El monto indemnizatorio para trabajadores vinculados al ámbito petrolero de Santa Cruz, a partir de los retiros voluntarios ofrecidos por YPF en el marco de su plan de salida de cuencas maduras, varía en función de conceptos como la categoría y antigüedad.
De esa manera, los montos pueden oscilar entre cifras que resultan más importantes conforme crece la cantidad de años de servicios, si bien en cada caso hay una evaluación en función de la edad y perspectivas de reinserción laboral futura.
Con un horizonte complejo por delante, los trabajadores de empresas vinculadas a YPF, o de la misma operadora, deben optar entre acatar los montos indemnizatorios ofrecidos hasta el 31 de enero, con un 120% de indemnización como incentivo para acatar el retiro; o apostar a permanecer en una industria que seguirá funcionando, pero con una menor cantidad de espacios que hasta diciembre último.
En ese marco, con los 400 retiros aceptados hasta el momento, tal como informó ADNSUR días atrás, la expectativa de las compañías que se quedarán con las áreas es que esa reducción alcance a un total del orden de los 2.500 operarios.
Con esa meta, la compañía ha puesto en marcha el programa de retiros voluntarios que ofrece montos que oscilan, según pudo saber esta agencia, entre los 85 y 90 millones de pesos, para un trabajador con antigüedad promedio de 10 años, elevándose al doble, es decir a los 170 millones de pesos, en un promedio de 20 años.
En cada situación particular, la evaluación entre el monto ofrecido y la decisión de retirarse conjuga varios factores, que van desde la edad del trabajador y la perspectiva de años laborales por delante, hasta la posibilidad (o no) de reinsertarse en una industria que no sólo tendrá menos demanda laboral, sino que deja un costo en desgaste físico, con lesiones y dolencias que dificultan sortear un examen de aptitud médica para un reingreso laboral.
Por otra parte, quienes reúen la edad y años de servicios suficientes (más de 50 años cumplidos y 25 de aportes con tareas específicas en el campo) pueden acogerse al beneficio de la jubilación, que conlleva el pago inicial de 13 sueldos, pero que en muhos casos implica una decisión difícil ante la inevitable disminución en los haberes que conlleva el régimen pasivo.
CUESTIONAMIENTOS A LAS INDEMNIZACIONES
La abogada Romina Quiroga, integrante de un estudio jurídico que comenzó a brindar asesoramiento a trabajadores del sector, cuestionó este martes los alcances del acuerdo de retiro voluntario ofrecido, al asegurar que «están por debajo de lo que corresponde”.
La letrada, que integra un estudio jurídico que asesora a un grupo que hasta ahora sumó 300 trabajadores, según afirmó, indicó que los montos ofrecidos no coinciden con lo establecido por la ley, al referir a verificaciones que hicieron desde su despacho y estudios contables.
“En un caso ofrecían 130 millones, pero lo que correspondía era de 210 ó 215 millones de pesos -advirtió-. Pasa lo mismo con muchos trabajadores, porque la mayoría tiene entre 15 y 24 años de antigüedad y las diferencias que encontramos son de entre 40 y 50%”.
En ese marco, afirmó: “Nosotros no decimos a los trabajadores qué es lo que tienen que hacer, porque es una decisión muy personal, porque todo eso puede tener consecuencias. Un trabajador se retira hoy, pero puede ser que mañana la empresa siga trabajando y no pueda volver a ingresar por no pasar un apto médico. O puede ser que el trabajador rechace el retiro, pero después lo despidan alegando alguna causa como fuerza mayor o disminución de trabajo y cobre solamente el 50% de lo que le corresponde. Entonces toda decisión, ya sea firmar un retiro voluntario o quedarse y esperar un telegrama, implica un riesgo, por eso no saben qué hacer”.
Con información de ADN Sur
