. Y agrega que “hay un lobby muy intenso planteando a la salmonicultura como la salvación cuando está probado que es una industria que destruye la naturaleza y además afecta a muchas otras industrias locales. Hay grupos interesados que instalan discursos confusos en los medios locales y quieren influir en la comisión”.
En la última reunión de comisión antes de las vacaciones de invierno, en la que Guevara no participó, lograron presentar por nota la impugnación del proceso por la falta de consulta. Por decisión mayoritaria los legisladores aceptaron el proceso de consulta y elevaron nota al Ejecutivo. Con esta acción lograron que ese día no tuvieran Dictamen y que quede pendiente hasta terminar el receso legislativo, que será el próximo 25 de julio.
El ejecutivo dice que en esta instancia no nos va a consultar porque limita el reclamo a los limites del territoriales de la propiedad comunitaria, pero que resulta recomendable en fases futuras se establezca un protocolo que garantice nuestra participación. Eso es ilegal, hoy es la instancia en la que se debe dar la consulta, no una vez instalados los grandes grupos económicos y multinacionales en nuestro mar, lagos y ríos. Además, desde las áreas técnicas como la Dirección de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente de la Provincia destacan que la ley vigente es ejemplar y que el paso que corresponde es reglamentarla dentro de ese marco”, agrega Guevara. “Los pueblos originarios de la isla grande de Tierra del fuego le dicen no a las salmoneras ni en mar ni en tierra, no queremos más especies exóticas en el territorio”, concluye Guevara.
Por su parte, Adrian Schiavini, científico del CONICET, profesor de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego e investigador de Wildlife Conservation Society sostiene que, “Esta propuesta para modificar la ley parece un nuevo intento de querer avanzar con un modelo productivo contaminante que ya dejó zonas muertas en Chile y que busca nuevos lugares para seguir produciendo salmones en nuestras aguas, un producto caro que no resuelve el hambre porque es para pocos y con poca generación de empleos”.
Schiavini agrega que “si bien manifiestan que no impactaría en el canal Beagle, las opciones que quedan sin ecosistemas frágiles y actualmente protegidos como la Isla de los Estados o la costa sobre el Atlántico que por su profundidad requeriría ir mar adentro, a altos costos. En ninguno de esos lugares se puede generar la escala que tiene Chile con unos 20.000 km de costas, fiordos, caletas y bahías. Eso hace sospechar que este es sólo un primer paso para comenzar actividades con inversiones y luego, mediando un proceso de sobre capitalización, ir por más, incluido el Beagle y los cuerpos de agua cerrados, lagos y lagunas, lo que implicaría un desastre ambiental mayor al del océano”. Al igual que Piana, Schiavini destaca que “la ley vigente es ejemplar, consultó a todos los actores y fue sancionada por unanimidad. Creemos que hay que defenderla y enfocarnos en los productos que ya tiene la isla, que no se pueden hacer en otros lugares y que se pueden producir con altos estándares de sustentabilidad, algo que los mercados siguen valorando”. En se sentido concluye que “cabe preguntarse si tiene sentido ponerse a producir un producto para competir con Chile, con escalas de producción que nos superaría en 100 a 1. ¿No sería más adecuado hacer cosas que otros no hacen? ¿No sería mejor que generemos productos que otros no producen? Por ejemplo, a partir de la producción en RAS, podríamos diferenciarnos entregando un producto con un impacto ambiental mucho menor, atender a mercados más exigentes.
Amenaza para la salud y la vida
Además de su efecto devastador sobre el planeta, la salmonicultura representa una amenaza para la economía de la provincia ya que la industria genera muy pocos puestos de trabajo y pone en riesgo industrias que generan mayor cantidad de empleos como el turismo o la pesca artesanal. Además, la industria representa una amenaza para la salud, ya que el 60% de las muestras de salmón tomadas de las góndolas de supermercados de Buenos Aires presentan niveles de toxicidad por encima de lo recomendado para el consumo humano. En ese sentido, reconocidas figuras de la gastronomía como el chef local Lino Adillón, Francis Mallmann y Mauro Colagreco, entre otros, se sumaron a la causa para defender la ley. En el marco de la celebración de los 4 años de la sanción de la ley, Adillón destacó que “entre los 4 años previos de estudio y consulta y los cuatro años que se cumplen de la ley sancionada, llevamos 8 años trabajando como sociedad para cuidar o que tenemos. Desde que se sancionó la ley la quieren bajar así que no es novedad. La industria salmonera es bienvenida en tierra, dentro de tanques con sistema de recirculación de agua, pero de ninguna manera en jaulas flotantes dentro del mar del Canal Beagle ni en la costa atlántica ni en los lagos o ríos. Ya se sabe que es nocivo y que destruye la fauna y la flora nativa y lo único que trae es muerte. El mundo nos mira con admiración y orgullo por la ley que hemos logrado y queremos que siga vigente para las generaciones futuras”.
